Las violaciones a las garantías fundamentales de los presos políticos persisten, entre ellas las detenciones arbitrarias a las que son sometidos, de acuerdo con investigaciones. Luego del destierro del grupo de los 222 privados de libertad, el régimen recrudeció la represión contra la Iglesia católica y sus feligreses.
En los últimos meses se han documentado violaciones al derecho a la defensa, juicios a distancia, visitas con el objeto de amedrentar a familiares de opositores, destierro forzado y detenciones masivas.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en marzo de 2023, un mes después del destierro masivo, documentó un posible nuevo patrón de capturas contra médicos. «Desde las protestas de 2018, el gremio médico ha sido víctima de la represión del régimen y varios de sus integrantes han sido detenidos/as arbitrariamente durante estos años, además de ser objeto de otras violaciones a sus DD. HH. como despidos injustificados, hostigamientos, amenazas y destierros de facto. Sin embargo, desde 2020 no se registraban capturas a médicos», registró.
Obstáculos al derecho a la defensa
En los últimos meses se sigue evidenciando la complicidad entre testigos afines al régimen de Daniel Ortega e integrantes de la Policía Nacional, junto con los fiscales y jueces que forman parte de los procesos judiciales de los privados de libertad. Esto ha sido una constante desde los primeros juicios contra opositores desde la crisis sociopolítica en abril de 2018.
Además, el Mecanismo también ha documentado que los presos políticos son forzados a permanecer esposados durante el desarrollo de las audiencias de juicio. En los últimos meses los presos políticos no han podido estar presente en sus procesos judiciales, solo son enlazados mediante videollamadas «desde los sistemas penitenciarios, lo que imposibilita la participación efectiva de la persona detenida y, por ende, la garantía de una defensa justa».
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El primer precedente que se dio a conocer fue del líder estudiantil Jasson Salazar. Movimientos estudiantiles y defensores de derechos humanos han aseverado que esto es una total violación a los derechos carcelarios y a las Reglas Nelson Mandela.
Silencio como represión psicológica
De los patrones más comunes que el régimen ha usado ha sido negar información sobre el paradero de los detenidos arbitrariamente, lo que provoca ansiedad y desasosiego en los seres queridos. «Las autoridades rechazan suministrar datos de manera deliberada, dejando en la incertidumbre a las familias», documentó el Mecanismo.
Luego de las redadas masivas de abril debido al contexto de Semana Santa y la conmemoración del quinto aniversario de insurrección cívica, los detenidos permanecieron en lo que se denominó «desaparición forzada» por ocultamiento de paradero, en algunos casos esta situación se extendió hasta meses. «Durante este periodo, los derechos de estas personas son vulnerados y su salud se resiente debido a la falta de acceso a alimentos y medicamentos, incluso en situaciones de enfermedades crónicas y entre la población de edad avanzada», indicó el Mecanismo en su informe de agosto.
La principal consecuencia es un ambiente totalmente de temor. Las familias se niegan a compartir la escasa información que reciben de sus seres querido. El Mecanismo ha expresado su preocupación con respecto a esta situación porque dificulta la tarea de registro y reconocimiento de las historias de los afectados.
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El trato hostil se extiende hacia los familiares en el momento de visita. En agosto de este año se reporta vigilancia excesiva que no permite libre comunicación, las autoridades constantemente fotografían el encuentro y los obligan a firmar documentos que condicionan dichas visitas, «esto constituye un acto intimidatorio», aseveró el Mecanismo.
Datos de los presos políticos
Hasta el momento, el Mecanismo registra 91 presos políticos, 81 detenidos posterior al contexto de abril de 2018. Actualmente se desconoce la ubicación de una personas presa política. El 79 por ciento son hombres, lo que equivale a 64 hombres y el 20 por ciento mujeres, que corresponde a 17 presas políticas.
Otra de las acciones premeditadas y violatoria a los derechos de los presos políticos es alejarlos de sus hogares para afectar directamente su salud emocional al no estar cerca de sus familiares porque son encarcelados lejos.
«Es evidente que 69 personas se encuentran recluidas en el departamento de Managua, en centros penitenciarios como La Modelo y La Esperanza. Sin embargo, solamente el 39 por ciento de estas personas (26 personas) son originarias de Managua o vivían en esta zona, mientras que el 61 por ciento restante (43 personas) provienen de otros departamentos», aseveró el organismo.
La mayoría de las personas reconocidas como presos políticos se encuentran en reclusión diferenciada o en celdas que cumplen características de máxima seguridad.
