El abogado Yader Morazán, experto en administración de justicia y también exfuncionario del poder judicial, denunció que la jueza que condenó al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, mantiene bajo su poder el expediente judicial de este sacerdote, aunque tras una sentencia firme, ese documento debió pasar al Archivo Fenecido, según el derecho procesal.
“No quieren que se les filtre la información, esa es una información muy delicada y no quieren que el expediente sea tocado por otras personas. Para mover un expediente de una oficina a otra se requiere de cierta logística, me parece que tienen temor de que un tercero toque el expediente”, manifestó Morazán.
El poder judicial de Nicaragua responde a los intereses de la dictadura de Ortega. Desde 2018, cientos de ciudadanos han sido detenidos y enjuiciados por participar en protestas o por manifestarse de forma crítica en contra del régimen, entre los que hay al menos 13 sacerdotes de la Iglesia católica.
El obispo Álvarez, uno de los más críticos contra la dictadura de Daniel Ortega, fue detenido por la Policía orteguista en agosto de 2022 y en febrero pasado fue condenado a 26 años de cárcel por la jueza Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, tras acusarlo de “menoscabo a la integridad nacional, propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación, obstrucción de las funciones, agravada desobediencia o desacato a la autoridad”.
Como todos los procesos judiciales contra los presos políticos, el caso contra monseñor Álvarez ha sido irregular, pero el abogado Morazán dice que en este caso aún más, porque ni siquiera hubo un proceso judicial y a sus abogados no les recibieron ningún oficio, ni siquiera el escrito reclamando por la ausencia del debido proceso.
Lo poco que se ha filtrado de las investigaciones fiscales es que el régimen utilizó como pruebas contra Álvarez, notas periodísticas de medios nacionales e internacionales, tuits desde la cuenta de la Diócesis de Matagalpa, videos publicados en las redes de la misma Diócesis y una entrevista que brindó a un medio de comunicación en 2019.
Sentencia firme
El abogado aseguró que el expediente judicial de monseñor Álvarez ha sido dado por terminado, lo que significa que se da por hecho que este caso no tendrá más actividad procesal ni por parte de la Fiscalía, ni por parte de la defensa, y que ya no cabe ni petición, ni ningún tipo de gestión, tramitación, que genere alguna actuación por parte del sistema de justicia, porque, en teoría, el caso tiene sentencia firme.
Los expedientes judiciales pueden estar en el archivo de trámite, cuando todavía tiene mucho movimiento y el caso está abierto.
También puede estar “suspendido” a la espera de alguna diligencia. “Generalmente los expedientes los suspenden cuando están en el juzgado de ejecución de sentencia y vigilancia penitenciaria, porque digamos que se le está dando seguimiento a una pena larga como en este caso de monseñor Rolando Álvarez, y es el lugar donde este expediente debería de estar, en manos de una jueza de ejecución y no en las manos de la juez sentenciadora que lo condenó”, explicó el abogado.
“La jueza que lo condenó se aferra al expediente, y no lo remite a la jueza de ejecución y vigilancia penitenciaria, que es a quien en teoría le corresponde dar seguimiento al sistema carcelario de monseñor, ni lo manda a ninguno de los archivos tal como se hace normalmente, pese haberlos dado de baja”, agregó.
El abogado también explicó que cuando hay sentencia firme y la causa está dada por terminada “lo que corresponde, como dice el manual del usario, es que el expediente sea enviado al Archivo Fenecido del Complejo Judicial de Managua, porque ya es caso cerrado, sin embargo, el expediente está en la gaveta de la jueza Tardencilla Rodríguez”.
Morazán dijo que el hecho de que la jueza no quiera que el expediente de monseñor Álvarez siga su trámite, confirma aún más “que es un proceso orientado”.
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El obispo Álvarez cumplió el pasado 19 de agosto un año de estar preso. Actualmente se encuentra en una celda de máxima seguridad en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo.
En febrero pasado monseñor se negó a ser desterrado por la dictadura, por eso fue condenado y trasladado a La Modelo. También fue despojado de su nacionalidad nicaragüense, junto a los más de 300 opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.