El viernes 15 de diciembre se realizó la sesión de cierre del año legislativo de la Asamblea Nacional. En el discurso de ocasión, el presidente de este órgano de poder orteguista habló de los nicaragüenses que han sido desterrados y despojados de su nacionalidad y aseguró que en otros países los hubieran fusilado.
Es cierto eso. En Cuba más de 5,700 presos políticos han sido fusilados por la revolución comunista que se impuso en enero de 1959 para arruinarlo económicamente, envenenar a los cubanos con el odio entre ellos mismos y derramar la sangre de hermanos.
En Cuba no se ha fusilado a ningún preso político desde 2003, pero la pena de muerte por fusilamiento es mantenida en el sistema penal cubano y Raúl Castro ha asegurado que se podría volver a aplicar cuando la “dirigencia revolucionaria” lo estime necesario.
Ahora bien, no solo en países totalitarios, comunistas y revolucionarios, se ha fusilado a presos políticos. También lo han hecho algunas dictaduras de derecha, como la franquista en España y la militarista de Augusto Pinochet en Chile después de que derrocó al gobierno socialista de Salvador Allende en 1973.
Lo que es falso de lo que dijo el líder parlamentario del régimen en su discurso del 15 de diciembre es que en países democráticos también hubieran fusilado a los nicaragüenses que fueron condenados absurdamente por “traición a la patria”, despojados de su nacionalidad, enviados al extranjero y obligados a vivir fuera de su propio país como refugiados, exiliados o apátridas.
En ningún país democrático se condena como “traidores a la patria” a quienes piden un cambio de gobierno por medios pacíficos e institucionales previstos en la Constitución. O por participar en manifestaciones callejeras pacíficas o apoyarla. O que han querido ejercer su derecho humano y constitucional de postularse como candidatos presidenciales.
Eso solo ocurre en países donde imperan siniestras dictaduras, como Cuba, y Corea del Norte, o en Estados autocráticos como Rusia, China e Irán.
En Nicaragua la Revolución Sandinista abolió la pena de muerte en agosto de 1979. Esta fue establecida en 1837 y estuvo vigente hasta la época del somocismo, aunque en los últimos tiempos de ese régimen ya no se aplicaba. Sin embargo, la dictadura somocista fue acusada de aplicar la pena de muerte solapadamente, y lo mismo se ha dicho después del sandinismo.
La pena de muerte es un anacronismo en nuestra época y no solo aplicarla sino también amenazar con ella. Desde hace bastante tiempo hay una campaña permanente de Amnistía Internacional, el Vaticano y las Naciones Unidas para abolirla como ley y de hecho. Más de 160 países la han suprimido ya de sus legislaciones y otros la han dejado sin aplicación.
No obstante la pena de muerte se sigue aplicando de hecho en diversos países, o se amenaza con aplicarla y no contra criminales extremos sino contra enemigos políticos y disidentes. Así es la dialéctica de la historia, mientras unos países avanzan otros retroceden.
