Relatorías especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron su preocupación sobre la privación de la nacionalidad de diversos opositores nicaragüenses a través de una carta enviada al “Estado de Nicaragua”. A inicios de año el régimen de Daniel Ortega despojó de su nacionalidad a más 300 ciudadanos que consideró traidores a la patria.
“La comunicación permaneció confidencial durante unos 60 días, periodo en el que se esperaba respuesta del Gobierno de #Nicaragua; sin embargo, una vez más el Gobierno demostró su falta de voluntad para cumplir sus obligaciones internacionales en materia de DDHH”, publicó a través de la red social X el organismos de derechos humanos Race and Equality.
En la carta enviada a Nicaragua por los mandatos de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos expresa principal preocupación por la situación de los defensores Alexa Zamora, Gonzalo Carrión, Amaru Ruiz, Azahelea Solis, Haydee Castillo y Sofía Montenegro.
La mayoría de los desnacionalizados fueron los ciudadanos que integraron el grupo de los 222 presos políticos desterrados de Nicaragua el pasado 9 de febrero.
Solicitan al Estado de Nicaragua
La Relatoría especial solicitó al Estado de Nicaragua administrado por el gobierno sandinista, su cooperación en diversos asuntos. “Sírvase proporcionar información sobre cómo la revocación de la ciudadanía no es arbitraria y cómo la Ley 1055 cumple con las normas pertinentes del derecho internacional que regulan la privación de la ciudadanía y la apatridia”, indicó la carta.
Además solicitan al Estado que presente la base legal a las disposiciones internacipnales para cancelar la pensión jubilatoria de las personas despojadas de su nacionalidad, la confiscación de bienes e inmuebles. La ONU también sigue esperando los fundamentos legales para la anulación de títulos universitarios de abogados y botarios a personas despojadas de su nacionalidad.
“Sírvase por favor proporcionar información detallada sobre las medidas para impedir la revocación arbitraria de la ciudadanía, en particular las relativas a las y los defensores de los derechos humanos en el exilio, y las medidas para que la revocación de la ciudadanía no se utilice para intimidar o atacar a las defensoras y defensores de derechos humanos y socavar su labor legítima”, puntualizó.
La Relatoría especial también aprovechó la comunicación para instar al gobierno de qadopte medidas necesarias para la protección y las libertades de las personas mencionadas. Además, que se debe investigar procesar e imponer sanciones a las personas responsables de las violaciones que indicaron.
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“Deplorable” despojo de nacionalidad
Gonzalo Carrión, abogado y defensor de derechos humanos ddel Colectivo Nicaragua Nunca Más indicó a LA PRENSA que la figura de desnacionalización es un acto de arbitrariedad y violenta la Constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Hizo referencia al artículo 46 de la Constitución que reconoce contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el pacto de derechos civiles y políticos, el pacto de derechos sociales y culturales en la declaración americana y en la convención americana, el pacto de San José, que tienen una cantidad de derechos y garantías, y la declaración universal en su artículo 15 habla de ese derecho universal (nacionalidad) y que no puede ser arbitrariamente quitado, no se pierde.
“La nacionalidad no solo es un derecho constitucional en el caso nicaragüense, sino que es un derecho humano universal. Si no me equivoco lo vas a encontrar en el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El derecho a la nacionalidad y hay que distinguir en el caso concreto nicaragüense a los nacionales y los nacionalizados”, puntualizó el defensor de derechos humanos.