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CONTENIDO EXCLUSIVO.Cuando parecía que la dictadura de Daniel Ortega no podía escalar a otros niveles de represión tras su objetivo del control absoluto, el régimen se vuelca contra los suyos, causando inseguridad y zozobra en un grupo que se suponía estaba seguro en el país.
A partir de 2021, las «listas» creadas por la dictadura aterrorizaban a críticos, opositores, miembros de la sociedad civil, periodistas, activistas y a cualquier nicaragüense que se opusiera a los desmanes dictatoriales de Ortega y su cogobernante Rosario Murillo. Hoy, la situación en el poder judicial —despidos desde la cúpula hasta empleados rasos, desalojos de oficinas, «visitas» policiales, etc.— tiene a cientos de trabajadores públicos preguntándose quién es el siguiente.
Ante la situación, analistas y críticos proyectan que ocurran más olas migratorias y de exilio.
Miedo e incertidumbre
El politólogo José Antonio Peraza aseguró que las purgas en el poder judicial solo pueden estar provocando más miedo e incertidumbre entre los seguidores del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), lo que los llevará por el camino que han tomado decenas de trabajadores del Estado y simpatizantes de Ortega, que han llegado a Estados Unidos u otros país, aunque hasta hace muy poco tiempo le juraban lealtad al dictador.
«Posiblemente todos estos funcionarios que están saliendo del poder judicial van a ir al exilio, porque deben de estar aterrorizados de que les pase lo que les pasó a los asistentes personales y colaboradores de Alba Luz Ramos hace más de un año, que fueron defenestrados y enviados a la cárcel», valoró Peraza.
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El poder judicial fue una institución clave en el montaje de criminalización contra los manifestantes y opositores políticos detenidos desde 2018. Los procesos judiciales eran expeditos y diligentes para condenar a los opositores, con sentencias de hasta más de 200 años de cárcel.
Funcionarios leales dentro de esta institución que sirvieron tanto a Ortega y a su esposa para mantenerlos en el poder ahora viven las consecuencias del monstruo que crearon y sostuvieron por años.
La misma presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, fue desalojada de su oficina y enviada a su casa, donde permanece rodeada de patrullas policiales. Lo mismo ocurrió con las magistradas Yadira Centeno González, Adda Vanegas Ramos, Martha Leiva Ayón, Martha Quezada Saldaña y otros magistrados, funcionarios en cargos de poder, abogados, secretarias, asistentes y empleados de sedes departamentales de todo el país.
Salir del país: la mejor opción
La disidente del partido FSLN y ex presa política desterrada, Dora María Téllez, manifestó que el ambiente de inseguridad jurídica, agravado ahora por los despidos en el sector público, seguirá reforzando la idea en los nicaragüenses de que la mejor opción es salir del país, y ya no solo para quienes no tienen mejores oportunidades por falta de acceso a la educación, sino también para las personas con calidades profesionales.
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Téllez reafirmó que con lo que está pasando en el poder judicial, el país entró a una etapa donde ya nadie puede sentirse seguro, a menos que sea del anillo más íntimo, casi familiar, de los Ortega Murillo.
«Esta barrida del poder judicial simplemente lo que muestra es que ellos no tienen confianza en nadie, excepto en la familia y el círculo más reducido de su grupo de poder, el más reducido, ya ni siquiera el poquito menos reducido. Por ejemplo, cualquiera podría apostar que Alba Luz Ramos era del círculo de poder o Yadira Centeno era del círculo de poder, pero no», manifestó la exguerrillera.
Los funcionarios defenestrados ahora están «en la zona de castigo», lo que demuestra «a todos los funcionarios públicos, orteguistas o no, sandinistas o no, es de que nadie tiene una seguridad: si sos incondicional te vas; si no sos incondicional también te vas; si no sos incondicional te maltratan; si sos incondicional también te maltratan. No hay seguridad», dijo Téllez.
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Proyectan un país sin inversiones
El abogado y analista político, Eliseo Núñez Morales, valoró que las mayores consecuencias se verán a largo plazo, principalmente en el deterioro económico del país, por falta de inversión.
«Todo este tipo de cosas no tienen consecuencias inmediatas, tienen consecuencias en el tiempo. El enorme golpe que se está dando es a la seguridad jurídica. Cuando das un golpe a la seguridad jurídica, esto se termina reflejando en las inversiones, en los empleos y así sucesivamente, entonces el país se termina convirtiendo en un modelo en que no podés tener seguridad de que lo que vos tengás, tus propiedades y todo lo demás, vaya a perdurar en el tiempo, si te lo arrebatan y te lo quitan, y eso es de lo que tendría temor cualquier inversionista serio», manifestó Núñez.
Además, Núñez señaló que el país está bajo riesgo de caer en inversiones indeseables, de un tipo de personas que aprovechan las vulnerabilidades del país para establecer sus negocios al margen de la ley.
«También corrés el riesgo de que esto se termine convirtiendo en un modelo de gobierno que proteja la delincuencia internacional. Es particularmente desastroso y no es que no estuviera pasando antes, pero hoy ya se integra el modelo», agregó Núñez.
Los que para todos los críticos es inevitable es que estas fracturas irán debilitando poco a poco los cimientos de la dictadura y su caída —quizá más tarde que temprano– será inevitable, aunque nadie puede dar una proyección realista de cuándo ocurrirá esto.
