Los congresistas republicanos de la Cámara de Representantes planean votar este jueves —día que finaliza el Título 42— un paquete de severas medidas de seguridad fronteriza aglutinadas en el cuestionado proyecto H.R 2, Ley para asegurar la frontera 2023, que rescata políticas propuestas bajo el gobierno del expresidente Donald Trump. La posible aprobación alarma a los migrantes nicaragüenses en el territorio norteamericano.
La moción H.R 2 reformaría la Ley de migración al imponer restricciones y hacer más difícil la solicitud de asilo. Exige a la Administración de Joe Biden eliminar la política de libertad condicional humanitaria —el parole—, reactivar la construcción del muro en la frontera con México y el programa «Permanecer en México» que ordena que los migrantes permanezcan en ese país mientras realizan el proceso de asilo.
También pretende que se invierta más recursos en la seguridad en la frontera sur, se agregue más personal fronterizo y que se actualice la tecnología fronteriza, entre otras disposiciones.
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A pesar de que la iniciativa puede ser aprobada en la Cámara de Representantes, especialistas auguran que en el Senado se frenaría. Y, aunque también pase ahí, el presidente Joe Biden ya advirtió que vetará la propuesta.
Aumenta «sentimiento antimigrante»
Astrid Montealegre, abogada experta en migración, lamenta que la seguridad fronteriza y la migración se han convertido en algunos de los temas de política más divisivos en el país norteamericano.
«Debemos estar atentos con la ley, no por lo que va a pasar y su impacto, porque ya el presidente ha indicado que la va a vetar. Sin embargo, preocupa que hay suficientes senadores y congresistas dispuestos a impulsarla a nivel nacional. Entonces preocupa el sentimiento antimigrante que está surgiendo en Estados Unidos y que nosotros como comunidad debemos pensar cómo lo vamos a enfrentar. No hay que tomar si es de demócratas o republicanos, y miremos lo que pasa en la Florida. Ese sentimiento antimigrante se está politizando, está agarrando fervor», explicó Montealegre a LA PRENSA.
En redes sociales, la abogada junto a nicaragüenses en EE. UU., incluidos ex presos políticos que fueron desterrados a ese país por parte del régimen de Daniel Ortega, han empezado una campaña con la que llaman a los congresistas a no votar por dicha moción, a través de la etiqueta #NoHR2. Debido a que las medidas pondrían en riesgo la reunificación familiar.
«Ahora tenemos que garantizar que nos protejan nuestros derechos humanos en el país que nos está acogiendo, entonces la situación se vuelve más compleja que lo que era hace un año», recalcó Montealegre.
La abogada indicó que más que el contenido de la propuesta de ley se debe identificar qué Estados están apoyándola y buscar nicaragüenses ahí «para hacer incidencia porque ahí vamos a determinar cómo vamos a estar el próximo año».
Ronmell López, especialista en temas migratorios, afirmó que es una ley «trágica para nuestros países vulnerables ante la persecución desmesurada», sobre todo por el hecho que termina el Título 42 que, si bien significaba esperar un buen tiempo en México hasta ser llamado a cita, «al menos había esperanza de poder entrar (a EE. UU.)».
¿Cómo afectaría a nicaragüenses?
Parte de la H.R 2 indica que requiere que el «fiscal general cree procedimientos de adjudicación acelerados para los solicitantes de asilo de ciertos países del hemisferio occidental que han sido sancionados por los Estados Unidos. Los trámites expeditos aplican para nacionales de Cuba, Nicaragua y Venezuela». Pero la abogada Montealegre dijo que «pueden tener trámites expeditos a esos países y es un arma de doble filo, porque así como pueden decir que es admisible para solicitar asilo, pueden decir que no».
En el Título II “Seguridad Fronteriza y Protección al Migrante” se refiere a la clase de extranjeros sujetos a remoción acelerada, lo que incluye extranjeros dentro de EE. UU. sin ser admitidos en libertad condicional —parole— y aquellos que llegan al país desde un punto de entrada.
«Esta sección también reitera el requisito de detención obligatoria de ciertos extranjeros que son solicitantes de admisión y restringe la libertad condicional y la liberación de dichas personas, a menos que los extranjeros sean trasladados a otro país en el que su vida o libertad no se verían amenazadas, o los extranjeros son devueltos al país contiguo del que procedían llegaron para la tramitación migratoria», indica el proyecto H.R 2.
Más adelante en el Título VII – Reforma de la libertad condicional de inmigración establece que prohíbe que el secretario del Departamento de Seguridad Nacional otorgue la libertad condicional «de acuerdo con los criterios de elegibilidad que describen una clase completa de posibles beneficiarios de la libertad condicional, también conocida como libertad condicional categórica. Y especifica que con excepciones limitadas, la libertad condicional solo se puede otorgar a extranjeros que no están presentes en los Estados Unidos, al hacer alusión a dos programas «Reunificación Familiar (cubana o militar)» y «Permanecer en México».
Dicha medida es entendida por los abogados expertos en migración como eliminar el programa del parole humanitario que les ha permitido a las autoridades federales aceptar o expulsar de manera expedita a algunos migrantes procedentes de Venezuela, Cuba y Nicaragua.
«Es porque pretenden eliminar el programa de parole humanitario para esos países», mencionó Harold Rocha, abogado y académico del Derecho Internacional.
Por su parte, Montealegre explicó que «la libertad condicional es un parole que le brindaron a personas que se presentaron en la frontera indocumentados indicando que en algún momento iban a presentar su caso de asilo, y para no tenerlos en centro de detención, antes del parole humanitario en enero, la política fue de que las personas se le daban la libertad condicional (válida por un año) para permitirles pedir su permiso de trabajo y posterior aplicar a su asilo».
¿Afectaría a los desterrados políticos?
En febrero del 2023, el gobierno de Biden facilitó el traslado a suelo estadounidense de 222 presos políticos nicaragüenses que fueron desterrados a ese país por el régimen. Llegaron a EE. UU., después de que el Departamento de Seguridad Nacional ofreció parole a los exreos para que permanezcan y trabajen en ese país.
Uno de los afiches de la campaña #NoHR2 indica que «es una propuesta que incorpora la desaparición del parole humanitario y el acceso a aplicar el asilo político a quienes ingresen de forma irregular por la frontera sur de EE. UU. La migración es una realidad y un derecho humano las medidas restrictivas pondrán en riesgo a familias enteras que luchan por reunirse y que habían encontrado en el parole una medida legal y segura».
De hecho, la iniciativa daría al secretario de Seguridad Nacional el poder de detener a migrantes que entren a Estados Unidos si el secretario determina que Estados Unidos ha perdido el «control operativo» de la frontera sur. Y advierte que se proporciona a los Estados «la posibilidad de demandar si el secretario viola las disposiciones de detención, devolución o remoción».
Montealegre tiene la esperanza de que no afecte a los ex presos, y explicó, en cuanto la situación, que hay personas que ya están optando por otras nacionalidades, y otras que han decido permanecer en EE. UU. y solicitar asilo.
«Todos entraron con el parole humanitario, no es como el que se está otorgando ahorita, con esta medida las personas pueden decidir quedarse o no en EE. UU. Los que piden asilo es mejor que lo hagan en el transcurso de su caso si le van a dar el asilo o no, en lugar de optar al TPS, porque el asilo es el camino a la residencia. El TPS no lo es, porque es una protección temporal y el Congreso va a tener que renovar cada periodo cada vez que se venza y si se vence tienen que regresar a su país. El asilo es mayor protección que el TPS», dijo Montealegre.
Más difíciles las solicitudes de asilo
La legislación R.H 2 también le haría más difícil a los solicitantes de asilo demostrar en entrevistas que están huyendo de persecución política, religiosa o racial, impondría una tarifa de 50 dólares por cada adulto que busque asilo y requeriría que los migrantes hagan su reclamo de asilo en un puerto oficial de entrada.
Sobre la tarifa, Montealegre indica que es «restrictiva porque las personas vienen con una mano adelante y otra atrás, no tienen para pagar esos 50 dólares, estamos dejando a los más vulnerables por fuera».
Y en cuanto a las pruebas que confirmen la persecución, Montealegre sostiene que se refiere al de una tercera confirmación, ya sea por testigos o cartas: «Se considera una violación de derechos de los inmigrantes porque quien huye es muy difícil que traiga pruebas con ellos, no se puede esperar que en un momento de urgencia traiga pruebas de la persecución».
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Además, el proyecto H.R 2 aprobaría la implementación de una política de la era Trump (que la Administración Biden busca también), del «tercer país seguro» en que por lo general se le niega asilo a migrantes que lleguen a la frontera sur de Estados Unidos a menos que lo hayan pedido primero en un país por el cual pasaron. Se incluye una sección en la que se restringe el financiamiento que el gobierno norteamericano podría proveer a organizaciones sin fines de lucro que brinden servicios a inmigrantes que entren a EE. UU., en o a través de los puntos fronterizos, sin distinción de estatus legal.
«En Estados Unidos no le dan a nadie un abogado de representación de oficio, por eso se creó un fondo que el Gobierno le da a organizaciones que brindan apoyo o representación legal a los migrantes para apoyarlos en los procesos para evitar retrasos en las Cortes. Si se eliminan esos fondos, nuevamente los más vulnerables no van a tener acceso a la justicia, y un estancamiento de los casos porque los jueces se van a enfrentar a personas sin representación legal», advirtió la abogada experta en migración.
