La Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (Ausjal) pidió apoyo a la comunidad internacional para frenar el avance autoritario del régimen de Daniel Ortega tras la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA) .
«La UCA —al igual que la Compañía de Jesús en ese país— es la víctima más reciente de un proceso sostenido de represión y sometimiento de las voces críticas y disidentes. Por lo tanto, el apoyo de la comunidad internacional debe centrarse en frenar los avances orteguistas que engullen cada vez más partes del alma y cuerpo del pueblo nicaragüense», recoge un informe elaborado por la organización que fue enviado al Papa con fecha del 21 de septiembre de 2023.
Luis Arriaga Valenzuela, S. J. rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de Mexico y presidente de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesus en América Latina, señaló en la introducción del reporte que «a lo largo de los últimos años, la deriva autoritaria del régimen encabezado por Daniel Ortega ha defraudado las esperanzas que alguna vez depositó el pueblo de Nicaragua en el Sandinismo».
«Los jesuitas que observamos con expectación el proceso revolucionario que se vivió hace poco más de cuarenta años en dicho país hoy enfrentamos un desafío mayor: cobrar conciencia de que un poder temporal arbitrario e injusto pretende vulnerar los derechos de un pueblo que ha luchado arduamente por ser libre. Esto es un llamado a la acción. No puede ser de otra forma para quienes asumimos que la búsqueda de un Bien Mayor es un compromiso con la misión de reconciliación y justicia que hemos asumido en esta Tierra», indicó.
Cinco años de crisis política
En el reporte, la organizaciòn educativa recordó que desde el 2018 vive «bajo un clima de descontento general en contra del gobierno orteguista. Por ello, ese año estalló una revuelta social encabezada principalmente por los jóvenes del país, especialmente entre los círculos universitarios de Managua y otras ciudades importantes. En el marco de ese estallido social, la UCA prestó refugio a manifestantes y personas críticas del régimen, que en su gran mayoría eran estudiantes. Muchos de ellos eran miembros de la UCA y de otras universidades nicaragüenses».
Indicó que «a lo largo de este siglo Nicaragua ha vivido un contexto político definido por una limitación creciente de las libertades públicas y la ruptura del orden constitucional que es propio a toda
sociedad democrática. Desde 2007, la nula alternancia en el gobierno central ha permitido que el actual Presidente haya sido reelegido en tres ocasiones. La permanencia de Daniel Ortega en el poder sólo ha sido posible mediante la represión de la disidencia y la alteración del marco jurídico que da sustento a la investidura presidencial».
Todo esto se ha traducido desde el 2018 «un entorno de falta de legalidad y respeto a los derechos humanos en el que se ha violado la autonomía de múltiples instituciones, así como la integridad de
innumerables personas, tanto nicaragüenses como extranjeras».
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Denunciaron que el Estado impide la libertad de circulación, así como el derecho a la reunión y asociación, entre otras múltiples violaciones a las libertades de los nicaragüenses.
La Ausjal recordó que en 1990 la UCA entregó a Daniel Ortega un doctorado honoris causa por reconocer su propia derrota en las elecciones generales que le dieron el triunfo a Violeta Chamorro, de la Unión Nacional Opositora, como Presidenta de la República. Este triunfo inauguró un periodo de tres sexenios en los que gobernaron partidos opositores al FSLN.
No obstante, «desde 2007, cuando inició la primera presidencia de Ortega en este siglo, Nicaragua ha vivido a la sombra de un sistema político cada vez más autoritario que no muestra intenciones de cambio o alternancia».
Denunció que desde el 2018 la UCA estuvo bajo ataque del régimen. » La ocupación y disolución de la UCA es la culminación de una continua campaña de hostigamiento contra esta universidad, que se mantenía como un espacio de oposición y refugio para los nicaragüenses disidentes. Como se señaló previamente, es importante mencionar que el gobierno ya había disuelto múltiples universidades, varias de ellas de tradición católica».
Demandas
La Ausjal reafirma las demandas de la Provincia Centroamericana, de la Curia General de la Compañía de Jesús y de los jesuitas en todo el mundo, que han pedido revertir y corregir «inmediatamente las drásticas, inesperadas e injustas medidas adoptadas por el órgano judicial nicaragüense y el Consejo Nacional de Universidades».
Tambén cesar «la que hasta ahora ha sido una actitud de creciente agresión gubernamental en contra de la universidad y sus integrantes», y «que se busque una solución racional en la que impere la verdad, la justicia, el diálogo y la defensa de la libertad de cátedra».
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La Asociación también hace un llamado «a todos los integrantes de la Iglesia católica y a las personas de buen corazón a sumarse en los esfuerzos contra el régimen de Ortega, que ya ha lastimado suficiente al pueblo de Nicaragua. Así como a la defensa de la misión jesuita en este país y de los hermanos en Cristo que, en este momento, se encuentran en busca de ser amparados en la búsqueda de un bien mayor».
Bastión de la lucha estudiantil
La UCA fue uno de los bastiones de la lucha estudiantil en el contexto de las protestas de 2018 contra el régimen de Ortega. Desde entonces se mantenía asediada por la policía y muchos de sus estudiantes tuvieron que exiliarse en otros países, para no ser encarcelados o desaparecidos.
«En Nicaragua se vive un contexto de falta de Estado de Derecho, en el cual no hay garantías para hacer valer la plena vigencia de los derechos humanos. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha incurrido en múltiples violaciones a estos derechos y ha cometido crímenes de lesa humanidad».
Enfatizaron que «el sistema político de Nicaragua se sume cada vez más en el autoritarismo, pues la pareja gobernante no parece tener intenciones de permitir la alternancia en el gobierno. En cambio, han actuado constantemente para borrar los contrapesos dentro del propio gobierno y de la sociedad civil. Las acciones emprendidas en contra de las organizaciones y de las personas que han alzado la voz a favor de la justicia, los derechos humanos y la democracia sólo se explican como un intento de perpetuar su régimen ad infinitum».
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Múltiples voces de la comunidad internacional se han pronunciado en contra de las acciones
del régimen orteguista, entre estas, el Secretario General de la ONU, la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Secretario de Estado de los Estados Unidos, diversas organizaciones de defensa de derechos humanos. También múltiples universidades y centros de estudio se han expresado en solidaridad hacia la UCA y comparten la condena de los hechos, como las universidades miembros de la red de Universidades Jesuitas en España (Unijes), la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y la Universidad de Costa Rica.
