En Nicaragua su rostro aparecía constantemente en medios de comunicación local cuando brindaba acompañamiento a familiares de presos políticos y acudía —junto al doctor Julio Montenegro— a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a interponer recursos de inconstitucionalidad y amparo en contra de leyes represivas y el otorgamiento de la nacionalidad a personas extranjeras allegadas al régimen de Daniel Ortega. José Antonio López aún no asimila que está a 5,133 kilómetros de su país, apartado de su familia y sobre todo de su trabajo.
“Es duro, siento que lo más difícil es extrañar a tu país. Extraño Nicaragua, mi trabajo de ayudar a la gente”, dice a LA PRENSA desde su exilio en Canadá. Este 2 de mayo, el abogado laboral arriba a sus 54 años de vida en circunstancias que jamás imaginó.
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López tiene 10 años de ejercer su profesión como abogado, aunque dice que antes “yo era chofer y en el mismo trabajo te mandaban a botar basura, porque te contratan para algo pero te ponen hacer otra cosa, muy conocido en Nicaragua como contrato abusivo”.
Estudia inglés
López, su esposa e hijo de 18 años llegaron a Canadá tras entregarse a las autoridades migratorias en el puesto fronterizo Roxham Road, el 19 de septiembre de 2022. Describe que el trato fue muy amable y que no dilató más de un día detenido.
“Ahorita estamos bajo la órdenes del gobierno canadiense, estamos en el proceso de tramitación de refugio, vamos a tener una audiencia de elegibilidad”, comenta a este Diario.
Como parte del proceso en Canadá, sostiene, tuvo que presentar pruebas de que es un perseguido político y que su vida e integridad física corría peligro en Nicaragua. “Gracias a Dios por el trabajo que hicimos en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) me dio medidas cautelares a mí y a mi núcleo familiar, yo corría riesgo de ser encarcelado arbitrariamente por ejercer la profesión”, reconoce.
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Actualmente, dice que él y su familia están estudiando inglés, uno de los dos idiomas principales que se manejan en el territorio canadiense. Indica que para migrantes latinos el idioma es la principal barrera a la que se enfrentan, pero que gracias al gobierno canadiense tiene la oportunidad de aprender de forma gratuita.
“Aquí —dice entre risas— me la juego como gato panza arriba, a mí me gusta el inglés, pero nunca había tenido la oportunidad de estudiarlo. Pero aquí el idioma es indispensable, hay algunas cosas que sí entiendo, pero en otras no, es un gran reto. Lo bueno es que los nicaragüenses nos hacemos entender, ya sea usando el traductor. No te voy a negar, es un cambio bien duro, ya no se diga de la nieve, algo que nunca había visto en mi vida y el frío que hace en invierno”, dice.
Por ahora, aunque quisiera no está laborando debido a que “aquí para poder trabajar se requiere un permiso de trabajo y eso aún no lo tengo”.
El abogado defensor figuró entre la diáspora nicaragüense en Toronto que el pasado 16 de abril, en el marco del quinto aniversario de la Rebelión Cívica participó en un plantón exigiendo la liberación de los presos políticos y justicia por los 355 nicaragüenses asesinados, según datos de la CIDH.
“Como abogado defensor del pueblo estamos donde está la gente, el hecho de que uno esté en el exilio no quiere decir que uno no puede seguir en defensa a favor de tu pueblo”, menciona sobre su participación.
“Se debe refundar Nicaragua”
López insiste en remarcar en que nunca se le pasó por la mente el tener que exiliarse junto a su familia, y aunque la decisión le fue difícil de tomar, no se arrepiente.
“Fíjate que una vez viaje a San José, Costa Rica, y a los cinco días ya estaba desesperado por regresar a Nicaragua. Yo no pierdo las esperanzas de que en cuanto se vayan (Daniel y su régimen) yo me regreso inmediatamente”, sostiene.
López, en su calidad de jurista y defensor de derechos humanos, opina que “esta vez debe haber justicia, no lo que pasó en los años 90, debe de haber una comisión de la verdad, una Fiscalía independiente, jueces independientes. Se debe refundar Nicaragua, enjuiciar y procesar a todos aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad contra los nicaragüenses”.
Él, al igual que muchos nicaragüenses comprometidos con su profesión tiene planes en Canadá. Quiere organizar y crear de la mano de la diáspora de nicas una organización que ayude a connacionales y latinos.
“Una de las visiones que tenemos es organizarnos para ayudar a los migrantes, aquí la historia de la migración nicaragüense se volvió a repetir como los años 80, ahora con mayor fuerza. Una de mis ideas es crear alguna organización para ayudar al prójimo”, afirma.
El sazón nica, cuenta, trata de tenerlo siempre presente en el comedor del apartamento donde alquila para sentirse que está en Nicaragua. “Aquí es otro mundo, la comida es totalmente diferente, pero aquí (mi esposa y yo) tratamos de hacer comida nicaragüense como el gallopinto. Hacerse la idea de que uno está en su tierra aunque realmente estamos a miles de kilómetros, pero en el corazón llevamos el país”, refiere.
Huyó ante la amenaza de ser encarcelado
El abogado defensor, al igual que cientos de nicaragüenses, se vio obligado a huir de Nicaragua ante advertencia de ser encarcelado por ejercer su trabajo en Nicaragua. A él lo perseguían por haber brindando asesoría legal a la Alcaldía de El Almendro, en Río San Juan, —municipalidad que fue tomada por el régimen en julio de 2022— a cargo del exalcalde Reynaldo Galeano. El salario que se ganaba con dicho trabajo en su momento, cuenta, lo utilizó para mantener a flote la organización Defensores del Pueblo, fundando en mayo de 2019.
“Me daban (de salario) 12 mil córdobas, de esos el 45 por ciento lo destinaba para mantener a Defensores del Pueblo porque nosotros nunca recibimos ayuda. Para seguir, incluso, el abogado Montenegro tuvo que poner sus ahorros, todo por mantener vivo la defensa de los presos políticos y la clase trabajadora. En julio 2022 cuando se toman la Alcaldía del Almendro introdujeron una auditoria por medio de la Procuraduría, un buen amigo me dijo ‘buscá como irte que te van a agarrar y te van condenar con pruebas falsas‘”, afirma López.
El abogado asegura que se vio obligado a migrar junto a su esposa quien laboraba como doctora del Ministerio de Salud y su hijo de 18 años, porque indirectamente sufrieron las represalias del régimen. Lo hicieron de manera ilegal, echando manos de “coyotes”. Recuerda que salieron de Nicaragua el 15 de agosto de 2022 atravesando Honduras, Guatemala, México hasta llegar a Estados Unidos el pasado 11 de septiembre y después se fueron a Canadá.
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“Salgo con mi familia, porque mi esposa era médica y la iban a procesar por haberme dado unas constancias de médicos despedidos. Mi hijo se bachilleró en 2020, y nunca me lo aceptaron en la Universidad de Ingeniería (UNI) ni en la Universidad Nacional de Nicaragua (UNAN), entonces había represaria hacia mi hijo y esposa. Nos entregamos después de cruzar el Río Bravo entre la 1:00 y 3:00 de la madrugada del 11 de septiembre, en ese momento mi esposa se cayó y se fracturó su mano derecha. Fuimos llevados al centro de detención donde mi esposa estuvo 36 horas detenida, pero mi hijo y yo fuimos liberado hasta el 17 de septiembre”, dice.
Para costear el viaje y el pago del coyote que les cobró 7,650 dólares por los tres, él y su esposa tuvieron que hacer un préstamo y utilizar unos ahorros que tenían. El abogado defensor rememora que durante el viaje enfrentaron situaciones que jamás pensó vivir y exponerse.
“Viajábamos 32 personas en un microbús que tenía capacitad para 17 personas, incluyendo el conductor. Fue muy difícil, dormimos en el suelo, la cama portátil que nos daban y la que teníamos que cuidar era una bolsa negra, que servía de cama, de capote. Fue muy complicado, mi esposa y yo nos caímos de los furgones, todo el viaje fue de noche”, explica.
Afirma que su meta como familia siempre fue llegar a Canadá donde vive un hijo.