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CONTENIDO EXCLUSIVO.Daniel Ortega ha convertido a Nicaragua en la principal plataforma para miles de migrantes originarios del Caribe, África y Asia que buscan llegar a Estados Unidos. A los cubanos les ha eliminado el requisito de visa para entrar al país y desde el aeropuerto opera toda una red de personas que transportan a los migrantes hasta la frontera con Honduras, según constató LA PRENSA esta semana.
Pero hasta hace unos años, el régimen de Ortega trataba con “mano dura” a los migrantes que querían cruzar por el territorio nacional para llegar a Estados Unidos, e incluso provocó una crisis migratoria en la región, persiguió a los migrantes que se infiltraran en el país y la Policía detuvo a una maestra que ayudó a una mujer haitiana a llegar a la frontera.
Nicaragua se había convertido en el “muro” que no dejaba pasar a los migrantes hacia Estados Unidos, pero tras el estallido de la crisis política en 2018 y el debilitamiento de las relaciones entre Ortega y la potencia del norte, el dictador transformó ese muro en un trampolín para los migrantes.
La semana pasada, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que entre enero y julio de este año, los migrantes cubanos y africanos “están eligiendo rutas aéreas para llegar a Centroamérica, evitando el Darién para continuar hacia el norte”.
“Solamente 4,100 personas migrantes de África han cruzado el Darién entre enero y julio de 2023, un descenso del 65 por ciento en comparación con el mismo período en 2022. En cambio, Honduras ha sido testigo de un aumento impactante del 553 por ciento en llegadas desde naciones africanas, alcanzando la cifra de 19,412 personas a través de esta frontera meridional”, detalló la OIM. También señaló que se identificó la presencia de 524 cubanos en el Darién en contraste con los 17,157 registrados como llegados por vía terrestre a Honduras.
LA PRENSA comprobó esta semana que hasta el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, de Managua, llegan vuelos provenientes de Cuba, Providenciales, Aruba, Haití y República Dominicana repletos de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos.
“También se tuvo información que los migrantes africanos utilizan la ruta Madrid-San Salvador-Managua para emprender su viaje al norte”, señaló este medio de comunicación. Todo esto bajo el amparo de las autoridades sandinistas que hace poco tiempo atrás no dejaban pasar a estos mismos migrantes y en su lugar los reprimían y los regresaban a otros países.
El analista político Eliseo Núñez advierte que “Ortega está convirtiendo la Migración en un arma geopolítica. Lo vimos con Bielorusia que antes de la guerra en Ucrania, estuvo poniendo migrantes que venían de oriente medio y los ocupó como arma política para perforar las fronteras europeas y crearle un problema a Polonia principalmente. Ortega es de esta escuela”.
La crisis de 2015
“Solo queremos seguir. Buscamos nuestros sueños”, se leía en el cartel que portaba una joven cubana con una pequeña bebé en brazos. Era enero de 2016. Tenía más de dos meses varada en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, junto a cientos de sus compatriotas porque el régimen de Daniel Ortega dio la orden de que no dejarlos pasar.
El 15 de noviembre de 2015, el régimen envió a un batallón del Ejército a la frontera de Peñas Blancas y antimotines de la Policía ya habían expulsado con gases lacrimógenos y balas de goma a un grupo de casi 2,000 migrantes cubanos, según denunciaron ellos mismos ante medios de comunicación, lo cual sería confirmado después por las autoridades sandinistas.
La intención de los cubanos era atravesar Nicaragua para llegar a Estados Unidos. En ese entonces, la ruta que tomaban empezaba con un vuelo desde la isla hasta Ecuador y luego seguían su travesía por tierra. De ahí, cruzaban la frontera hacia Colombia y continuaban su trayecto por Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México, hasta llegar a Estados Unidos.
Para aquellos días, LA PRENSA entrevistó a la entonces directora de la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica, Kathya Rodríguez, quien aseguró que con las autoridades de Nicaragua se venía trabajando sin problemas en el paso de los migrantes que venían de Suramérica con rumbo al norte.
Según Rodríguez, todo había empezado en el año 2012, cuando los países de la región se dieron cuenta que los migrantes estaban usando Centroamérica como corredor para llegar a Estados Unidos. Ese año, indicó Rodríguez, Costa Rica detectó a 50 migrantes irregulares ingresando desde Panamá.
El año siguiente fueron 2,500 y para el 2014 fueron 5,600. Para noviembre de 2015, cuando empezó la crisis migratoria en la frontera con Nicaragua, la cifra se acercaba a 13,000.
“Lo único que Nicaragua pedía era el pase de una manera legal y entonces nosotros lo hacíamos bajo la figura de la deportación”, explicó Rodríguez, quien aseguró que Nicaragua les daba una visa de tránsito por 80 dólares para que continuaran con su camino hacia Honduras.
Pero todo ese mecanismo que venía funcionando desde años atrás, cambió el 10 de noviembre de 2015. Ese día, las autoridades costarricenses desmantelaron una red de tráfico de personas, la cual dejó a un total de 1,917 cubanos a la deriva. El 15 de noviembre, esos cubanos entraron a Nicaragua de manera irregular y tras avanzar unos ocho kilómetros sobre la carretera, se encontraron con un cordón de antimotines que les bloquearon el paso y les lanzaron gases lacrimógenos. Entre los migrantes había mujeres embarazadas, niños y adultos mayores.
“La Policía nos puso un retén con uniformados agarrados de las manos, en varias filas y no nos dejaron pasar, y nos han agredido, nos han lanzado gases lacrimógenos, nos han golpeado con balas de goma, y nosotros no les estamos haciendo nada, solo queremos pasar por este país. Vamos de tránsito”, relató a LA PRENSA, Luisa María Jiménez, una de las migrantes reprimidas.
Por su parte, Rosario Murillo acusó a Costa Rica por “el ingreso forzoso de miles de migrantes irregulares de nacionalidad cubana. Denunciamos enfáticamente al gobierno de Costa Rica por violación de nuestra soberanía nacional, y por incumplimiento de sus obligaciones como Estado, que participa de los mecanismos internacionales donde se acuerda el respeto a las fronteras soberanas y a los derechos de quienes van de un país a otro”.
“El Gobierno de Nicaragua no tolera, ni tolerará, acciones que atenten y arriesguen nuestra seguridad soberana, tanto en lo que se refiere a la integridad de nuestro territorio como al respeto inquebrantable a nuestro ordenamiento jurídico”, insistió Murillo.
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Luego, el vocero del Ejército de Nicaragua, coronel Manuel Guevara, leyó un comunicado en el que informaba sobre la presencia de un batallón de infantería para reforzar la seguridad en la frontera sur. Según el parte, el destacamento militar participó en la retención y deportación de los cubanos.
El entonces canciller costarricense, Manuel González, rechazó las acusaciones de Murillo y criticó: “Mandar el Ejército de un país y tirarlo encima de una población migrante, en la situación en la que se encuentran hombres, mujeres y niños, esa es la manera en que ese país (Nicaragua) aborda este tema”.
Esta crisis tensó aún más las relaciones entre Nicaragua y Costa Rica, pues en esas fechas se conocería el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre la soberanía de la isla Portillos, además de que Nicaragua había denunciado que la construcción de una carretera en territorio costarricense estaba contaminando el río San Juan.
Persecución
Según registros de medios de comunicación, llegó a haber hasta 8,000 migrantes varados en la frontera sur de Nicaragua, pues detrás de los casi 2,000 que regresó la Policía y Ejército, venían miles de migrantes más que se aglomeraron en espera de una respuesta para seguir su camino.
El gobierno de Costa Rica no tuvo mayor opción que colocar casas de campaña para darle albergue a estos migrantes, así como atención médica y alimentación con ayuda de organizaciones de la sociedad civil, mientras presionaba en foros internacionales por encontrar una solución.
Esta crisis se extendió hasta 2016 y no pasó desapercibida ante la comunidad internacional e incluso el Papa Francisco se pronunció al respecto. “Mi pensamiento se dirige en este momento a los numerosos migrantes cubanos en dificultad en América Central, muchos de los cuales son víctimas de tráfico de seres humanos. Invito a los países de la región a redoblar con generosidad todos los esfuerzos necesarios para encontrar una solución rápida a este drama humanitario”, dijo el líder de la Iglesia Católica en esa ocasión.
El Sistema de Integración Centroamericana (SICA) se reunió para encontrar una solución a la crisis y tras varias semanas de pláticas, en enero de 2016 se decidió que los migrantes serían trasladados vía aérea desde Costa Rica, hacia Guatemala y posteriormente en bus hacia la frontera con México, donde ellos seguirían su camino hasta llegar a Estados Unidos. En febrero de 2016 salieron los primeros vuelos con los migrantes cubanos y concluyeron hasta mayo.
Pero la crisis migratoria generada por Ortega no terminó tras el acuerdo que encontraron los países miembros del SICA. Durante todo 2016, el régimen mantuvo una persecución en contra de los migrantes y las personas nicaragüenses que les ayudaran en su travesía.
En la carretera panamericana que va desde Peñas Blancas a Managua y hasta la frontera con Honduras, la Policía y el Ejército instalaron retenes para detectar a posibles migrantes irregulares. Revisaban en buses de transporte público y vehículos particulares, y de quien sospechaban le pedían su identificación para comprobar que no se tratara de un migrante.
Para aquellos días, como muchos migrantes todavía continuaban varados en la frontera sur, algunos lograron burlar los retenes y la vigilancia militar, y pudieron adentrarse en territorio nicaragüense.
En agosto de 2016 se conoció el caso de un grupo de ocho migrantes africanos que, para burlar los retenes militares, entraron al país por el río Sapoá y trataron de cruzar el Lago Cocibolca, sin embargo, se ahogaron en su intento.
En ese mismo mes, el día 13, fue detenida en Ocotal la profesora nicaragüense Nilamar Alemán, junto a una migrante de origen haitiano identificada como Naomi y su bebé Francisca. Las haitianas habían logrado burlar la vigilancia militar y entrar a Nicaragua de manera irregular, pero una noche, según contó la profesora Alemán a medios de comunicación, ella encontró a las mujeres en el baño del patio de su casa en San Juan del Sur buscando refugio.
La bebé Francisca estaba enferma así que Alemán albergó unos días a Naomi mientras su niña se mejoraba y posteriormente la acompañó hasta la frontera con Honduras para que continuara su viaje, pero fueron detectadas por la Policía.
La profesora Alemán estuvo 46 días detenida en las celdas de la Policía de Ocotal y fue presentada por el entonces subdirector de la Policía, Francisco Díaz, como una criminal. En primera instancia fue acusada de “tráfico de migrantes”, pero el 20 de septiembre el cargo que se le imputó fue por “tráfico imprudente de personas”.
La docente fue encontrada culpable y sentenciada a tres años de prisión, pero salió libre el 30 de septiembre después de que el juez aplicara una suspensión de pena. Defensores de derechos humanos catalogaron este caso como una “criminalización” de la solidaridad de los nicaragüenses con los migrantes.
¿Por qué había “mano dura”?
El analista político Eliseo Núñez explica que la mano dura que aplicaba Ortega a los migrantes que trataban de cruzar Nicaragua, era parte de una política “estable” que buscó el régimen con Estados Unidos.
“Estados Unidos no se metía con él ni con lo que estaba haciendo y él a cambio le daba servicios tanto en detener la migración, el narcotráfico y los temas que tienen que ver con terrorismo. De ahí la famosa frase del Ejército del muro de contención”, detalla Núñez.
“Ortega nunca ha sido autónomo ni independiente. La autodeterminación no la conoce aunque la diga a cada rato. Él tiene que tener un padrino y en su primera época, el trato fue con Estados Unidos”, indica el analista y explica que tras el estallido de la crisis política en 2018 y el deterioro de las relaciones entre ambos países, Ortega buscó la manera de perjudicar a Estados Unidos y encontró en la migración una manera de hacerlo.
Por otro lado, Núñez indica que detrás de todo esto también hay corrupción de por medio, sobre todo por el cobro de 150 dólares que las autoridades de migración hacen a los migrantes que entran de manera irregular por la frontera con Costa Rica.
Ese cobro habían empezado a hacerlo militares y agentes de Migración en 2018 para dejar pasar a los migrantes de manera irregular, pero rondaba entre los 50 y 80 dólares, según explicó en octubre del año pasado a la revista DOMINGO un abogado experto en temas de migración que prefirió no ser citado.
Esto sucedía así al menos hasta el 4 de agosto de 2020, cuando la Asamblea Nacional controlada por Ortega aprobó una reforma a la Ley 761, Ley General de Migración y Extranjería, en la cual se establece una multa de 150 dólares por “ingreso y salida por puesto fronterizo no habilitado”. Además, se cobran 10 dólares extra por una tarjeta de turismo que se le da a los migrantes.
Para Eliseo Núñez, esta es una acción de corrupción por parte del régimen de Ortega que ha encontrado en los migrantes, además de un arma política, una manera de obtener dinero. “Eso se reparte entre la mafia tanto de Migración como de la Policía y es otra manera de mantener al régimen a costa de prebendas que no son provenientes del presupuesto si no que son provenientes de la corrupción”, indica el analista.
