El foro sobre “Las sanciones internacionales como medio para provocar cambios en regímenes autoritarios” fue una conversación franca e informada sobre lo que son y sobre lo que no son las sanciones que impone Estados Unidos.
El economista y opositor desnaciolizado, Enrique Sáenz, quien fue uno de los panelistas del foro, señaló de manera directa que las sanciones no tienen el objetivo de quitar al dictador Daniel Ortega del poder, ni tampoco podrían hacerlo.
Sáenz señaló que existen los extremos de creer que las sanciones “no sirven para nada” o “que son para botar al régimen”, pero para él lo peor sería “cruzarse de brazos” y que no existieran sanciones, lo que sería ideal para la dictadura de Ortega, según él. Además señaló que es a los nicaragüenses a quienes les corresponde sacar a Ortega del poder.
Lo que finalmente Sáenz criticó es que las sanciones no han tenido una estrategia más efectiva para “rematar” a Ortega cuando han asestado un golpe a una de sus empresas. El economista y otros panelistas manifestaron que es un error no darle seguimiento al impacto de las sanciones, lo que le da la oportunidad a Ortega de recuperarse.
El foro realizado por el centro de investigación Expediente Abierto se llevó a cabo este jueves 28 de septiembre en San José, Costa Rica. El evento tuvo como base discutir el resultado de un estudio que analiza la efectividad de las sanciones de Estados Unidos, las cuales han sido aplicadas a funcionarios y familiares del dictador Daniel Ortega, mayormente a partir de 2018, en el contexto de la represión armada contra las protestas civiles, que dejaron más de 300 muertos, según informes de organismos internacionales de defensa de derechos humanos.
Restricciones de visa a más de 900 nicaragüenses
Julio Martínez, gerente de programa de Expediente Abierto y experto en administración pública para el desarrollo internacional, hizo una rápida cronología de la evolución de las sanciones desde la aplicación de la Ley Global Magnitsky —con la cual se sancionó al difunto presidente del poder electoral, Roberto Rivas Reyes, el primer funcionario orteguista sancionado en diciembre de 2017—, luego fue aprobada la Nica Act en 2018 y después la Ley Renacer en 2021.
Martínez detalló que en los últimos cinco años las sanciones de Estados Unidos han implicado restricciones de visa a más de 900 nicaragüenses. Dijo de manera particular que este nivel de restricción de visa es generalizado en el régimen de Ortega y “no se ha hecho en otro país”, según expertos.
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Además, el departamento de Estado de Estados Unidos ha impuesto bloqueo de activos a 46 personas y 11 entidades; se han tomado medidas contra los sectores de azúcar y oro, y se han tomado acciones diplomáticas coordinadas con otros actores internacionales.
Martínez manifestó que el estudio reconoce que hay “ciertos intereses dentro del país” que han limitado la efectividad de las sanciones, entre estos, la lucha contra el narcotráfico y también cuando se habla de migración entra en debate si utilizar un tipo de herramienta de sanciones financieras o no.
También hay inquietudes sobre la expulsión de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio (Cafta), porque una acción así nunca se ha hecho.
“Es realmente difícil expulsar a un país, tiene que ser unánime por todos los demás países y en verdad no se ha hecho antes. También hay ciertas inquietudes dentro de Washington, sobre si las obligaciones de Estados Unidos con la OMC (Organización Mundial de Comercio) pueden impedir que ellos tomen acciones frente a Nicaragua en el Cafta y claramente siempre está la duda de cómo afectaría esto a los trabajadores en el país”, expresó Martínez.
No se puede suspender a Nicaragua del Cafta
Por su parte, Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, también valoró que ha sido insuficiente el uso de las herramientas que tiene a su disposición Estados Unidos para sancionar, a través de los tratados como el Cafta y el Fondo Monetario Internacional (FMI), comenzando con la falta de rendición de cuentas.
“Si no hay rendimiento de cuentas hay penalización, multas. Si con la multa no responde, pasás a una revisión ya más amplia de consideraciones, de presiones coercitivas económicas sobre la violación al tratado. Cuarto, pasás entonces al tema de las tarifas. Y quinto, no hay suspensión, nunca se puede suspender un tratado internacional, la única forma de denunciarlo es si hay un artículo que lo denuncie y si el artículo no está, lo que tenés que hacer es renegociar. La gente de comercio exterior no quiero tocar esto, porque saben que es un avispero, pero sí necesitamos renegociar Cafta, no solamente por Nicaragua, porque a nivel regional ha significado la creación de oligopolios”, explicó Orozco.
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Incluso Orozco señaló que Nicaragua no está cumpliendo con los cuatro artículos de gobernanza del acuerdo con el FMI, entre estos la prohibición a la práctica de “cleptocracia”, que significa que los políticos se enriquecen secretamente fuera del Estado de derecho, mediante comisiones ilegales, sobornos y favores especiales a corporaciones.
“En Nicaragua, la cleptocracia es evidente a la luz del día”, afirmó Orozco.
Contexto internacional convulso
Por otra parte, el experto en relaciones internacional destacó que el contexto internacional convulso hace que los problemas de Nicaragua estén de últimos en la lista de prioridades.
“En los años ochenta, con la guerra Irán-Irak, se contaban 36 conflictos internacionales. Hoy en día 36 los contás solo en el continente africano. Además tenés la guerra en Ucrania, la amenaza china que es real, tenés una serie de conflictos que están ocurriendo, la capacidad del recurso humano en el Departamento de Estado es exageradamente pesada”, valoró.
Oposición tiene que hacer su parte
La abogada y opositora María Laura Alvarado, también participante del foro, habló de los retos de la oposición para acompañar las sanciones de acciones.
“No solo es pedir las sanciones, porque así no vamos a salir de la dictadura, porque ya se ha demostrado que las sanciones son solo una herramienta para poder obligar al régimen a generar un cambio, pero esas herramientas tienen que ir acompañadas por una política exterior, no solo de Estados Unidos o de la Unión Europea, sino también una política coordinada por parte de las organizaciones y liderazgos de la oposición”, manifestó Alvarado.