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CONTENIDO EXCLUSIVO.El orteguista Juan Victoriano Ruiz Urbina, de 42 años, fue premiado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo con el ascenso a «comisionado general» y jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como el Chipote, el principal centro de tortura del país. El hombre tuvo un avance exprés en la carrera policial gracias a su «obediencia» y «fidelidad» al orteguismo, que lo ascendió en detrimento a lo establecido en la Ley 872, de «Organización, funciones, carrera y régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional».
La dictadura hizo oficial el nombramiento de Juan Victoriano Ruiz Urbina como comisionado general y jefe de la Dirección de Auxilio Judicial el pasado 7 de septiembre, en la celebración al 44 aniversario de la constitución de la institución policial.
En el acuerdo presidencial 181-2023, divulgado el 11 de septiembre, el dictador Ortega además de confirmar el puesto de Ruiz Urbina, también ubicó como la segunda al mando de la jefatura de la Dirección de Auxilio judicial a la comisionada general Ester María Muñoz Castellano.
En el artículo 42 de la Ley 872, sobre jerarquía de grado y tiempo mínimo, se especifica que para llegar al cargo que actualmente tiene Ruiz Urbina, un funcionario que entre como policía de línea debería pasar unos 45 años dentro de la institución, partiendo que tendría que haber cumplido los primeros tres años de permanencia dentro de la institución, tres años en el grado de suboficial, cuatro años de suboficial mayor, cinco años de subinspector, cinco años de inspector, cinco años de teniente, cinco años de capitán, cinco años de subcomisionado, cinco años de comisionado, cinco años de comisionado mayor, hasta llegar a ser nombrado como comisionado general.
Sin embargo, para los policías de línea el requisito es haber aprobado el tercer año de secundaria. En el caso de que sea una persona con carrera universitaria, se entra directamente al grado de inspector.
Un sustituto de «cara buena»
Juan Victoriano Ruiz Urbina, al ser nombrado como comisionado general y nuevo jefe del Chipote, llegó a sustituir al comisionado general Luis Alberto Pérez Olivas, eterno jefe del Chipote y que fuentes policiales indican habría sido trasladado como jefe del Distrito III de Managua.
Pérez Olivas es uno de los funcionarios de la Policía Nacional que fue sancionado por el Gobierno de Estados Unidos en marzo de 2020, acusado por los graves abusos que se practican en el Chipote, vinculados a torturas, violaciones y abusos, mayormente sufridos por personas encarceladas por motivos políticos.
Fuentes policiales citadas por un reporte de Confidencial describieron que Ruiz Urbina se presenta siempre como «la cara buena» en la Dirección de Auxilio Judicial, justificando las decisiones que se tomaban en contra de los presos políticos como «órdenes de arriba», refiriéndose a los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.
«Héroe» por luchar contra la trata de personas
El comisionado general Juan Victoriano Ruiz Urbina, en junio de 2013, cuando era teniente de la Policía Nacional y jefe de la unidad de Investigación de Trata de Personas en Nicaragua, fue premiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, junto a Javier Antonio Morazán, exjefe de la Unidad Anticorrupción y contra el Crimen Organizado del Ministerio Público de Nicaragua, por sus “notables avances legales” en la lucha contra el tráfico de personas en Nicaragua.
El funcionario fue nombrado como uno de los héroes que a nivel global combatían el flagelo de la trata de personas en el “Informe sobre Tráfico de Personas 2012”, por haber logrado en la institución policial nicaragüense un récord de casos resueltos, con 67 personas condenadas por ese delito en Nicaragua.
Juan Victoriano Ruiz Urbina en ese entonces declaró que el “tráfico de personas es un problema global”, explicando que en Nicaragua en ese tiempo no existían “redes organizadas de tráfico de personas, sino que son individuos que tratan de sacar a determinadas personas del país hacia países de tránsito o destino”.
Ascenso exprés
En 2018, cuando la dictadura Ortega Murillo inició una brutal represión contra manifestantes que reclamaban inicialmente la derogación de reformas a la seguridad social, y después el respeto a los derechos humanos, la democracia y libertad de expresión en el país, Juan Victoriano Ruiz Urbina fue uno de los funcionarios de la institución policial que decidió apoyar las acciones represivas del orteguismo.
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Su lealtad a la dictadura Ortega-Murillo permitió a Ruiz Urbina pasar de forma exprés de subcomisionado —rango que tenía hasta 2019— a comisionado en septiembre de 2020 y en menos de dos años ascendió a comisionado mayor.
Es decir, que en menos de tres años alcanzó tres escalafones sin ni siquiera tener el tiempo mínimo estipulado, y en septiembre pasado fue ascendido a comisionado general, lo que significa que tampoco cumplió los años mínimos para ascender al escalafón superior.
Ruiz Urbina dejó de ser el segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial en abril pasado, cuando la Policía nombró a la comisionada Belking Jaoska Trujillo, exjefa de departamento de Homicidios de esa misma instancia.
Apoyo incondicional a la dictadura
Desde 2019, el comisionado general Juan Victoriano Ruiz Urbina comenzó a ser reconocido públicamente como uno de los funcionarios designados por el orteguismo para presentar y montar casos de personas encarceladas por motivos políticos.
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Ruiz Urbina fue el encargado, en noviembre de 2019, de presentar a lo que se conoció en ese entonces como «la banda de los aguadores», un grupo de 16 activistas a los que la Policía y la justicia orteguista acusó falsamente de portar armas de fuego, únicamente por llevar agua y víveres a madres de presos políticos, que tras anunciar una huelga de hambre en la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya, fueron encerradas por la Policía —sin acceso a ningún servicio básico— en el templo religioso.
El orteguista aseguró en ese entonces que habían capturado a «16 delincuentes terroristas, quienes se desplazaban en cuatro vehículos», «en los que se les ocupó 12 artefactos explosivos incendiarios, tres revólveres con 18 unidades de munición calibre 38, serie borrada, armas de fuego artesanales calibre 12 aptas para disparo, y tres automóviles tipo sedán».
