Crece el temor entre los abogados defensores que han seguido de cerca el caso de la periodista nicaragüense Josselin Nazareth Montes González, originaria de Chinandega —quien actualmente se encuentra bajo custodia en el Centro de Transición de Broward, en Pompano Beach, Florida— debido a que hay posibilidades de que sea deportada de Estados Unidos a Nicaragua, donde sufriría persecución política.
Pablo Cuevas, director de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos-USA, dijo a LA PRENSA que el juez que lleva el caso de Montes negó el derecho a fianza para que «siga en libertad su proceso» de asilo o deportación. El próximo 5 de julio tiene la última audiencia «donde el juez va a decidir su destino».
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«Se había conseguido dinero prestado para la fianza, como garantía, pero el juez se negó a esa medida alterna, mandó que siguiera bajo custodia», aseveró Cuevas. Montes se encuentra retenida desde el 18 de abril, cuando asistió a una cita con los oficiales de Migración.
El defensor mencionó que actualmente en EE. UU. se está usando el tema de la migración como parte de las campañas electorales.
«Se está haciendo rápido el proceso, nosotros estamos recogiendo más pruebas sobre la situación de Josselin, ella ya va a tener una audiencia definitiva (…) aquí hay montones de caso como los de ella y Migración no interviene, pero en el caso de ella pues sí intervinieron. Las autoridades están duras en este tema, por el asunto electoral», aseguró Cuevas.
Protesta en apoyo a la periodista
El defensor de derechos humanos manifestó que este viernes a las 4:00 p.m. realizarán un plantón en apoyo a Montes en la Calle Ocho, en Miami ubicada 762 A SW 18th Ave y para que el juez reconsidere la situación de riesgo de la periodista en Nicaragua.
«Es un hecho (a lo mejor su deportación), pero no sabría decirte, porque es difícil, ha habido presión, va a haber un plantón en apoyo a Montes y solicitando a las autoridades le den un estatus temporal porque se teme que sea deportada y en Nicaragua sea sometida a torturas», precisó.

Cuevas también brindará su testimonio para aportar en el caso de Montes y de la misma manera están buscando la de ex presos políticos reconocidos, y dijo que como abogado defensor de derechos humanos de los nicaragüenses buscan demostrar al juez que si devuelven a Montes «habría vulneraciones graves a sus derechos, ella no está por temas económicos, sino para resguardarse porque si no salía al exilio caía presa y podría sufrir algún tipo de tortura».
Por ello sostuvo que «se está invocando la Convención contra la Tortura» porque debería «obligar al Gobierno de EE. UU. a protegerla, y cómo, pues dándole refugio. Apostamos que en la audiencia definitiva el juez mire que la necesidad de Montes es apremiante».
Hostigamiento la llevó a migrar
Día y noche la casa de Montes era asediada por los sandinistas, lo que la llevó a salir de su municipio y cambiar de ubicación en estos últimos cinco años. Pero, al no resistir más esta situación, que implicaba no poder trabajar ni exponerse en público, decidió emigrar este año a Estados Unidos, y como miles de ciudadanos, entró de manera irregular por la frontera de México.
Sin embargo, contó que su caso tomó un proceso distinto al de la mayoría, porque ella había tenido una visa de turista en el pasado, que fue cancelada en 2016.
Montes dijo a este Diario que tras pasar por su primera audiencia con los agentes de Migración, le explicaron que no podía quedarse en Estados Unidos. Aunque la dejaron fuera del sistema de detención migratoria, la soltaron con un grillete en su tobillo derecho, para monitorear su ubicación y con la advertencia de deportación.
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Montes tenía visa de turista antes de 2018. En 2016, ella viajó a Estados Unidos por dos meses para conocer el país, pero cuando iba a tomar su vuelo para regresar a Nicaragua, su visa fue cancelada sin mayores explicaciones.
Ella asegura que no se pasó del período de seis meses que podía estar en Estados Unidos como turista y además el documento tenía una vigencia de 10 años. El período de su visa se hubiese vencido el próximo año (2024). “Me hicieron una cancelación de visa que yo no sabía, que para ellos eso es una deportación”, dijo Montes.