Los congresistas republicanos Mario Díaz-Balart, por Florida y Tom McClintock, por California, buscarán este jueves —cuando finaliza el Título 42— someter a votación el proyecto de H.R.2«Ley para asegurar la frontera de 2023» que busca que el Gobierno de Estados Unidos reinicie la construcción del muro en la frontera con México, elimine la política de libertad condicional humanitaria del «catch and release» (atrapar y soltar) y ponga fin a la Autoridad Ejecutiva sobre asuntos de inmigración.
La moción —indican medios estadounidenses— es similar en la mayor parte de sus proposiciones a la política migratoria de «tolerancia cero» del expresidente Donald Trump. Pero ¿qué tan posible es su aprobación?
«Se cree que no cuenta con el apoyo necesario. Si lograra ser aprobada en la Cámara de Representantes, probablemente no en el Senado, y aunque ocurriera allí también, el presidente Biden ya avisó que usaría su autoridad constitucional del veto», opina Harold Rocha, abogado y académico del Derecho Internacional.
Casa Blanca amenaza con vetar el proyecto
La Casa Blanca ha amenazado con vetar el proyecto de ley, asegurando que «si bien aplaudimos el compromiso del Congreso para tomar medidas significativas para abordar la inmigración y los desafíos en la frontera, en lugar de mejorar la situación, la iniciativa la empeoraría. Debido a que esta iniciativa no hace mucho por mejorar la seguridad fronteriza y sí pisotea enormemente los valores y las obligaciones internacionales del país, debe ser rechazada», señala un comunicado de la Oficina de Administración y Presupuesto.
Steve Scalise, líder de la mayoría de la Cámara de Republicanos, reaccionó a través de su cuenta de Twitter y apuntó que «esta semana, los republicanos de la Cámara aprobarán el paquete de seguridad fronteriza más sólido de la historia».
Sobre la amenaza dijo que «Biden ya ha dicho que lo vetará. Una vez más, demuestra que quiere una frontera abierta y no tiene ningún plan para resolver la crisis que creó».
Medidas severas para migrantes en EE. UU.
Los autores del proyecto de ley mencionan que el objetivo es «abordar la crisis» y detener la inmigración ilegal a Estados Unidos. De hecho, responsabilizan a Joe Biden por la crisis que se vive en la frontera con México y señalan que la política de «puertas abiertas» del mandatario ha permitido la llegada de miles de inmigrantes a la frontera.
«La crisis en nuestra frontera sur es una de las amenazas más graves a la seguridad nacional de EE. UU. en nuestra historia. Durante los últimos dos años, el presidente Biden y su Administración han ignorado por completo la escalada de la crisis en nuestra frontera, y su falta de acción ha cedido todo el control a los cárteles narcoterroristas, que ahora están entre los más poderosos para decidir quién entra a nuestro país y a qué precio», aseguró Díaz-Balart en una nota de prensa.
La legislación propone una reforma a la libertad condicional de inmigración con la que busca prohibir que el secretario del Departamento de Seguridad Nacional otorgue la libertad condicional «de acuerdo con los criterios de elegibilidad que describen una clase completa de posibles beneficiarios de la libertad condicional».
Sí se aprueba el proyecto de Ley, la política de libertad condicional contaría con excepciones limitadas y «solo se puede otorgar a extranjeros que no están presentes en los Estados Unidos y aclara que la libertad condicional no es una admisión con fines de ajuste de estatus».
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El proyecto de ley obligaría a los migrantes a entrar legalmente, pagar una cuota de US$50 y cumplir con requisitos más estrictos para demostrar en sus entrevistas iniciales que huyen de la persecución política, religiosa o racial.
Además propone el despliegue de tecnología a la frontera sur con México y norte con Canadá, así como aumentar el número de agentes de la Patrulla Fronteriza y otorgarles bonificaciones salariales para evitar renuncias y mantener la fuerza operativa.
A su vez, la moción incluye una sección en la que se restringe el financiamiento que el gobierno norteamericano podría proveer a organizaciones sin fines de lucro que brinden servicios a inmigrantes que entren a EE. UU. en o a través de los puntos fronterizos, sin distinción de estatus legal.
En esa misma línea, exige la deportación de menores que cruzan la frontera sin sus padres y otras propuestas que implicarían que las personas permanezcan en centros de detención durante períodos más prolongados.
