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El rector del INCAE, Enrique Bolaños Abaunza. LA PRENSA/ ARCHIVO

El rector del Incae, Enrique Bolaños Abaunza. LA PRENSA/ ARCHIVO /Lissa Villagra

Incae se pronuncia sobre su confiscación y asegura que “ha sido fiel a su misión de contribuir en el desarrollo sostenible” de Nicaragua

Más de 4,000 profesionales se graduaron en el campus Francisco de Sola en Managua, según comunicado de Incae. Afirma que continuará su labor desde su sede en Costa Rica

El Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae) lamentó “con profunda tristeza” la cancelación de su personalidad jurídica y confiscación de su sede en Managua, decisión ordenada por la dictadura de Daniel Ortega este lunes, a través del Ministerio de Gobernación (Migob).

Lea además: Dictadura de Ortega cancela y confisca el Incae

“En el transcurso de todas estas décadas, Incae ha sido fiel a su misión de contribuir activamente en el desarrollo sostenible de Nicaragua y de la región”, manifestó el instituto en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Asimismo recordó que es una de las escuelas de negocios reconocida y clasificada como una de las mejores del mundo. Y más de cuatro mil profesionales se graduaron en el campus Francisco de Sola, en Managua.

Continuará en Costa Rica y en otros países de la región

Incae reafirmó en el comunicado que “es una escuela de negocios reconocida y clasificada internacionalmente entre las mejores del mundo, con operaciones en varios países de la región y continuará con su propósito de transformar vidas, para un mejor futuro de América Latina, desde su Campus en Costa Rica”.

A través del Acuerdo Ministerial 106-2023-OSFL del Ministerio de Gobernación (Migob), publicado en el diario oficial La Gaceta, el Migob acusó al Incae de “obstaculizar” sus funciones de “control y vigilancia”, “incumplir sus obligaciones”, “no promover políticas de la transparencia en la administración de los fondos, desconociendo la ejecución de sus proyectos y si fueron acorde a sus objetivos y fines, por los cuales se otorgó personalidad jurídica y registro”.

Por lo que canceló su personería jurídica y, como ya es habitual, ordenó a la Procuraduría General de la República encargarse del “traspaso” de los bienes muebles e inmuebles a nombre del Estado, es decir confiscarlos.

Las cancelaciones, allanamientos y confiscaciones de organizaciones no gubernamentales (ONG), asociaciones de la empresa privada, universidades y medios de comunicación se vienen dando desde 2018, cuando comenzó la crisis por la represión armada contra las protestas civiles. Desde entonces han sido canceladas más de 3,500 ONG.

Política Daniel Ortega Incae libre Nicaragua archivo

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