La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó una moción en la que condena las actuaciones de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de la democracia y la paz en Nicaragua.
La moción, aprobada por 45 diputados presentes en el Plenario del Legislativo, de los 57 que lo integran, también expresa su solidaridad con el pueblo de Nicaragua y las organizaciones de la sociedad civil que «luchan por recuperar la paz y buscar soluciones a la crisis social y de gobernabilidad que vive el país».
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Asimismo le instan «firmemente» al Gobierno de Nicaragua para que «utilice el diálogo y la concertación como única vía para la resolución de diferencias y conflictos, en un marco de paz, libertad y democracia».
El documento destaca que Costa Rica es un país de tradición firmemente democrática y promotor de la libertad de los derechos civiles y políticos.
El régimen ha incurrido sistemáticamente en graves violaciones
La moción además expone que «es evidente que el Gobierno de Nicaragua ha incurrido sistemáticamente en graves violaciones al orden constitucional y democrático, promoviendo acciones de persecución política, de decisiones judiciales arbitrarias, de inestabilidad institucional y social, de violación a los derechos constitucionales políticos y democráticos del pueblo de Nicaragua, que constituyen a su gobierno en una visible dictadura».
También denuncia la persecución constante del régimen hacia las organizaciones religiosas y la medida arbitraria de despojar de la nacionalidad nicaragüense a muchos ciudadanos que hoy se encuentran refugiados en distintos países bajo el terrible status de apátridas.
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A la vez hace mención de la cancelación de la personería jurídica y confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA) y del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), una escuela de negocios internacional que también opera en Costa Rica.
Nicaragua vive en crisis social, política, económica y de derechos humanos desde 2018, por la represión policial contra todo tipo de oposición, crítica o manifestación pública contra el régimen orteguista. Esto ha implicado encarcelación de opositores, entre estos estudiantes universitarios, aspirantes presidenciales, exdiplomáticos, periodistas, dueños de medios de comunicación, incluso sacerdotes y obispos, como el emblemático caso del obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez.
