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“Ficha única de registro” que tienen que llenar los trabajadores del Estado y la militancia sandinista. LA PRENSA/Cortesía

Trabajadores públicos y militancia sandinista obligados a llenar una ficha “de registro”

El documento exige colocar varios datos personales y familiares. Si la persona tiene parientes fuera, debe llenar dónde y desde cuándo

La dictadura de Daniel Ortega está obligando a todos los trabajadores del Estado y a la militancia del partido en el poder, Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), a llenar una “ficha única de registro”, que exige consignar de forma detallada información familiar, historial partidario y político, entre esto afinidad política, experiencia electoral desde 1990, entre otros datos.

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La ficha de cinco pliegos solicita datos de contacto, ubicación laboral actual y experiencia laboral en orden cronológico, datos académicos y formación, entre otros.

Además exige los datos del núcleo familiar, hijos, hijas, hermanos y hermanas. Pregunta si estos viven en Nicaragua o si están fuera del país.

En el caso último se debe especificar en qué país están, el tiempo que llevan y si tienen residencia, además de su afinidad política y el número de celular.

Para los críticos, esto “refleja el control social que pretende ejercer la dictadura de Daniel Ortega, con la información exhaustiva que exige para monitorear la vida y relaciones de sus colaboradores, demostrando no confiar en nadie”, manifestó una fuente que solicitó no ser identificada por motivos de seguridad.

Cinco pliegos

Estos son los cinco pliegos de la “Ficha única de registro”:

Esto ocurre tras un contexto de despidos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que implicaron poner bajo investigación a los magistrados judiciales, entre ellos a la presidenta de ese poder del Estado, Alba Luz Ramos, una leal a la dictadura orteguista, que parecía intocable.

Actualmente, Ramos se mantiene apartada de su cargo y bajo vigilancia policial en su casa. Extraoficialmente se conoció que fueron despedidas secretarias, asistentes, personal del departamento de informática, abogados, jueces de todo el país. Se han calculado alrededor de 900 despidos.

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