El 26 de abril se celebra en el mundo el Día de la Propiedad Intelectual. Esta efeméride fue declarada por la Organización de la Propiedad Intelectual (OMPI) atendiendo a su vez el mandato que le hiciera la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el año 2000. De esta manera se estaba alcanzando un importante logro a como es dar a conocer la importancia y función que tienen los derechos de propiedad intelectual, además de fomentar la innovación y creatividad.
La OMPI es un organismo especializado de las Naciones Unidas cuya principal misión es incentivar todas las formas de creatividad, así como proteger las obras producto del intelecto humano. Actualmente existen dos ramas en que están clasificados los derechos de propiedad Intelectual: Los Derechos de Autor y Derechos Conexos (relacionados a las creaciones artísticas y literarias) y por otro lado están los derechos de Propiedad Industrial, vinculados a las marcas, patentes, diseños y modelos industriales.
Acorde con el desarrollo social las formas de comercio han evolucionado día a día y la propiedad intelectual también lo ha hecho tomando un rol importante en la economía mundial por su protección a las nuevas ideas, a los diseños originales, nombres distintivos y características de los productos, elementos que tienen gran relevancia en el tráfico comercial.
En Nicaragua contamos con un marco jurídico legal moderno que incluye un conjunto de leyes que contemplan la protección y acciones en contra de las infracciones a los derechos de propiedad intelectual y actualmente integra la protección al comercio electrónico conocido como e-commerce, referido al comercio por internet o comercio en línea, en estos casos a través la propiedad intelectual se brinda protección a través de modernos sistemas tecnológicos de seguridad así como también con leyes de aplicación local e internacional.
Las acciones de protección pueden ser ejercidas tanto en el campo civil como en el ámbito penal, en este último aspecto se le otorgó el ejercicio de la función acusadora al Ministerio Público de Nicaragua, una entidad gubernamental que en esos años se creó como parte de la modernización del sistema de justicia en el país y gracias a la apertura y visión de su primer fiscal general, doctor Julio Centeno Gómez, se fundó la Unidad Especializada Contra Delitos de Propiedad Intelectual, en el año 2002, de la cual tuve la oportunidad de ser una de sus fundadoras.
Los funcionarios públicos de aquel entonces teníamos mucha motivación de ser parte del desarrollo económico del país, esto alcanzó a otras instituciones del sector justicia como el Poder judicial, Policía Nacional a través de la División de Asuntos Económicos, Dirección General de Aduanas, entre otras instituciones, quienes gracias a la cooperación internacional contamos con valiosa capacitación en materia de derechos de propiedad intelectual para que esta nos sirviera de herramienta en la defensa y protección de estos derechos, lo que también posibilitaría la seguridad jurídica a la inversión.
En este contexto se aprobó el tratado DR-Cafta, ratificado por la Asamblea Nacional el día 10 de octubre de 2005, el que contiene un capítulo dedicado a los derechos de propiedad intelectual el que también que conminaba al Estado suscriptor a implementar en su legislación nacional la protección y observancia de estos derechos, lo que así se hizo, logrando con esto una mejora significativa en nuestra economía.
A pesar de que nuestro país no está atravesando su mejor momento, y no existen más avances, no debemos olvidar lo que la propiedad intelectual nos ha aportado y nos seguirá aportando cuando tengamos de nuevo un gobierno democrático que retome esta tarea pendiente de seguir impulsando y promoviendo los derechos de propiedad intelectual en Nicaragua.
La autora es abogada con especialidad en Derechos de Propiedad Intelectual; y defensora de Derechos Humanos
