Mientras el régimen celebra con sus adeptos el 44 aniversario de la revolución, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a otros 13 funcionarios de la dictadura de Daniel Ortega en la llamada Lista de Actores Corruptos y Anti-Democráticos, conocida como “Lista Engel”, que entre otras cosas prohíbe a los afectados el ingreso a Estados Unidos.
Tras la publicación de la lista, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian A. Nichols, aseguró a través de sus redes sociales que la corrupción es la raíz del problema de la migración que perjudica la seguridad nacional de su país y que las sanciones buscan erradicar ese mal, para que los países construyan el futuro que anhelan. «Con la presentación del informe de la Sección 353 de este año sobre Centroamérica, Estados Unidos continúa apoyando una región segura, democrática y próspera donde la gente pueda construir el futuro que anhela», escribió el funcionario en sus redes sociales.
Entre los nuevos sancionados por la Sección 353 de la Ley de Compromiso Reforzado entre los Estados Unidos y el Triángulo Norte, que aprobó el Congreso de Estados Unidos en diciembre de 2022, hay 13 funcionarios de diversas instituciones, entre ellas, la Superintendencia de Banco y otras Instituciones Financieras (Siboif), la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Registro Nacional de la Propiedad (RNP), diputados de la Asamblea Nacional, incluidos algunos de partidos aliados de Ortega y magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM).
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Les negarán protección en Estados Unidos
Nichols también escribió que «los nicaragüenses que ejercen sus libertades básicas enfrentan represión, prisión y destierro». Y que este hecho hace que los argumentos de prosperidad y paz del gobierno suenen vacíos. «El día de hoy los Estados Unidos anuncian acciones para responsabilizar a los funcionarios nicaragüenses que debilitan la democracia».
El Departamento de Estado envió al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, al Comité Judicial de la Cámara y al Comité Judicial del Senado la lista de los 13 funcionarios del régimen que a partir de hoy entraron a la llamada “Lista Engel”. El documento detalla las razones por las que incluyeron a cada uno en el listado.
El documento también explica que a partir de información creíble, denuncias, publicaciones de los medios de comunicación y otras fuentes, determinaron que estas personas participaron a sabiendas en acciones que socavaron los procesos o instituciones democráticos; en actos de corrupción significativa; o en la obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción.
Además, el Departamento de Estado continuará revisando información adicional creíble y seguirá recibiendo denuncias sobre hechos de corrupción y actividades antidemocráticas. Y advierte que utilizará todas las instituciones y autoridades, según corresponda, «para garantizar que a los funcionarios corruptos o antidemocráticos se les niegue un refugio seguro en los Estados Unidos.
Además, las personas incluidas en la lista no recibirán visas ni serán admitidas en Estados Unidos. «Cualquier visa actual será revocada inmediatamente y cualquier otra visa válida o documentación de entrada será cancelada», dice el informe.
Los funcionarios incluidos en la «Lista Engel” son:
1. Wendy Carolina Morales Urbina, procuradora general de la República
A ella la señalan de utilizar a la Fiscalía para confiscar, sin una base legal, las propiedades de los opositores políticos del Gobierno. También la hacen responsable de incautar las propiedades de miles de organizaciones no gubernamentales (ONG), amparada en leyes explícitamente diseñadas para suprimir la libertad de asociación.
2. Arling Patricia Alonso Gómez, vicepresidenta de la Asamblea Nacional
La responsabilizan de despojar de la ciudadanía nicaragüense a opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo.
3. Gladis de los Ángeles Báez, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional
El Departamento de Estado considera que participó en represalias gubernamentales coordinadas para despojar de la ciudadanía nicaragüense a opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo.
4. Loria Raquel Dixon Brautigam, primera secretaria de la Asamblea Nacional
Consideran que contribuyó en la campaña represiva con la que despojaron de la ciudadanía nicaragüense a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo.
5. Alejandro Mejia Ferreti, tercer secretario de la Asamblea Nacional
Es directivo del partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), partido aliado de Ortega y el Departamento de Estado considera que contribuyó a la campaña represiva para despojar de la ciudadanía nicaragüense a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo.
6. Rosa Argentina Solís Dávila, magistrada del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM)
La señalan de usar el TAM para desarrollar una campaña represiva en contra de los críticos del régimen y reprimir a la disidencia despojando de la ciudadanía nicaragüense a los opositores.
7. Ángela Dávila Navarrete, jueza del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM)
También es señalada de usar el TAM para facilitar la campaña represiva en contra de personas críticas del régimen a quienes despojaron de la ciudadanía nicaragüense.
8. Denis Membreño Rivas, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)
El general mayor en retiro entró a esta lista por utilizar su cargo para facilitar, sin ninguna base legal, la incautación de activos de 94 disidentes políticos en el exilio y 222 exreos políticos. Su participación en esta campaña de represión contra la disidencia desvirtuó el proceso o instituciones democráticas.
9. Aldo Martín Sáenz Ulloa, subdirector de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)
El comisionado mayor en retiro también utilizó su cargo para facilitar, sin ninguna base legal, la incautación de activos de 94 disidentes políticos en el exilio y 222 exreos políticos.
10. Valeria Maritza Halleslevens Centeno, directora de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad (DNR)
La funcionaria es señalada de usar su posición e influencia para facilitar un esfuerzo gubernamental coordinado para confiscar la propiedad de los opositores políticos.
11. Eduardo Celestino Ortega Roa, subdirector de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad (DNR)
A él también lo hacen responsable de usar su posición e influencia para facilitar la confiscación de los bienes de los opositores.
12. Marta Mayela Díaz Ortiz, vicesuperintendente de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Siboif)
Ella, según el informe, «utilizó la Siboif para proporcionar la información financiera de los políticos disidentes en el exilio y de los exreos políticos, a funcionarios del poder judicial nicaragüense». Esto fue parte de un esfuerzo gubernamental coordinado para reprimir a la disidencia mediante la incautación, sin una base legal, de sus activos.
13. Sagrario de Fátima Benavides Lanuza, subdirectora del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS)
La incluyeron en la lista porque usó su posición e influencia para facilitar una campaña gubernamental coordinada y políticamente motivada para cancelar y confiscar, sin ninguna base legal, las pensiones de jubilación de los adversarios políticos.
Mauricio Funes y Sánchez Cerén entre los sancionados
Además de los 13 nicaragüenses sancionados por socavar los procesos o instituciones democráticas a través de su participación en actos represivos en contra de los opositores al régimen y exreos políticos, otros 26 centroamericanos entraron el 19 de julio a la “Lista Engel”.
Los sancionados son diez guatemaltecos, diez hondureños y seis salvadoreños. Entre los salvadoreños destacan el expresidente Carlos Mauricio Funes Cartagena, aliado de Ortega y nacionalizado nicaragüense. A él lo señalan de orquestar y participar, cuando era presidente, en varios esquemas de corrupción que involucraron sobornos, malversación de fondos, lavado de dinero y robo de millones de dólares de las arcas públicas.
Otro salvadoreño que entró a la lista es el expresidente y exvicepresidente Salvador Sánchez Cerén, aliado de Ortega y nacionalizado nicaragüense. A él también lo incluyeron por participar en actos de corrupción, lavado de dinero y desvío de fondos públicos durante su gestión como vicepresidente y luego como presidente. La lista incluye a diez funcionarios guatemaltecos y otros diez hondureños.
