En los últimos siete días, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha ejecutado una de las peores embestidas contra la Universidad Centroamericana (UCA). Inició con la congelamiento de las cuentas bancarias de la universidad y este miércoles la dictadura acusa al centro de estudios superiores de “terrorismo” y confisca sus instalaciones. La UCA ha anunciado que a partir de hoy suspende todas sus actividades.
La persecución en contra de la UCA comenzó en 2018 tras la participación de los estudiantes en las protestas en contra de la dictadura. Todas las acciones del régimen son consideradas represalias por tratarse de una universidad que promueve el pensamiento crítico en Nicaragua.
Estas son las claves para entender lo que ocurre.
El papel de la UCA en 2018
La represión contra la prestigiosa casa de estudios de vocación jesuita empezó el 12 de abril de 2018. Ese día, un grupo de jóvenes, en su mayoría estudiantes de la UCA, se autoconvocó frente a la universidad para protestar por la falta de respuesta gubernamental ante un incendio que consumía la Reserva Biológica Indio Maíz.
A la tragedia ambiental de Indio Maíz se sumó una fallida reforma a la seguridad social, que entre otras cosas mermaba las raquíticas pensiones de los jubilados. Ese día, la UCA se convirtió en uno de los puntos de referencia de las protestas de manifestantes opositores y sirvió de refugio cuando eran reprimidos por las fuerzas policiales y paramilitares orteguistas. En las manifestaciones en contra de la dictadura más de 300 protestantes fueron asesinados.
En los meses siguientes, cuando las fuerzas de choque de la dictadura impidieron las protestas callejeras, el campus de la UCA se convirtió en el último lugar seguro donde los jóvenes se pudieron expresar.
Amenazas y exilio de sus directivos
La represión y persecución en contra de la universidad jesuita no es algo nuevo. El rector de la UCA para 2018, el sacerdote jesuita, José Alberto Idiáquez, formó parte del Diálogo Nacional, como miembro de la sociedad civil, donde los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) sirvieron como mediadores entre el régimen y la oposición, para intentar encontrar una salida a la crisis, pero no se logró por “falta de consenso”. Su participación en el Diálogo y sus críticas a la represión estatal le costaron el exilio. En 2018, Idiáquez recibió amenazas de muerte. “Sí. Tengo claro que si me matan es el Gobierno el que habrá dado la orden o gente afín a ellos”, dijo en ese momento.
En una entrevista que ofreció al diario El País, Idiáquez aseguró que “El papa Francisco ha sido claro al decir que tenemos que ser sacerdotes con olor a ovejas”, y afirmó que como rector (en ese momento) de un universidad jesuita “es mi responsabilidad estar al frente con todos los estudiantes”.
En junio de 2022, la dictadura le negó al sacerdote regresar a Nicaragua, cuando se encontraba en México atendiendo problemas de salud. El padre fue forzado al exilio. Solo dos meses después, el 27 de septiembre de 2022, el régimen impidió que el vicerrector de la UCA, Jorge Huete, retornara al país y así se sumó a la lista de nicaragüenses desterrados de su patria. Él viajó a Argentina para participar en una actividad de la Academia de Ciencias de Nicaragua. Huete, biólogo molecular es considerado uno de los científicos más importantes de Nicaragua.
Recortes presupuestarios
En 2019, un año después del inicio de las manifestaciones en contra de la dictadura, la UCA fue “castigada” con un gran recorte presupuestario por parte del Consejo Nacional de Universidad (CNU) dominado por funcionarios orteguistas. La dictadura intentaba quitarles la subvención estatal que por ley les correspondía. En 2018, la universidad jesuita había recibido 251.8 millones de córdobas y en 2019 le fue asignado únicamente 184.5 millones de córdobas, un 26.7 menos respecto al año anterior. Esto perjudicó a más de 2,000 estudiantes que tenían beca. “Esto es un castigo por tener pensamiento crítico”, dijo Idiáquez en una entrevista a LA PRENSA en 2019. “Una universidad donde se piensa se vuelve peligrosa”, aseguró.
Los recortes presupuestarios la UCA continuaron en 2020, 2021 y 2022. En 2022, la UCA recibió únicamente un millón de córdobas, es de decir menos del 1 por ciento de lo asignado en 2018. A inicios de 2022 tras aprobar una reforma a la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, el régimen deja a la UCA fuera del CNU y le quita los fondos del 6% constitucional que recibía. Por décadas la universidad había recibido este presupuesto que destinad a otorgar becas a estudiantes de escasos recursos.
Confiscación
A inicios de agosto de este año, la dictadura a través del Ministerio de Gobernación (Migob) ordenó congelar las cuentas bancarias de la UCA y las de sus más altos directivos.
El 10 de agosto, la Procuraduría General de la República ordenó al Registro Público inmovilizar los bienes inmuebles de la universidad. Cuatro días después, la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (Dirac), controlada por la dictadura, ordenó revocar la renovación de la acreditación que ya había otorgado en abril pasado al Centro de Mediación de la UCA, según una resolución divulgada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en La Gaceta.
Este martes la dictadura de Ortega y Murillo ordenó a una jueza de Managua girar un oficio en el que se acusa a la UCA de “terrorismo” y a la vez ordenó incautar todos los bienes materiales y económicos del alma mater de la Compañía de Jesús. La universidad suspendió a partir de este miércoles todas sus actividades académicas y administrativas, “hasta que sea posible retomarlas de manera ordinaria”.
En febrero de 2022, el diputado orteguista Wilfredo Navarro acusó a la UCA de ser “un centro de terrorismo” y afirmó que no estaba al día con el Ministerio de Gobernación, un argumento que ha sido ocupado por la institución para cancelar las personerías jurídicas de universidades privadas en el país, que a la fecha ya suman 26 centros de estudios superiores confiscados. “La UCA es un centro de terrorismo, aún actual, es un centro de promoción de violencia y de desinformación, no está al día con el Ministerio de Gobernación, no tiene llenado sus requisitos, pero se le han dado cuatro veces prórroga”, fueron las declaraciones brindadas por el diputado orteguista.
Hoy la amenaza de la dictadura orteguista se cumplió.
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