Las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales y queer (LGBTIQ+), durante el tercer trimestre de este año, fueron víctimas de violencia física, sexual, institucional y laboral, además de amenazas de muerte y discursos de odio, según el más reciente informe del Observatorio de Violaciones a Derechos Humanos de Personas LGBTIQ+ de Nicaragua, de la Asociación Feminista La Corriente.
El informe detalla que las personas sexualmente diversas sufrieron un total de 13 agresiones y una agresión sexual, que ocurrieron en septiembre (6), agosto (3) y julio (5). Las víctimas de dichas situaciones tienen edades de entre 20 y 24 años (1), 25 y 29 años (4), 30 y 34 años (4) y de 35 años a más (5).
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Las personas que denunciaron las agresiones y actos de discriminación se identificaban como: mujeres trans (5), homosexuales (5), lesbianas (2), hombres trans (1) y binarios (1).
La calle, el lugar más peligroso
Las situaciones de discriminación y violencia contra personas LGBTIQ+, según el informe del tercer trimestre de este año, ocurrieron en Managua (8), Chinandega (2), León (1), Nueva Segovia (1), Rivas (1) y Granada (1).
Algunos de los principales lugares donde las personas sexualmente diversas fueron agredidas o víctimas de discriminación son: calle (5), casa de habitación (3), centros de trabajo (3), bar (1), centro de salud (1) y universidad (1).
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Los perpetradores de este tipo de violencia, según el documento, fueron desconocidos (6), paramilitares (2), supervisor de empresa zona franca (2), vecinos (1), profesora (1), médico (1) y coordinador de colectivo (1).
Instituciones públicas también promueven la discriminación
El Observatorio resalta que este tipo de agresiones y actos de discriminación que se cometen de manera cotidiana contra las personas sexualmente diversas, “confirman no solo la relación directa que existe entre la homolesbotransfobia y la violencia, sino la ausencia de instituciones comprometidas con la protección de los derechos humanos”.
Además, lamentan que muchas veces las víctimas de estas agresiones y actos de discriminación “no cuentan con el apoyo de familiares, amistades o redes comunitarias para responder a las agresiones”.
“Los reportes nos dicen que en la mayoría de los casos son ellas —las víctimas— enfrentándose a los agresores que actúan con total impunidad, más aún, si están cercanos a las estructuras partidarias (del Frente Sandinista) que controlan a todas las instituciones”, denuncia.
Asimismo, el informe del Observatorio revela que “un dato de extrema gravedad es que las propias universidades públicas no solo discriminen a personas no binarias, sino que impongan la censura para evitar que se haga visible la gravedad de los hechos de violencia y discriminación que sufren los cuerpos disidentes, volviéndose cómplices activos de tales hechos”.
Las defensoras de derechos humanos, encargadas de la elaboración del informe, advierten que “las secuelas que deja la violencia deben ser tratadas para que las personas puedan recuperar en la medida de lo posible sus vidas, sin embargo, en Nicaragua no existen servicios públicos gratuitos que puedan garantizar la atención a las víctimas”.
