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Un censo nacional debe tener credibilidad y ser confiable

Este martes 30 de abril comenzó el trabajo de campo del IX Censo de Población y Vivienda en Nicaragua.

El censo nacional anterior data de  2005, durante el gobierno democrático de don Enrique Bolaños. O sea que han pasado 19 años, a pesar de que la Organización de las Naciones Unidas recomienda por medio de su organismo especializado ONU Habitat, que se deben hacer cada diez años.

El censo, según su definición técnica,  “es la operación estadística que consiste en extraer un determinado número de datos demográficos, económicos o sociales a partir de la investigación de un grupo humano. En la operación se indaga a cada una de las unidades estadísticas que el grupo comprende. El resultado arroja la información cuantitativa y cualitativa requerida acerca de la estructura y las formas de vida de una comunidad”.

Los censos son indispensables para saber cuántos habitantes tiene el país, cuál es su distribución en el territorio nacional y su situación en los diversos aspectos socioeconómicos y culturales, que es esencial conocer con la mayor precisión posible para elaborar y ejecutar las políticas públicas de interés social más adecuadas.

Los censos son tan importantes y necesarios que según registra la historia universal ya se hacían en las antiguas civilizaciones china, egipcia, griega, romana y otras. Pero la misma historia  también enseña que no pocas veces los censos son manipulados para favorecer  espurios intereses económicos y sociopolíticos de determinados grupos e individuos dominantes.

Los censos, para ser auténticos y eficaces tienen que sustentarse en la credibilidad del gobierno y los funcionarios que los planifican y realizan, así como en la confianza de la gente en sus procedimientos y resultados. Lo cual se refiere tanto a la metodología como a la preparación del personal encuestador y  también al comportamiento político del régimen imperante durante el censo.  

En el caso del IX Censo Nacional que acaba de comenzar, LA PRENSA  informó que por lo menos en algunos lugares los censistas salieron a la calle en el primer día, haciendo sonar música partidista, lanzando consignas y ondeando banderas del FSLN que ejerce el poder en Nicaragua de manera sectaria y autoritaria.

Eso es imposible que ocurra en un país donde hay democracia, pero en Nicaragua es absolutamente comprensible. De manera que en el ambiente de cruda represión estatal que ha habido en los últimos seis años, ¿qué confianza puede haber en la elaboración de este censo y qué credibilidad podrán tener sus resultados si lo están haciendo como una actividad política del partido en el poder? ¿Podrá la gente tener confianza en que la información que den a los censistas no será usada con fines de control político y represión del Estado que es manejado por una familia como si fuese su patrimonio particular?

Cuando la vicepresidenta y vocera del régimen, doña Rosario Murillo de Ortega, anunció el martes 4 de julio del año pasado que en 2024 se realizaría este censo nacional, se pudo pensar y esperar que en los meses previos el régimen daría pasos para distender el clima político del país y reducir la polarización ideológica que es atizada desde el mismo gobierno. Esto con el fin razonable de dar a la gente la tranquilidad y confianza que requieren los censos para ser de calidad.

Pero no sucedió así. De manera que es realista suponer que los datos que den muchas personas para este censo no serán todos fidedignos, pero que además serán manipulados desde arriba por interés político y, por lo tanto, sus resultados no serán de interés nacional sino partidista. Qué lástima.

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