El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se prepara para poner en marcha lo que establece la Ley B 1718 contra la inmigración indocumentada en ese Estado, enviando oficiales a Texas para “asegurar la frontera sur” y contratando al menos tres empresas para ejecutar el programa de reubicación de migrantes en otros estados, esto último según documentos a los que tuvo acceso CNN.
La legislación que fue promulgada por DeSantis, un día antes del fin de la normativa Título 42, entrará en vigencia el próximo 1 de julio. Medios estadounidenses han reportado que la ley ha creado incertidumbre y temor en inmigrantes indocumentados en ese Estado.
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El gobernador republicano argumentó que el envío de oficiales se da ante la “abdicación del deber” del Gobierno federal en el combate a la crisis migratoria que ha creado y que “ignora” el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a quien ha acusado abiertamente de no atender la “inmigración ilegal”.
A través de un comunicado DeSantis afirmó que actualmente “todo el país siente los impactos de la crisis fronteriza de Biden, y la abdicación del deber del Gobierno federal socava nuestra soberanía y el Estado de derecho”, por lo que anunció que las “agencias estatales, incluidas fuerzas del orden público y la Guardia Nacional de Florida, se están desplegando en Texas”.
Entre los recursos disponibles para la misión, la oficina de DeSantis enumeró que hay 101 policías de la Patrulla de Carreteras, 200 oficiales del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLEO, por sus siglas en inglés) en equipos de 40 personas, además de 800 soldados de la Guardia Nacional del estado y personal de gestión de emergencias, cinco aeronaves, drones y embarcaciones.
Programa de reubicación
Sobre la puesta en marcha del programa de reubicación de migrantes en otros Estados, CCN reveló que la División de Gestión de Emergencias de Florida (FDEM, por sus siglas en inglés) seleccionó a las empresas Vertol Systems Company, Inc, ARS Global Emergency Management y GardaWorld Federal Services para “manejar e implementar un programa de reubicación de individuos” que han sido procesados y liberados por el gobierno estadounidense.
Indica a su vez que el contrato establece en el marco para enviar a migrantes nuevamente hacia ciudades lideradas por demócratas, tal como ocurrió el año pasado cuando Vertol Systems proporcionó dos aviones que trasladaron migrantes de San Antonio, Texas, a Martha’s Vineyard, Massachusetts, bajo la orden de DeSantis.
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Florida exige a las empresas que sean “los únicos responsables” de principio a fin del transporte de las personas, incluidos los servicios sociales que se les deben prestar en las ciudades de destino.
La agencia afirma que la FDEM no precisó el número de migrantes que se estima serán transportados, pero menciona que la cifra se determinará “en función de las circunstancias sobre el terreno”.
Enseguida CNN menciona que Florida quiere que los proveedores comiencen a transportar a los migrantes “en un plazo de 72 horas, a partir de la notificación de la división”, y deben cumplir su contrato hasta el 30 de junio de 2025, a menos que se termine antes.
Lo que establece la ley
El proyecto de ley antimigrantes fue patrocinado por los representantes republicanos Berny Jacques (Seminole) y Kiyan Michael (Jacksonvillea), este último compartió la historia de su hijo quien falleció durante un accidente automovilístico en el que estuvo involucrado un inmigrante indocumentado que no tenía licencia de conducir.
La Ley contra los migrantes indocumentados establece severas medidas que van desde la prohibición del uso de licencias de conducir adquiridas por migrantes indocumentados en otros estados; la eliminación de las ayudas financieras; e incluso impone penas en prisión de hasta 15 años para quienes transporten y contraten a estos migrantes.