La periodista nicaragüense Josselin Nazareth Montes González, originaria de Chinandega —quien se encuentra desde el 18 de abril pasado bajo custodia en el Centro de Transición de Broward, en Pompano Beach, Florida— enfrentará este 12 de diciembre la última audiencia donde el juez decidirá si será deportada o no de Estados Unidos a Nicaragua.
En medio del temor a que el juez ordene la deportación de Montes, después que le negó el derecho a fianza en junio pasado, familiares, amigos y conocidos han iniciado una campaña en redes sociales donde llaman a la no deportación, ante el inminente riesgo que corre en Nicaragua, bajo la dictadura de Daniel Ortega.
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Fanny González Argüello, madre de Montes, a través de un video se dirigió a las autoridades norteamericanas: “Les estoy suplicando, pidiendo de corazón que revisen la situación de mi hija, porque si mi hija regresa a Nicaragua lo que le esperaría sería la cárcel, serían violaciones, incluso podría esperar hasta la muerte, yo como madre les suplico, les imploro que le ayuden a mi hija, que tengan piedad de ella porque yo como madre no podría resistir que a mi hija le hicieran algún daño”.
González Argüello destacó que este 12 de diciembre, cuando su hija se presente ante el juez, estará cumpliendo años.
Plantón frente a la oficina de congresista
Pablo Cuevas, director de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos-USA, dijo a LA PRENSA que el pasado 5 de julio el juez dispuso establecer nueva fecha de la audiencia final a la 1:00 p.m. hora de Miami.
“Dio más tiempo para mejorar o fortalecer las pruebas, conseguimos algunos testimonios de líderes de las protestas y se los suministré a los abogados para que los presenten al juez. Han habido un par de reprogramaciones en los últimos meses, ya esta es la última, entiendo que ya no hay reprogramación”, mencionó.
Cuevas indicó que como defensor de derechos humanos “tenemos la fe, esperanza y confianza que se va a dimensionar la situación de Montes y el juez va a resolver favorable a ella”.
Enseguida afirmó que está programado para este 12 de diciembre a las 9:00 a.m. un plantón frente a la oficina de la congresista María Elvira Salazar, donde estará la Defensoría, amigos y conocidos de Josselin Montes.
“Queremos entregarle un documento procurando que ella haga una diligencia, no estamos hablando de tráfico de influencias, sino que se visibilice la realidad de la periodista, queremos demostrar que ella corre el riesgo de vulneración de sus derechos humanos en Nicaragua, queremos que nos ayude a visibilizar la situación de Montes. Pretendemos que el juez esté claro del riesgo que corre la periodista y el fiscal, que normalmente aquí tratan de desvirtuar los argumentos de la persona sometida, para que se le niegue el asilo”, indicó.
Cuevas subrayó que Montes “está angustiada, cansada de estar bajo custodia y pide que todo esto cese porque ella no es una delincuente, que ella está buscando asilo por el riesgo que corre en Nicaragua”.
Hostigamiento la llevó a migrar
Día y noche la casa de Montes era asediada por los sandinistas, lo que la llevó a salir de su municipio y cambiar de ubicación en estos últimos cinco años. Pero, al no resistir más esta situación, que implicaba no poder trabajar ni exponerse en público, decidió emigrar este año a Estados Unidos, y como miles de ciudadanos, entró de manera irregular por la frontera de México.
Sin embargo, contó que su caso tomó un proceso distinto al de la mayoría, porque ella había tenido una visa de turista en el pasado, que fue cancelada en 2016.
Montes dijo a este Diario que tras pasar por su primera audiencia con los agentes de Migración, le explicaron que no podía quedarse en Estados Unidos. Aunque la dejaron fuera del sistema de detención migratoria, la soltaron con un grillete en el tobillo derecho, para monitorear su ubicación y con la advertencia de deportación.
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Montes tenía visa de turista antes de 2018. En 2016, ella viajó a Estados Unidos por dos meses para conocer el país, pero cuando iba a tomar su vuelo para regresar a Nicaragua, su visa fue cancelada sin mayores explicaciones.
Ella asegura que no se pasó del período de seis meses que podía estar en Estados Unidos como turista y además el documento tenía una vigencia de 10 años. El período de su visa se hubiese vencido el próximo año (2024). “Me hicieron una cancelación de visa que yo no sabía que para ellos eso es una deportación”, dijo Montes.