El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), suspendió de manera definitiva a la defensora de presos políticos en Nicaragua, Yonarqui Martínez, como abogada y notaria pública nicaragüense.
La decisión fue notificada este miércoles 9 de mayo a través de una circular de la CSJ —publicada en redes por el medio Divergentes— que afirma que con instrucciones del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial resuelven ha lugar a los informativos seguidos en contra de la licenciada Yonarqui de los Ángeles Martínez García en calidad de abogada y notaria pública.
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«Se sanciona a la licenciada Yonarqui de los Ángeles Martínez García, con suspensión definitiva del ejercicio de las profesiones de Abogado y Notario Público, a partir de la notificación de la presente sentencia», indica la circular.
También ordena declararse nulo el título de Abogado y Notario Público registrado ante la CSJ.
La circular indica además que la defensora presente en un período de 24 horas ante la Secretaría de la CSJ los Protocolos que llevó durante los quinquenios que estuvo autorizada para cartular, así como sello y carné de abogado y notario público.
Martínez ha destacado por ser una defensora de presos políticos. En los últimos años ha estado muy activa en redes sociales denunciando las violaciones de derechos humanos desde abril 2018.
En especial tras la reciente cacería que emprendió el régimen contra los nicaragüenses ha criticado el más reciente modelo represivo que consiste en capturar y realizar «audiencias informativas» en horas de la madrugada donde se ha acusado a más de una treintena de nicas, entre ellos opositores, periodistas, familiares de víctimas de abril e incluso integrantes del Movimiento Campesino.
Decisión de la CSJ es «arbitraria» e «inaudita»
Para Gonzalo Carrión, abogado defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, en Costa Rica, la decisión de la CSJ es «completamente arbitraria».
«No hay fundamento razonable porque no lo tiene. Toda resolución en derecho carece de validez cuando las motivaciones no logran el razonamiento que exactamente se justifica en el derecho. En lo anunciado es una decisión eminentemente política, obedece a un castigo», dice Carrión.
De hecho Carrión hace énfasis en el trabajo que ha desempeñado Martínez desde el estallido de la crisis sociopolítica en defensa de los derechos humanos y de presos políticos: «Esa sanción, es un verdadero castigo, es el trato que el Poder Judicial ha demostrado ser parte de la maquinaria de la brutal persecución y represión del régimen. Yonarqui desde el derecho sigue siendo abogada, el conocimiento no se lo pueden expropiar, y esa sanción es una violación en todos los derechos», apunta Carrión.
En esa misma línea, Yader Morazán, exfuncionario del Poder Judicial y experto en administración de justicia, manifiesta que «es inaudito ‘anular’ un título, porque este fue otorgado por haber cumplido requisitos legales para extenderlo. En todo caso, lo que cabe es la suspensión del ejercicio profesional. Ya que las nulidades corresponden a un vicio en la forma (formalidades) y no en el ejercicio».
Morazán añade que «no es el título lo que hace a un profesional del Derecho, sino el ejercicio real de la profesión. Para eso el ‘Poder Judicial’ que acaba de despojar de la acreditación de abogada a tiene «doctores» sometidos a órdenes de bachilles y delincuentes iletrados».
