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Las malas prácticas que Daniel Ortega ha ejecutado en Nicaragua con el propósito de mantenerse en el poder, han sido replicadas por otros mandatarios de la región que, a criterio de algunos analistas políticos, tienen el mismo afán del caudillo sandinistas para mantenerse en la silla presidencial.
El caso más reciente es el de Nicolás Maduro en Venezuela, quien despojó de manera ilegal de su pasaporte al opositor Freddy Superlano, quien es candidato a las elecciones primarias del próximo 22 de octubre, según denunció el partido Voluntad Popular (VP), al cual pertenece Superlano.
Esto ocurrió el pasado 25 de julio, cuando Superlano se dirigía a Colombia para asistir a una actividad en Bogotá, la capital de ese país. Voluntad Popular denunció a través de redes sociales que el argumento de las autoridades del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME, de Venezuela), fue que el pasaporte presentaba “ciertas inconsistencias”, lo cual fue descartado por el partido, asegurando que el documento es “absolutamente legal”.
El régimen de Maduro también ha impuesto restricciones de entrada y salida a otros opositores, como el caso de María Corina Machado, del partido Vente Venezuela, y la que lidera las encuestas previas a las primarias de octubre en ese país.

Con este caso, a criterio de algunos analistas políticos como Enrique Saénz y José Dávila, Nicolás Maduro está siguiendo el guion de Daniel Ortega en Nicaragua, quien desde hace algunos años ha prohibido la entrada y salida del país a opositores, periodistas, sacerdotes, familiares de presos políticos y demás personas que no estén de acuerdo con su dictadura. En muchos de estos casos, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) ha retenido los pasaportes de estas personas.
La ilegalización de partidos políticos, los ataques a la prensa independiente, la abolición de la prohibición de reelegirse indefinidamente, e incluso pelearse con Estados Unidos, han sido algunas de las malas mañas que los mandatarios de la región le han copiado a Daniel Ortega.
Enrique Sáenz dice que estos presidentes son “personas con pretensiones dictatoriales y con pretensiones de mantenerse en el poder”, mientras que José Dávila opina que “Nicaragua es como el punto más peligroso, es como el punto que da el mal ejemplo”.
Nada original
No es que Daniel Ortega se haya inventado todas estas mañas. Algunas las ha copiado también de otros países autoritarios, como el caso de la Ley de Agentes Extranjeros, la cual, a criterio de Sáenz, es una norma hecha a la medida de la que existe en Rusia, e incluso con el mismo nombre. “Por eso es que popularmente se le llamó la ley “hija de Putin”.

Con la Ley de Agentes Extranjeros, Ortega le ha dado facultades al Ministerio de Gobernación para cancelar las personerías jurídicas de miles de organizaciones no gubernamentales. “Los dictadores no tienen imaginación, así que se repiten unos a otros”, señala Sáenz y explica que entre los años treinta y cuarenta, Centroamérica pasó por un periodo más o menos similar al que está atravesando hoy.
Para entonces, en Honduras se encontraba el dictador Tiburcio Carias (1933-1949); en Guatemala, Jorge Ubico (1931-1944); en El Salvador, Maximiliano Hernández (1935 -1944); y en Nicaragua, Anastasio Somoza García (1937-1956). “Los cuatro de la misma estirpe. Los cuatro, producto de un golpe de Estado. Los cuatro parecían que utilizaban el mismo sastre”, señala Sáenz, quien considera que, en la actualidad, Ortega es una versión mejorada del somocismo.
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Para Dávila, Ortega les ha demostrado a los demás mandatarios que lo mejor que pueden hacer en sus países es seguir las vías dictatoriales, “que lo mejor no es estar lidiando con los grupos, con los sectores, con los sindicatos, con partidos políticos, porque en Nicaragua todo eso se acabó y parecen imitarlo. Es un mal ejemplo para la región”.
Estas son algunas de las malas mañas que otros mandatarios le han aprendido a Daniel Ortega:
Inhabilitar partidos políticos
En Guatemala, el pasado 25 de junio se llevó a cabo las elecciones presidenciales en ese país, de las cuales habrá una segunda vuelta entre la candidata del oficialismo Sandra Torres y el candidato de oposición Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla.
El 12 de julio, después de que el Movimiento Semilla fuera confirmado para la segunda vuelta, el Ministerio Público de Guatemala solicitó al Tribunal Supremos Electoral (TSE) de ese país que suspendiera a ese partido por presuntamente haber afiliado a personas sin su consentimiento, según dijo el fiscal especial contra la impunidad, Rafael Curruchiche.
La agencia EFE citó a un alto funcionario de Estados Unidos bajo condición de anonimato que dijo que su país condenaba esta acción contra la democracia. “Usar las instituciones judiciales de forma arbitraria y política son acciones que usan los gobiernos autoritarios. Lo vemos en Cuba y Nicaragua. Forma parte del manual de las dictaduras”, reportó EFE las palabras del norteamericano.

Por su parte, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se refirió al caso días después y dijo que la inhabilitación de Semilla era una acción inconstitucional y por tanto, el Tribunal Supremo Electoral respondió el 18 de julio al Ministerio Público que no suspenderá al Movimiento Semilla.
El 21 de julio, la Fiscalía guatemalteca allanó la sede del Movimiento Semilla como parte del esfuerzo por ilegalizar a ese partido previo a la segunda vuelta electoral programada para el próximo 20 de agosto.
La práctica de ilegalizar partidos políticos previo a los comicios fue implementada por Ortega en Nicaragua desde que llegó al poder en 2007. Una de las primeras víctimas fue el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), al cual lo despojaron de su personería en 2008 previo a las elecciones municipales de ese año.
Más recientemente, en 2021, Ortega ilegalizó al Partido Conservador, Ciudadanos por la Libertad y al Partido de Restauración Democrática. Los tres pertenecían a bloques opositores e iban a participar en las elecciones generales de 2021, en las que el dictador aseguró su cuarto mandato consecutivo.
Reelección
Otro caso es el de Nayib Bukele en El Salvador quien, para muchos, ha seguido el guion de Daniel Ortega, pero lo ha implementado mucho más rápido que el nicaragüense. Entre finales de agosto e inicios de septiembre de 2021, Bukele ordenó la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional que no avalaban su reelección, la cual estaba prohibida por la Constitución de ese país, y nombró nuevos magistrados adeptos a sus intereses.
Casi exactamente lo mismo hizo Daniel Ortega en 2009 en Nicaragua. Como no conseguía los 56 votos necesarios en la Asamblea Nacional para reformar la Constitución y eliminar la prohibición de reelección, buscó una vía expedita: una sentencia judicial.
En octubre de 2009, la Corte Suprema de Justicia declaró inaplicable el artículo 147 de la Constitución que prohibía la reelección continua en Nicaragua. El fallo fue votado y aprobado por seis magistrados de la Sala Constitucional, todos sandinistas, casi de la misma forma que sucedió el 3 de septiembre pasado en El Salvador.

Por otro lado, y al igual que Ortega en Nicaragua, Bukele mantiene cooptados a la Policía y el Ejército y en 2021 anunció una serie de mejoras a las condiciones labores y salariales de los policías, lo cual fue criticado como un método para asegurar lealtad de los mismos. También, ataca a Estados Unidos y mantiene a su país en un estado de excepción que ha suspendido las garantías constitucionales de sus ciudadanos.
De igual manera, opositores, periodistas y defensores de derechos humanos han denunciado persecución y asedio en su contra. El periódico digital El Faro incluso trasladó toda su operación administrativa hacia Costa Rica, mientras que, en Nicaragua, Ortega ha obligado al exilio a más de 200 periodistas, según cifras de la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), y también ha forzado a que medios de comunicación completos como el diario LA PRENSA tengan que operar desde fuera del país.
Pero hubo un momento, al inicio de su mandato, que Bukele criticaba a Ortega. Tras asumir el cargo el 3 de febrero de 2021, en la Organización de Estados Americanos, la representación de su gobierno votaba a favor de varias resoluciones que condenaban las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, sin embargo, en los últimos años, su administración parece haber dado un giro que favorece a Ortega.
Por otro lado, las administraciones de Alejandro Giammatei en Guatemala y Xiomara Castro en Honduras, normalmente se abstienen cuando se votan resoluciones para condenar a Ortega, lo cual para el analista político José Dávila, se trata de una manera de congraciarse con el dictador, para que en el futuro les beneficie.
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“En esos países (Guatemala, El Salvador y Honduras) existen sectores políticos ligados al crimen organizado, a lavado de dinero del narcotráfico, y ven en Nicaragua a futuro un lugar de refugio seguro, porque saben que Nicaragua no tiene acuerdo de extradición con Estados Unidos y hay muchos empresarios centroamericanos que inclusive ya han estado presos en Estados Unidos, y ven como expresidentes de El Salvador están refugiados en Nicaragua, y piensan que de futuro también pueden necesitar a Nicaragua como refugio seguro cuando sean acusados de corrupción o de otro tipo de delitos”, señala Dávila.
Censura y ataques a periodistas y estudiantes
A finales de julio, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, llamó “esbirros” a un grupo de estudiantes que protestaban durante una actividad en la que el mandatario hablaba a una multitud.
“Ahí están. Esos son los que venden la nación. No voy a aflojar, por más que los esbirros de los rectores griten, no voy a aflojar”, dijo Chaves. El Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica (CONARE) señaló que al usar la palabra “esbirros”, comparaba a los estudiantes con “delincuentes violentos que actúan por medio de un pago”.
Un mes antes, Chaves ya había atacado a un grupo de periodistas en una conferencia de prensa e incluso los llamó “sicarios políticos”, lo cual provocó que la Sala Constitucional de ese país condenara las ofensas de Chaves.

“La utilización de un lenguaje irrespetuoso y ofensivo contra los periodistas constituye una lesión a la libertad de prensa”, decía el comunicado público de la Sala Constitucional.
Esta clase de lenguaje en contra de periodistas y estudiantes también ha sido utilizado por Daniel Ortega en Nicaragua, y también por su esposa Rosario Murillo quien ha llamado “vampiros sedientos de sangre” a estudiantes, y “mercenarios” a periodistas independientes.
Inhabilitación de candidatos
De vuelta en Venezuela, Nicolás Maduro ha seguido con la práctica de Ortega de inhabilitar a los opositores que traten de hacerle frente en elecciones. El pasado 30 de junio, la Asamblea Nacional venezolana controlada por Maduro, inhabilitó a María Corina Machado por 15 años para ejercer cargos públicos, a raíz de una “investigación patrimonial”.
Machado es la candidata que lidera las encuestas de la oposición para ganar las elecciones primarias y enfrentar a Maduro en los comicios de 2024. El opositor venezolano Juan Guaidó, quien fue reconocido como presidente interino de Venezuela 50 países entre 2019 y 2022, pidió al mundo que no mire “hacia otro lado” ya que Maduro está siguiendo “el camino de Nicaragua”.
En 2021, la dictadura de Daniel Ortega inhabilitó y posteriormente encarceló a los aspirantes a la Presidencia: Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz Sequeira, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre. A todos ellos, el dictador los desterró, confiscó y los despojó de su nacionalidad el 9 de febrero de 2023.
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