La ciudadana Martha Candelaria Rivas lleva detenida 505 días en el Sistema Penitenciario de Mujeres en Granada. Esta presa política se negó a testificar contra el expreso político desterrado Manuel Salvador García, sacerdote nicaragüense.
Martha Rivas fue condenada a cinco años de cárcel y es la única mujer presa política que no se encuentra en las celdas de la cárcel La Esperanza, donde permanecen aisladas el resto de mujeres privadas de su libertad por razones políticas.
La ciudadana se negó a continuar la mentira creada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para condenar al sacerdote Manuel Salvador García por los supuestos delitos de agresiones físicas y psicológicas. Además, oficialistas afirmaron que estos dos ciudadanos sostenían una relación «intima».
Del grupo de 38 presos políticos que permanecieron en las celdas luego que el régimen desterrara al grupo de 222 opositores, Martha Candelaria Rivas fue la única mujer que no fue «liberada». Ha sido descrita como una mujer de clase humilde y ama de casa.
Fue acusada por “el supuesto delito de falso testimonio en perjuicio de la administración de justicia del Estado de Nicaragua” en el Juzgado Segundo Local Penal de Granada.
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Denunciar a la dictadura ante el GHREN
El mecanismo internacional Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), habilitó un sitio en su página de internet para que las víctimas del régimen puedan interponer denuncia. Eso con el objetivo de documentar las agresiones a los derechos humanos, además que contribuye a la elaboración de memoria histórica de los hechos ocurridos desde abril 2018.
El régimen ha cometido crímenes de lesa humanidad contra el pueblo nicaragüense desde el inicio de la crisis sociopolítica. GHREN fue establecido por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2022, con un mandato de un año, pero este fue renovado por dos años más en abril de 2023.
«Establecer los hechos y las circunstancias relativas a las presuntas violaciones y abusos, reunir, consolidar, preservar y analizar información y pruebas y, de ser posible, identificar a las personas responsables, y hacer que esa información sea accesible y pueda utilizarse en las iniciativas actuales y futuras de rendición de cuentas”, afirma Naciones Unidas.
