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Corporación de Zonas Francas

Ortega oficializa “renuncia” del director de la Corporación de Zonas Francas

La salida de Alfredo Coronel Pichardo ocurre mientras el sector pasa un mal momento, especialmente en las maquilas donde más de 10 mil nicaragüenses han perdido sus empleos y las exportaciones están en descenso

El régimen Ortega Murillo oficializó este lunes 5 de junio la renuncia de Alfredo Coronel Pichardo del cargo de director ejecutivo de la Corporación de Zonas Francas. La semana pasada LA PRENSA adelantó que Coronel Pichardo renunció al cargo tras las presiones que recibió por dar trámite a las quejas que las empresas del sector le expresan por las multas millonarias que les impone la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA).

En la edición número 98 de este lunes 5 de junio del diario oficial La Gaceta, se oficializa la salida de Coronel Pichardo. “Se acepta la renuncia del compañero Alfredo Coronel Pichardo, en el cargo de director ejecutivo de la Corporación de Zonas Francas, contenido en el acuerdo presidencial número 160-2022, de fecha 10 de noviembre del año 2022”, dice el acuerdo. Y añade que la decisión surte sus efectos a partir de esta fecha. Tras una reforma aprobada el año pasado, este cargo es decidido por la Presidencia.

De acuerdo con la información divulgada en su sitio web la Corporación de Zonas Francas es la entidad encargada de la promoción, desarrollo, operación, dirección y administración de las zonas francas públicas en el territorio nicaragüense. La administración de la Corporación está a cargo de un Consejo Directivo que actúa como cuerpo colegiado y está conformado por el director ejecutivo de la Corporación, el ministro de Fomento, Industria y Comercio, y el ministro de Hacienda y Crédito Público.

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¿Qué motivó la renuncia?

Antes de ser director ejecutivo de la Corporación de Zonas Francas, Coronel Pichardo fue vicepresidente de la Comisión Nacional de Zonas Francas con rango de viceministro, nombramiento que fue efectivo a través del acuerdo presidencial 186-2015.

La semana pasada fuentes vinculadas al sector dijeron a LA PRENSA que a Coronel Pichardo “lo hicieron renunciar porque no logró armonizar problemas de empresas de zonas francas con Aduana”. Estas discrepancias serían provocadas por las multas sin justificación que la DGA le está imponiendo a las empresas. Además, explicaron que si bien las empresas que operan bajo el régimen de Zona Franca están exentas del pago de impuestos, la DGA ha creado cobros por el movimiento de sus mercancías.

La salida de Coronel Pichardo de la Corporación Nacional de Zonas Francas ocurre mientras las empresas del sector, especialmente las textiles, pasan por un mal momento. En los últimos meses, estas empresas despidieron a más de 10 mil nicaragüenses y las exportaciones de la industria están en descenso.

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Menos empleos y exportaciones

Según datos publicados por el Banco Central de Nicaragua (BCN), el sector cerró el primer bimestre con 129,194 trabajadores, menos que los 133,104 contabilizados a diciembre pasado. Y si la cifra se compara con julio del año pasado, cuando se alcanzó el máximo de 140,866 contratados, las empresas han dejado sin trabajo a 11,672 nicaragüenses en siete meses.

Más del 80 por ciento de los bienes que producen las empresas que operan bajo el régimen especial de Zona Franca en Nicaragua se envía a Estados Unidos. País con el que el régimen de Daniel Ortega mantiene una guerra política y diplomática. Al primer cuatrimestre de 2023, el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio reporta 1,103.6 millones de dólares en envíos. Monto menor con respecto a los 1,107.8 millones de dólares reportados en igual periodo del año pasado.

Además, las empresas textiles del sector están huérfanas luego que en enero de este año el régimen de Ortega le canceló la personería jurídica a la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de Confección (Anitec). Esta organización funcionaba desde el 2005 y aglutinaba a las empresas textiles, las que generan la mayor cantidad de empleos en el sector de zona franca. Además, dicha organización jugaba un rol importante en las negociaciones multianuales del salario mínimo que tradicionalmente se realizan cada dos años. Además velaba por los intereses de sus agremiados, los que ahora quedaron a merced de las decisiones del régimen.

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