Si elaboráramos un inventario de las propuestas que circulan en nuestro medio para solucionar la crisis que vive el país, tendríamos que incluir las siguientes: la de la lucha armada que, para algunos, es la única forma de poner fin a la dictadura OrMu; la de la intensificación de sanciones internacionales para que el desempleo y el hambre empujen a los más desgraciados de nuestra sociedad a que marchen contra El Carmen; y, la de quienes sueñan con el espectáculo de los marinos estadounidenses desfilando por las calles de Managua.
En nuestro inventario también tendríamos que incluir la estrategia represiva del gobierno para imponer una paz que, por elemental lógica histórica, sabemos que es un bumerán. No olvidemos en nuestra lista imaginaria las pocas voces de quienes, como Humberto Ortega Saavedra y Ariel Montoya, proponen dialogar para encontrar una salida pacífica al embrollo actual.
Dividamos las propuestas de solución antes mencionadas en dos: la salida “suave”, que opta por un diálogo entre el gobierno y la oposición; y, la salida “dura”, que son todas las demás. ¿Cómo evaluar ética y políticamente estas propuestas?
Dos palabrotas: deontologismo y consecuencialismo
Existen dos enfoques para responder la pregunta anterior. El deontológico, que nos dice que la bondad o maldad de una acción depende de su apego a nuestros principios y convicciones. Esta es la ética que utilizan quienes piensan: “Hay que sacar a los OrMu a cualquier precio porque, de acuerdo a mis principios, eso es lo correcto”.
Por otra parte, el consecuencialismo nos dice que las propuestas de solución a nuestra crisis no deben evaluarse en función de nuestras convicciones sino de sus consecuencias. Esta perspectiva no necesariamente anula el peso de nuestras convicciones; simplemente, las subordina al impacto social de nuestras acciones, relativizándolas.
Como podemos ver, la perspectiva deontológica coincide con la “ética de la convicción” que, en un artículo pasado, dijimos que se traduce en la promoción y defensa de principios y valores políticos o religiosos que no admiten análisis o discusión. Un ejemplo clásico de la ética de la convicción es la decisión del Abraham bíblico de sacrificar a su hijo, para ser consistente con su fe en Dios.
Por otro lado, la perspectiva consecuencialista es compatible con la “ética de la responsabilidad”, entendida esta como un marco normativo para consensuar los intereses y aspiraciones que coexisten dentro de una sociedad. Esta es la perspectiva que, por ejemplo, hizo posible la Concertación de Partidos por la Democracia que derrotó a Pinochet en 1988 y gobernó Chile durante 20 años. Esta misma ética enmarcó el acuerdo de convivencia democrática conocido como el Pacto de la Moncloa (1977), que fue determinante para la consolidación de la democracia en España, para citar otro ejemplo.
“Hemos sido pasiones, nada más”
El consecuencialismo y la ética de la responsabilidad se operacionalizan políticamente en el contractualismo que, como su nombre lo indica, es una perspectiva filosófica que persigue la articulación de un consenso o contrato social como un acuerdo dinámico y hasta conflictivo para manejar las tensiones y contradicciones que son inherentes a la vida social.
Desgraciadamente, ni el contractualismo, ni el consecuencialismo, ni la ética de la responsabilidad han encontrado un terreno fértil en nuestra cultura política sectaria y visceral. Esto no significa que no haya habido voces que se han atrevido a nadar en contra de la corriente de nuestra insensatez para promover la armonización responsable de nuestros intereses y aspiraciones.
En nuestro primer siglo de vida republicana, y desde una perspectiva conservadora, Pedro Francisco de la Rocha argumentaba que la solidez de una sociedad depende de su capacidad para lograr “la combinación de sus respectivos intereses, y […] el equilibrio [entre] los varios elementos que entran en la composición de un Estado”. En el mismo siglo XIX, y desde una perspectiva liberal, Jesús Hernández Somoza, también ofreció una solución contractualista para construir el orden social: “[La constitución de un país] debe ser, ante todo y sobre todo, una solemne escritura pública de transacción, en la cual, cada uno de los asociados deponga algo de sus naturales intereses, tendencias y sentimientos, en provecho de la armonía común.”
En los siglos XX y XXI, el filósofo Alejandro Serrano Caldera ha reafirmado el valor del contractualismo y de una ética política que, tomando en cuenta las consecuencias de nuestras acciones y decisiones, trate de manejar nuestras diferencias: “La Nicaragua posible no es la Nicaragua ideal de nuestros sueños ideológicos o de nuestras utopías políticas, es la Nicaragua que todos y cada uno de nosotros podemos construir cediendo un poco de lo que constituye nuestro desiderátum político o el paradigma de nuestro modelo integral de sociedad. Es la Nicaragua del consenso y de la democracia, la que surge de la unidad de nuestras diferencias” (Serrano Caldera, 1991, 10-11).
¿Es viable hoy una salida contractualista, consecuencialista y responsable en Nicaragua?
Para muchos/as en la oposición, la situación política actual no ofrece las condiciones necesarias para dialogar o consensuar nada con un gobierno que, efectivamente, permanece en pie de guerra contra sus adversarios. Esta posición, sin embargo, no toma en consideración que esas condiciones no surgen de la nada, sino que se construyen. Y, por supuesto, por experiencia sabemos que quien desde el gobierno o desde la oposición haga algo para crear las condiciones de las que hablamos, corre el riesgo de ser humillado y arrastrado con la marca escarlata de la traición. Pero ese riesgo es inevitable en la política, una actividad en la que algunos fines justifican algunos medios que no son impecables y tampoco seguros. Dialogar con el gobierno tiene un costo porque contribuye a legitimarlo. Pero no dialogar también tiene un precio que se cotiza en el dolor y la sangre de nuestros migrantes, exiliados y los que seguirán sufriendo el estancamiento económico de nuestro país. ¿Cómo debemos decidir y actuar?
El autor es profesor retirado del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Western Canadá.
