Benjamín Pérez se gana la vida limpiando viviendas en Miami. Trabaja sin permiso legal, como otros miles de extranjeros que forman una mano de obra primordial para el estado de Florida. El futuro de todos ellos pende ahora de un hilo por una ley migratoria recién aprobada.
Pérez, de 40 años, lleva dos décadas viviendo y trabajando en Estados Unidos, pero teme no poder seguir haciéndolo. Como muchos, abandonó su país natal, México, buscando una mejor situación económica. Fue albañil hasta que una lesión lo obligó a cambiar de sector.
Ahora vive en un apartamento del centro de Miami con su esposa nicaragüense y un sobrino de ella, Joel Altamirano. Los tres trabajan. Ninguno tiene permiso para hacerlo.
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«Para los que venimos sin ningún documento, más que con las ganas de trabajar, se nos hacen más estrechos los caminos para encontrar un empleo», lamenta Pérez, quien pide usar un seudónimo por temor a los servicios migratorios.
La iniciativa impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis busca, entre otras cosas, impedirá la contratación de personas indocumentadas.
A partir del 1 de julio, las compañías de más de 25 empleados deberán comprobar en una base de datos federal el estatus legal de las personas a las que deseen emplear. Ignorar esa obligación y contratar a un extranjero en situación irregular conllevará multas cuantiosas.
«El sueño americano no es nada más que eso, un sueño», añade. «El gobierno nos acorrala cada día más. Esta vez el trato es sin misericordia. Prácticamente ya no valemos nada».
«Efectos devastadores»
En Florida, un estado de unos 22.2 millones de habitantes, viven 772,000 migrantes indocumentados, según una estimación del laboratorio de ideas Migration Policy Institute.
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Muchos de ellos trabajan en sectores esenciales para la economía estatal como la agricultura, la construcción y la hostelería. Impedir que lo sigan haciendo tendrá graves consecuencias económicas, advierte Samuel Vilchez, director para Florida de la American Business Immigration Coalition, una asociación empresarial que aboga por una mejor integración de los migrantes en la economía.
«Ataca a nuestras empresas y les impide crear nuevos puestos de trabajo, generar ingresos y prestar los servicios que pretenden ofrecer», advierte Vílchez. «Va en contra de lo que sabemos que es bueno para la economía y tendrá efectos devastadores para Florida».
Según la oenegé Florida Policy Institute, la nueva ley podría generar pérdidas anuales de 12,600 millones de dólares para la economía del estado al reducir la mano de obra, los gastos de los migrantes indocumentados y los impuestos que pagan.
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La incertidumbre creada por el cambio legal ya tiene consecuencias en los lugares de trabajo, a pesar de que aún no ha entrado en vigor y de que no obliga a denunciar la presencia de extranjeros en situación irregular.
«En la compañía donde yo trabajo muchas personas se han ido, se han movido de estado. Hay mucho temor por la ley», dice Altamirano (otro seudónimo), un obrero de la construcción de 38 años.
«Es injusto»
El gobernador DeSantis, que parece listo para desafiar al expresidente Donald Trump en las primarias republicanas de 2024, se ha convertido en una figura de la derecha estadounidense por impulsar una agenda muy conservadora en asuntos como la educación, el aborto o la inmigración ilegal.
La semana pasada, acusó al gobierno del demócrata Joe Biden de desatender la frontera sur de Estados Unidos y defendió la nueva ley como una medida necesaria para reducir la delincuencia y el narcotráfico vinculados —según él— a la llegada de migrantes indocumentados.
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Pérez y Altamirano deploran que las autoridades los asimilen a delincuentes y se sienten víctimas de las ambiciones personales de DeSantis.
«Todos los políticos quieren su parte del pastel y nosotros pagamos los platos rotos», dice el mexicano. «Vinimos para trabajar, enviar dinero a nuestras familias, gastarlo aquí y pagar impuestos. Esto es injusto».
Si la ley les impide ganarse la vida, tendrán que abandonar Florida y empezar de cero en otro lugar de Estados Unidos. Adaptarse una vez más.
De momento no piensan regresar a sus países. Varios familiares dependen de sus remesas y, en el caso de Altamirano, está el temor de volver a vivir bajo el gobierno autoritario de Daniel Ortega en Nicaragua.
Pérez quisiera que el país en el que tantas horas ha trabajado reconociera, algún día, su presencia.
«Para Estados Unidos nosotros no existimos», dice, pero este país «fue construido por gente de todas partes y yo soy uno de ellos».
