La violencia y discriminación contra las lesbianas, gays, bisexuales y transexuales marcaron el primer semestre de este año. El Observatorio de Violaciones a Derechos Humanos de las Personas LGBTIQ+ en Nicaragua, a través de su informe semestral, documentó 16 agresiones, dos crímenes de odio, un asesinato y un suicidio.
El documento detalla que en estos 20 casos identificaron 11 tipos de violencias, entre estas: violencia física, sexual, digital, institucional, política, psicológica, agresiones, discursos de odio, crímenes de odio, suicidio y robo con violencia.
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Un total de 13 de las víctimas se identificaban como mujeres trans y siete como homosexuales. La mayoría de estas eran originarias de Managua (8), Chinandega (3), Masaya (2), Nagarote (2), Bluefields (2), Carazo (1), Peñas Blancas (1) y Puerto Cabezas (1).
Los principales agresores, identificados en el informe, fueron: desconocidos (6), parejas (1), militar (1), usuario de las redes sociales (1), responsable de restaurante (1), vecino (1), padre (1), profesora(1), sacerdote(1), hermano (1), policía (1), familiar (1), enfermero (1) y mamá (1).
Mujeres trans, principales víctimas de crímenes de odio
Entre los crímenes de odio el Observatorio detalló el caso de Juana Mena Hernández, mujer trans que falleció el 7 de marzo de este año, de un trauma craneoencefálico severo, tras ser “golpeada brutalmente” por su pareja Sidar Murillo, de 34 años, capturado por la Policía en Masaya.
También, mencionaron el caso de la mujer trans Ariel José Mendoza Espinoza, conocida como la Mendoza, asesinada el 7 de abril pasado, luego de ocho días de haber sido reportada como desaparecida. El cuerpo de la ciudadana fue encontrado en un predio baldío, con signos de violencia, posible estrangulamiento y semiquemado.
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“Las agresiones en contra de lesbianas, homosexuales, bisexuales, personas trans y no binarias que hemos documentado durante el primer semestre del año, que como sabemos no son representativas de lo que ocurre cotidianamente, evidencian la relación directa entre el incremento de los discursos de odio, la impunidad y la comisión de actos de violencia, que cada vez presentan mayor saña, llegando hasta el transfemicidio”, señala el Observatorio.
Dichos actos de discriminación y violencia perpetrados en contra de la comunidad LGBTIQ+ son realizados tanto en espacios públicos e institucionales, como en el seno de las familias y, en este escenario, advierten los defensores de derechos humanos, las víctimas “no se atreven a interponer denuncia y cuando lo hacen, no tienen ninguna expectativa de obtener justicia”.
Algunos de los casos de discriminación y discursos de odio documentados por el Observatorio fueron sufridos por homosexuales y trans, que fueron expulsados de establecimientos comerciales y parques por darse un beso o tomarse la mano en público. Los agresores argumentaron a las víctimas que darse un gesto de ese tipo era «impropio en un lugar donde llegaban familias a distraerse».
Las personas agredidas, apunta el documento, no interpusieron formal denuncia tras sufrir dichos actos de discriminación por temor a que se les cuestionara su orientación sexual.
Violencia institucional
Los casos relacionados con violencia institucional, detalla el informe, estuvieron vinculados a agresiones verbales, ejecutadas por funcionarias del Ministerio de la Familia (Mifamilia), Ministerio de Educación (Mined), Ministerio de Salud (Minsa) y del Instituto Nacional Tecnológico (Inatec), que no respetaron la identidad de género de pacientes, obligándolos a usar sus nombres legales; cuestionaron a estudiantes que se presentaron a recibir sus diplomas con vestimenta «femenina», y obligaron a mujeres trans a usar los baños de hombres, donde no tenían ninguna intimidad, aduciendo que si usaban el de mujeres podrían «morbosear» a las otras ciudadanas que utilizan dichos sanitarios.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través del Ministerio de la Familia, lanzó en marzo pasado la cartilla «Diversidad digna, el derecho de elegir y el deber de respetar», que, según la ministra Johana Flores, tiene el objetivo de promover el respeto y reconocimiento de la integridad y derechos, sobre todo de participación de todos los espacios de las personas LGBTIQ+. Sin embargo, Mifamilia es una de las instituciones del Estado en que los funcionarios violentan los derechos de la comunidad sexualmente diversa.
El Observatorio resaltó que ven “con preocupación el aumento de discursos ultraconservadores que estigmatizan a lesbianas, homosexuales y personas trans, alimentando con ello actitudes de desprecio y exclusión hacia cuerpos disidentes”, señalando que dichos discursos de odio “vienen de las propias instituciones del Estado, y se contraponen abiertamente con los derechos constitucionales que prohíben toda forma de discriminación por razones de sexo y género”.
