Un total de ocho nicaragüenses ingresaron a la lista de personas reconocidas como presas políticas entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre. 91 personas se encuentran detenidas en las celdas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
Esta cifra incluye a los presos políticos detenidos previo a la crisis sociopolítica de abril en 2018. Se registraron detenciones por supuesta persecución política, de estas personas, 15 fueron liberadas y nueve continúan detenidas de maner arbitraria, indicó el Mecanismo.
El informe del Mecanismo también aseveró que «se ha registrado un incremento en detenciones arbitrarias exprés, las cuales en su mayoría son ejecutadas por personas vestidas de civil y en camionetas blancas no identificadas como Policía Nacional. Negando a las familias información sobre su paradero».
En este período comprendido de dos meses se mantiene la celebración de juicios dentro de los penales y conectando a los presos políticos a través de videoconferencias. Seis de los integrantes de la lista de presos políticos fueron desterrados hacia Roma bajo la supuesta figura de excarcelamiento, estos eran sacerdotes detenidos por su compromiso con las libertades públicas y derechos humanos.
Sacerdotes, principales víctimas
Según el Mecanismo, de las 24 detenciones arbitrarias registradas en el período de investigación de su último informe, la mayoría de las personas detenidas son sacerdotes de la Iglesia católica y miembros del clero religioso,
«Estos incidentes ponen de manifiesto la persecución política que el Gobierno ha desencadenado contra la Iglesia. Las detenciones son generalmente llevadas a cabo por individuos vestidos de civil, quienes no siempre se identifican como agentes de Policía», aseveró.
De los 12 sacerdotes que fueron desterrados al Vaticano el pasado mes de octubre, se documentó que los seis que formaban parte de la lista de personas presas políticas estuvieron incomunicados durante varias semanas, sin contacto con sus familiares.
Lea además: 21 privados de libertad permanecen en anonimato por temor a represalias políticas
La represión hacia los familiares de las personas detenidas por razones políticas ha generado un «temor legítimo» que impide que compartan la poca información que les brindan las autoridades.
«Es de conocimiento que la Policía Nacional no solo arresta a personas, sino que también presiona y amenaza a los familiares para que no denuncien los hechos ante organismos de derechos humanos ni realicen publicaciones en redes sociales. Además, se continúan recibiendo denuncias de visitas de control por parte de la Policía a las viviendas de las familias con el propósito de hostigar y vigilar la vida de las personas», documentó el informe del Mecanismo.
Violaciones a los DD. HH.
Las personas presas políticas siguen siendo víctimas de graves vulneraciones a los derechos humanos por las detenciones arbitrarias. Se les niega el derecho de poder elegir a sus abogados, imponiéndoles defensores públicos; imposibilitando la participación efectiva en sus audiencias judiciales conectándolos mediante videollamadas.
«Las mujeres presas políticas que llevaron a cabo una huelga de hambre en demanda de mejoras en las condiciones carcelarias en el mes de agosto, se ha recibido información que algunas de ellas decidieron suspender la huelga para preservar su ya vulnerada salud», indicó el informe.
Lea también: Presa política involucrada en caso desestimado lleva 505 días detenida
Las presas políticas han sido trasladadas a celdas con condiciones más insalubres y con mayores condiciones de aislamiento de las que ya se encontraban.
