Desde el estallido de la crisis en abril de 2018, los abogados que han defendido a los presos políticos y los defensores de derechos humanos que han documentado y denunciado los abusos y vulneraciones en Nicaragua, han sido blanco también de la brutal represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En los últimos cinco años, las organizaciones defensoras de derechos humanos y abogados han sufrido la cancelación de sus personerías jurídicas, confiscaciones, asedio, persecuciones, amenazas y hasta agresiones. Se les ha negado el ingreso al país, se han exiliado, han sido encarcelados, acusados y desnacionalizados.
Ahora la nueva arremetida del régimen contra los abogados es suspenderlos de manera definitiva de su profesión, a través de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como lo hizo el jueves 11 de mayo contra 25 nicaragüenses que en febrero pasado fueron despojados de su nacionalidad y declarados “traidores a la patria”.
Sin embargo, son 26 en total los abogados suspendidos de sus títulos, la primera afectada con la medida fue la abogada y notario público, Yonarqui Martínez.
“Desde Human Rights Watch (HRW) hemos documentado las gravísimas violaciones a los DD. HH. cometidas por el régimen de Ortega en Nicaragua y la persecución de la prensa y las organizaciones de sociedad civil”, dijo Juanita Goebertus, quien acaba de asumir funciones como directora de la División de las Américas de HRW. “Trabajamos constantemente por exponer estos hechos y evitar que se sigan repitiendo”, afirmó.
Anulación de títulos es una venganza política
La medida es calificada por organismos defensores como una venganza política de la dictadura, por defender y denunciar las arbitrariedades del régimen contra los presos políticos y la grave crisis en la que tiene sumido al país.
“Primero es una medida extrema, de un acumulado de abusos propiamente contra los abogados que han defendido a los presos políticos y contra los defensores de derechos humanos, que hemos sido víctimas, no de ahora, de una sistemática forma de asedio por la condición de defensores”, opinó el abogado y defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, y quien forma parte de la lista de los 25 abogados declarados apátridas.
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“Estas decisiones son infames, una canallada más. Siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad, estos crímenes están relacionados al despojo de la nacionalidad, a la persecución que no cesa. Esta es la continuación de la represión en el país, de un estado de terror, de una maquinaria que se creó para perseguir, criminalizar, condenar sin ni siquiera un juicio, en nuestro caso”, señaló Carrión.
El defensor de derechos humanos también forma parte del grupo de 94 personas desnacionalizadas y declaradas “traidores a la patria”, el 15 de febrero pasado.
“Nula es esa Corte que se apartó del orden constitucional, del Derecho para someterse a órdenes de la tiranía, al servicio de una familia, una Corte que es parte del poder judicial, una maquinaria de la represión”, agregó Carrión.
A la vez afirmó que “la condición de abogado no me la van a quitar, mucho menos el compromiso de seguir sirviéndole al pueblo, mi derecho de defender derechos, de levantar la voz por los oprimidos. Podrán quitarnos muchas cosas, pero no nuestra voluntad de seguir levantando la voz para vivir sin dictaduras, para retornar y vivir en un país sin miedo, para que las víctimas y los sobrevivientes tengan justicia”.
Un mensaje de terror
A juicio del abogado Danny Ramírez Ayerdis, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh), y también despojado de su nacionalidad nicaragüense, con esta medida el régimen busca atemorizar a los abogados que están en el país.
“Tiene un efecto con los abogados que ejercen el Derecho en general, porque prácticamente son los últimos bastiones que pueden exigir el apego a las normas del debido proceso en juicios que no son necesariamente políticos. Hay un mensaje claro, de terror para los abogados defensores en el ámbito penal”, dijo Ramírez.
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Por su parte, Carrión señaló que desde abril de 2018 es una práctica del régimen entablar sistemáticamente ese mensaje de “terror” hacia los distintos sectores.
“Cuando estaban las manifestaciones y echaban a las fuerzas de choque para agredir a los manifestantes, el mensaje era para que la población al día siguiente no se movilizara; y como la gente siguió movilizándose, comenzaron a matar, y cuando comienzan a matar los mensajes son de terror; y así para cada sector, cuando matan al primer periodista (Ángel Gahona), el mensaje era que nadie debe informar, cuando echaron preso al dirigente de un sector, para que todos callen, y así fue con los defensores, defensoras”, argumentó Carrión.
“Los abogados, desde hace varios años empezamos a salir del país, entonces los mensajes han sido constantes, de una política propia de terror para que nadie alce la voz, para que el derecho a defender derechos, en el caso de los abogados, abogadas, y los defensores de derechos humanos, nadie defienda derechos, y como el movimiento defensor ha sido amplio, el estado de terror está dirigido a acallar a todo un país”, insistió Carrión.
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De acuerdo con Ramírez, meses atrás Calidh ha recibido denuncias de abogados que han sufrido amenazas de fiscales y jueces con “inventarles causas porque no obedecen en juicios no políticos”, por el hecho de ser identificados como opositores o críticos del régimen.
“Aquí hay algo específico, y es que existe en Nicaragua un terrorismo de Estado para imponer el miedo en la sociedad y su conjunto, y quebrantar la moral de los ciudadanos. En ese sentido, los abogados y defensores de DD. HH, que están en el país están sometidos completamente a un estado totalitario y busca seguir imponiendo el terror en los nicaragüenses”, afirmó Ramírez.