Después de expulsar el fin de semana a las monjas de la Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo, la dictadura de Daniel Ortega concretó este martes 4 de julio la cancelación de la personalidad jurídica de esa organización, a través del Acuerdo Ministerial 91-2023-OSFL, publicado en el diario oficial La Gaceta.
Lea también: Policía orteguista invade casa de las hermanas de la Fraternidad Pobre de Jesucristo en Léon
El acuerdo detalla que la fundación fue cancelada porque desde hace tres no cumple la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro. Entre los incumplimientos se menciona que «obstaculiza el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos Sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación», que es la entidad reguladora; no promueve políticas de transparencia en la administración de fondos, entre otros argumentos.
Como ya es habitual, el Migob delegó a la Procuraduría General de la República para el «traspaso» de bienes muebles e inmuebles de estas ONG a nombre de Estado de Nicaragua, lo que para los críticos significa una confiscación de la propiedad privada.
La Fraternidad Pobres de Jesucristo funcionaba como ONG desde agosto de 2019. Este lunes 3 de julio se conoció que las monjas llegaron a territorio salvadoreño, según las fotografías divulgadas por Fraternidad El Camino, cargando incluso las imágenes religiosas que tenían en la propiedad en la que residían en León.
Lea también: Hermanas de la Fraternidad Pobres de Jesucristo llegan a El Salvador tras ser expulsadas por la dictadura
La investigadora y abogada Martha Patricia Molina, quien se ha especializado en el registro de los ataques a la Iglesia católica en el país, asegura que en los últimos cinco años el régimen de Ortega ha expulsado a al menos 41 monjas y 39 religiosos, entre ellos sacerdotes, en el contexto de represión contra todo tipo de crítica y oposición.
Desde 2018 han sido canceladas más 3,300 ONG, entre las que se cuentan más de 40 por «disolución voluntaria». Las cancelaciones comenzaron con nueve ONG en 2018, en medio de la represión armada contra las protestas civiles. Estas primeras ONG canceladas eran representadas por opositores y/o críticos del régimen de Daniel Ortega.
