En el desarrollo de este noveno Censo Nacional de Población y Vivienda, impulsado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde el pasado 30 de abril, a través del Banco Central de Nicaragua (BCN) y el Instituto Nacional de Información para el Desarrollo (Inide), los encuestadores también se están acercando a personas que viven en las calles, bajo condiciones de extrema pobreza, algunos con adicciones a ciertas sustancias y otros con discapacidades físicas o mentales.
Algunos de los más de 7,000 encuestadores, que circulan a nivel nacional, fueron fotografiados en Bluefields, Caribe Sur, según la publicación de medios oficialistas, entrevistando o acercándose a personas dormidas en aceras, parques o calles.
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El sociólogo y economista Óscar René Vargas, desde el exilio, apuntó que este Censo Nacional de Población y Vivienda, contrario a buscar entender las políticas públicas que se requieren para sectores vulnerables, incluyendo a las personas que están en situación de calle, ampliamente marginadas en Nicaragua, en realidad busca “tener una radiografía de lo que está pasando en el país para aplicar de forma más selectiva la política represiva”.
La defensora de derechos humanos Haydée Castillo, desnacionalizada por el orteguismo, también desde el exilio concuerda con Vargas asegurando que el régimen al mostrar que se acerca a los indigentes, personas altamente vulnerables por su condición de calle, adicciones o problemas físicos o mentales, en realidad busca seguir construyendo su narrativa «falsa, en la que publica imágenes para figureo, para mostrar que se les está tomando en cuenta», aunque no tengan interés en buscarle soluciones reales a los problemas que tienen esos ciudadanos.
«Al régimen no le interesan los indigentes, porque son personas desconectadas, que no les pueden ni dar el voto. En Nicaragua, a pesar de la millonada de dólares que la dictadura Ortega Murillo ha recibido (…), prácticamente todos estos recursos no se han visto en mejorar las condiciones de vida de toda la población y más bien se puede ver fácilmente la cantidad de indigentes en la calle, de personas con problemas psicoemocionales, con niveles altísimos de alcoholismo, personas huelepegas, o niños y niñas pidiendo dinero o limpian vidrios en los semáforos», apuntó Castillo.
Sin programas dirigidos a personas en indigencia
Vargas señaló que el problema fundamental es que en el país “no hay un programa social para los sectores más vulnerables, es decir, incluyendo personas con problemas mentales, que viven en la calle, en drogas, en alcohol. Esto (el censo) solamente se hace para tener contabilidad, no para hacer programas sociales”.
El especialista asegura que «los programas sociales se han reducido desde 2018 a la fecha. El crecimiento económico entre 2018 y 2023, como promedio en esos años, es del 1.84 por ciento, es el promedio anual, y esto significa o se traduce en que han recortado o estancado los programas sociales”.
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Apuntó que la mayoría de los programas sociales, que estaban dirigidos a este sector vulnerable de personas que viven en calle, ya sea por problemas mentales, económicos o de adicción, “provenían de organismos no gubernamentales cerrados por la dictadura, es decir, que las políticas sociales a este sector también ha sido la represión porque al cerrar los organismos no gubernamentales, que ofrecían ayuda a los sectores indigentes, también se les afectó”.
«La política social del régimen es nula en el sentido que elimina a los que ayudan a ese sector y, posteriormente, no crea ninguna alternativa para ese sector, esa ha sido la política del régimen en este caso, la represión indirecta con efectos directos, es decir, no es contra ellos a los que ha dirigido el ataque, pero indirectamente al cerrar las oenegés los afecta a ellos, entonces, es una manera, a mi criterio, de represión social hacia estos sectores indigentes», añadió.
Dictadura «no hace ni deja hacer»
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, desde finales de 2018 a la fecha, ha ordenado el cierre de más de 3,000 organizaciones sin fines de lucro, cercenando con ello miles de programas dedicados al apoyo de mujeres, niños, adolescentes, personas con discapacidad, con adicciones, acceso a educación, servicios, alimentos, salud, entre otros.
La defensora Castillo también asegura que en Nicaragua la atención a los sectores vulnerables, relacionada a niñez, personas en situación de calle, indigentes, históricamente «ha recaído fundamentalmente en las organizaciones no gubernamentales, tanto organizaciones de derechos humanos, que defienden derechos de niñez, juventud o iglesias».
Recordó que justamente, en los últimos años, el orteguismo se ha ensañado contra dichas organizaciones no gubernamentales, porque «no quieren que absolutamente nadie pueda brindar solidaridad y trabajar en pro de los derechos humanos de la gente. Lo triste es que no hacen ni dejan hacer, porque lo lógico sería que si las organizaciones no lo hacen pues el Estado debe hacerlo para no dejar desprotegido a ese sector tan vulnerable».
