La abogada e investigadora Martha Patricia Molina denunció este domingo que la Policía al servicio del régimen dictatorial de Daniel Ortega, invadió a la medianoche «como delincuentes» la casa de las hermanas de la Fraternidad Pobres de Jesucristo, radicadas en León, y se las llevaron con rumbo desconocido.
Las religiosas saldrían del país la próxima semana. «No se sabe nada de ellas. Espero respeten su vida y su integridad», demandó Molina.
Según la abogada «algunos guardias se quedaron en la casa donde ellas habitaban».
La orden católica pertenece a una Fraternidad Franciscana, fundada en Brasil por el sacerdote Gilson Sobreiro.
Se destacan por ser una misión multivocacional y estar integrada por personas consagradas, sacerdotes y laicos. Tienen presencia en 14 países, incluida Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, explican en su sitio web.
Las religiosas llegaron al país en 2016. Durante estos siete años se han dedicado al servicio de los pobres, a través del suministro de alimentos, vestuario y oración, en el departamento de León.
Lea además: Ortega ha rechazado seis resoluciones de la Corte IDH. ¿Acatará la de monseñor Rolando Álvarez?
La cuenta de Facebook de las hermanas de la Fraternidad Pobres de Jesucristo ha sido cerrada, sin embargo, este sábado 1 de julio por la noche aún estaba activa.
Más de 40 religiosas han sido expulsadas del país
Durante el contexto de persecución y ataque frontal que mantiene el régimen contra la Iglesia católica, al menos 41 religiosas han sido expulsadas u obligadas a huir del país en los últimos cinco años, según Molina, quien se ha especializado en el registro de los ataques al clero.
No obstante, esta cifra es representativa, aclara la abogada, según los casos que ha podido documentar, ya que “la cantidad es superior a esa”.
Hace un par de semanas Molinia había advertido que “en los próximos días saldrán más” religiosas.
El próximo 6 de julio se cumple un año de la expulsión de 18 Misioneras de la Caridad, orden fundada por Madre Teresa de Calcuta, quienes fueron trasladadas desde Managua y Granada hacia la frontera con Costa Rica por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y la Policía.
