En estos últimos días, hemos sido testigos de una serie de atropellos dirigidos en contra de la Universidad Centroamericana (UCA), que técnicamente constituyen una flagrante comisión de delitos en contra de esta casa de estudios y su comunidad universitaria.
De conformidad con la ley, los tribunales pueden emitir resoluciones en forma de providencias, autos y sentencias. A través de las providencias, se ordenan actos de mero trámite, mientras que los autos abarcan resoluciones interlocutorias y otras situaciones, como la orden de practicar pruebas o citar a una audiencia; en cambio, la sentencia es la decisión —recurrible ante las instancias superiores— que emite un juez una vez finalizado el proceso penal, en la que se pronuncia sobre la culpabilidad o no de los acusados.
El régimen de Ortega Murillo ha superado su histórico patrón de criminalización y persecución política en un lapso de 48 horas convirtiendo un auto judicial en una sentencia condenatoria definitiva en contra de la UCA, sin haberse llevado a cabo un juicio previo y con garantías procesales. Peor aún, no se ha presentado acusación alguna, no hay personas acusadas, ni pruebas que sustenten la supuesta comisión de delitos por parte de esta institución educativa, y por lo tanto, tampoco hay una sentencia en la que se determine su responsabilidad penal.
Asimismo, a través de un auto se señalan algunos hechos que ellos califican de “terroristas y traición a la confianza del pueblo”, los cuales fueron “autoamnistiados” en el 2019 y ordena la «incautación» de bienes y activos de la UCA. La incautación, supone una medida precautelar o cautelar temporal, mientras se desarrolla una investigación o un proceso penal. Sin embargo, lo que se lleva a cabo es una «confiscación” que ha culminado con el apoderamiento ilegal de las instalaciones y bienes de esta institución educativa, así como la cancelación ilegal de su personalidad jurídica por parte del Migob, que fundamenta su decisión básicamente en una «sentencia inexistente».
Esta cadena de actuaciones aberrantes es un oscuro episodio de vulneración de los derechos de docentes, investigadores, trabajadores, estudiantes, directivos de la UCA y de la sociedad nicaragüense en general. Por ello es vital que, como sociedad, reflexionemos sobre el impacto de estas acciones de la dictadura y alcemos nuestra voz para defender el imperio de la verdad, la justicia y el respeto a la autonomía universitaria, a la libertad de cátedra y el derecho a una educación de calidad como pilares fundamentales de las instituciones educativas en el país.
Por ahora, nos han arrebatado a nuestra UCA “símbolo de resistencia y defensa de la verdad, la justicia y principios democráticos”.
¡Todos somos UCA y la verdad nos hará libres!
La autora fue docente y miembro directivo durante más de 20 años en la Universidad Centroamérica (UCA)
