Las comunidades indígenas de Musawas y Wilú, del territorio mayangna Sauni As, en el Caribe Norte de Nicaragua, se encuentran «en una situación de extrema urgencia», determinó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tras el asesinato del guardabosque y autoridad religiosa, Bernabé Hernández, de la comunidad Alal, solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) otorgarles medidas provisionales.
En un comunicado de prensa la CIDH pide a la Corte IDH ampliar las medidas provisionales en el Asunto «Pobladores de las Comunidades del Pueblo Indígena Miskitu de la Región Costa Caribe Norte respecto de Nicaragua», a fin de incluir a los pobladores de las comunidades indígenas Musawas y Wilú, ante la «urgencia de daños irreparables a sus derechos».
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«La Comisión considera que los derechos de los pobladores de las comunidades indígenas Musawas y Wilú se encuentran en una situación de riesgo extremo, en el marco del contexto de reivindicación de territorios ancestrales», indica la misiva.
El organismo interamericano menciona como antecedente que el 13 de febrero de 2022 otorgó medidas cautelares a favor de los pobladores de las comunidades Musawas y Wilú, sin embargo, lamenta que «pese a las solicitudes de la CIDH para obtener información del Estado, no se recibió respuesta sobre medidas adoptadas para atender la situación de riesgo».
Graves hechos de violencia en Musawas y Wilú
La CIDH asegura que han ocurrido «graves hechos de violencia» en las comunidades Musawas y Wilú que van desde amenazas de muerte, secuestros, presencia de terceros fuertemente armados en busca de apropiarse de las tierras de la comunidad y menciona el asesinato violento de miembros de la comunidad por parte de terceros, denominados «colonos».
Dicho ataque ha llevado al desplazamiento forzado de pobladores de las comunidades. «La presencia de los colonos generaría una fuerte presión territorial hacia la comunidad, quien se vería impedida de acceder a determinadas zonas del territorio. Todo ello en el contexto de reivindicación de los territorios ancestrales del pueblo indígena miskitu y mayangna Sauni As y los procesos de saneamiento que tienen lugar en dicha zona», reconoce la CIDH.
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Ante lo ocurrido y la omisión del Estado de Nicaragua, gobernado por Daniel Ortega, la CIDH teme que ataques similares vuelvan a ocurrir, lo que conllevaría a la destrucción acelerada de sus fuentes de subsistencia de las comunidades, la afectación irreparable a su identidad cultural, el abandono de sus territorios ancestrales y la pérdida de vida comunitaria.
Cabe mencionar que las medidas provisionales por la Corte IDH son emitidas en casos de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables a las personas. Las mismas tienen carácter obligatorio para los Estados, por lo que las decisiones contenidas en las mismas exigen a los Estados adoptar acciones específicas para resguardar derechos y/o proteger la vida de personas que están en riesgo.
Oacnudh condena el ataque
En esa misma línea, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) condenó los nuevos actos de violencia letal contra las comunidades indígenas mayangnas y expresó su profunda solidaridad con la familia del guardabosques y la comunidad indígena.
«Una vez más (el territorio Sauni As) sufre un ataque armado en el contexto la defensa de la tierra», dijo la Oacnudh, por lo que llamó al Estado de Nicaragua investigar, procesar y sancionar a quien resulte responsable.
Un monitoreo realizado por el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi) señala que en lo que va de 2023, unos siete indígenas del territorio Sauni As han sido asesinados violentamente por personas invasoras o colonos. El 2021 ha sido el más sangriento de los últimos cinco años, al registrar 18 asesinatos. En el 2020 fueron 13. En otros años, los reportes son menores a cinco.