Este jueves 28 de septiembre se cumplen cinco años desde que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de la Policía orteguista —su principal brazo represor— criminalizó las protestas sociales en Nicaragua. Medida con la que logró, además de la represión armada, desmovilizar a la población que desde abril de 2018 pedía el fin de la dictadura orteguista.
La Policía calificó de ilegales las marchas civiles y amenazó con procesar a quienes las convocaran. «La Policía Nacional responsabiliza a quienes han convocado y convocan a estas concentraciones y movilizaciones públicas ilegales, de las alteraciones al orden público, de las acciones ofensivas y delictivas y de las agresiones que irrespetan el derecho al trabajo, a la seguridad y a la vida de las familias nicaragüenses”, dijo el comunicado emitido el 28 de septiembre de 2018.
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El dictador de 77 años aún alega que las protestas eran lideradas por «terroristas» que querían dar un golpe de Estado en su contra, por lo que decidió imponer un estado policial en el país: nadie puede reunirse, protestar, opinar, exigir y mucho menos elegir.
Gonzalo Carrión, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, explicó que el contexto en el que se impone el estado policiaco solo reafirmó la práctica sistemática de represión que ya se venía haciendo en los meses anteriores contra las marchas civiles «donde cometieron la mayor parte de los crímenes de lesa humanidad toda la máquina represiva» de la dictadura.
Los nicaragüenses siguen en el desamparo
El secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh), Danny Ramírez-Ayérdiz, recordó que las protestas «eran la única vía que teníamos los nicaragüenses para expresar al régimen y al mundo todos los delitos de lesa humanidad que venían cometiendo desde la etapa más letal de la crisis, que finalizó el 23 de septiembre con el asesinato del adolescente Matt Romero, en el sector del mercado Iván Montenegro, en Managua».
«Esa terminación abrupta con la declaración de ilegalidad de las marchas lo que provocó en el pueblo nicaragüense fue una sensación profunda de desamparo, se impuso de una vez el carácter terrorista y el estado policial», dijo el defensor de derechos humanos.
La crisis social y política inició con una pequeña protesta en contra de una reforma del sistema de pensiones que fue atacada por simpatizantes gubernamentales y la situación escaló cuando Ortega y Murillo dieron la orden de reprimir las siguientes marchas y se produjeron los primeros muertos.
Según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las víctimas fatales fueron al menos 355, en su mayoría como resultado de las acciones de las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares afines al régimen.
Además cientos de personas fueron arrestadas y juzgadas, acusadas de terrorismo por su participación en las protestas.
Una violación a la Constitución
Ramírez señaló que esa medida viola los artículos 53 y 54 de la Constitución que reconocen el derecho de reunión pacífica sin permiso.
«Para este presente (dicha medida) lo que provoca es que los derechos humanos están abolidos en Nicaragua, no se puede hablar de derechos, no se puede protestar, no se puede denunciar. También hay que recordar que el Estado de Nicaragua declara prohibido un derecho humano inherente. El derecho de reunirse y movilizarse no puede ser prohibido dicen los tratados de derechos humanos», mencionó el defensor.
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Pese al estado policial y control que impera en el país, Ramírez considera que «el Estado está provocando una nueva olla de presión. Los nicaragüenses no toda la vida se van a quedar encerrados en sus casas aguantando los atropellos de este régimen», advirtió.
