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CONTENIDO EXCLUSIVO.Mientras para miles de nicaragüenses tener una casa propia sigue siendo un sueño inalcanzable, la Alcaldía de Managua ilusiona a los capitalinos con un reparto de cuatrocientas viviendas de interés social, que construirá en las antiguas instalaciones de la Feria Expica, propiedad del sector ganadero. Sin embargo, adquirirlas se puede convertir en una pesadilla, ya que la inseguridad jurídica que enfrentan esos terrenos deja abierta la posibilidad de que con futuros gobiernos los afectados reclamen y las casas terminen inmersas en litigios legales. Pleitos, que además pueden generar una deuda al Estado, por los posibles reclamos de indemnizaciones por los daños que causó la confiscación.
Pero esta no es la única amenaza. Otro riesgo latente que enfrentarán los futuros propietarios es que en cualquier momento el régimen use estas casas como arma de venganza política. Tal como lo hizo recientemente con los apartamentos Amazonia, los que vendió durante el primer mandato de Daniel Ortega en los años 80 y confiscó recientemente por orden suya.
La Constitución Política de Nicaragua en su artículo 44 garantiza el derecho a la propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles y de los instrumentos y medios de producción. Además, prohíbe la confiscación de bienes. Y ordena que los funcionarios que “infrinjan esta disposición responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”.
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Persiste la inseguridad jurídica
Esto implica que las recientes confiscaciones, incluidos los terrenos donde se construirá el reparto Mirador Xolotlán, transgreden el ordenamiento jurídico. Y con ello recubren de inseguridad el futuro de estas propiedades. “Estas confiscaciones acabaron por los pocos vestigios de seguridad jurídica que quedaban en el país y dejan en la inseguridad el futuro de estas propiedades”, explica un abogado que solicita no ser identificado.
Por su parte el economista y exdiputado Enrique Sáenz asegura que con los despojos ilegales de propiedad y la adjudicación para otros fines, incluyendo viviendas, Ortega está sembrando “los mismos vientos que ya produjeron tempestades” durante su primer mandato en los años 80. Una de las más graves consecuencias de esas “tempestades” fue la deuda más de 2 mil millones de dólares que generó la “piñata”, deuda que el pueblo sigue pagando. Pero también los litigios legales, muchos de los cuales todavía persisten.
“Las confiscaciones de los 80 dejaron heridas políticas y económicas que todavía sangran y la dictadura las está reabriendo. Despojar a legítimos propietarios de sus propiedades deja lesiones incurables en las víctimas. Son semillas que germinan en cosechas de odio”, advierte Sáenz.
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¿Crecerá la deuda generada por la “piñata” en los 90?
Además, recuerda que en los años 90 uno de los más grandes problemas que enfrentó el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro fue el denominado problema de la propiedad. “Leyes, arreglos y desarreglos políticos, conflictos y una cuota de sangre. Basta recordar los levantamientos de recompas, recontras y revueltos”, rememora Sáenz.
Además señala que en términos económicos el irrespeto al derecho de la propiedad privada cometido durante el mandato de Ortega le dejó una herencia nefasta al país. “Por décadas los nicaragüenses hemos cargado, y seguimos cargando, con el costo de la piñata de los 90. La piñata que se produjo con las indemnizaciones: más de dos mil millones de dólares”.
El pago de esa deuda ha salido de los impuestos que pagan los nicaragüenses. Recursos que debieron invertirse en programas de desarrollo y erradicación de la pobreza. “La contrapartida de ese pago que ha salido de los impuestos de los nicaragüenses ha sido atraso y miseria. Pues significó que recursos que podían destinarse a más escuelas, mejor salario para los maestros, mejor infraestructura tecnológica y productiva, debió utilizarse para pagar los bonos de indemnización”, explica Sáenz.
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La oferta de la Alcaldía de Managua
Con gran algarabía la Alcaldía de Managua anunció recientemente su incursión en el mercado de las viviendas de interés social. Asegura que este año promoverá cinco proyectos. El primero es el reparto Mirador Xolotlán que incluirá cuatrocientas viviendas. La propaganda anuncia que tendrán un área total de 150 metros cuadrados y 64.09 metros de construcción distribuidos en porche, sala/comedor, cocina, vestíbulo, servicio sanitario, dos dormitorios y huellas vehiculares.
La oferta se presenta en un país con un enorme déficit habitacional. Hace una década, cuando se actualizó el dato por última vez, el régimen lo cuantificó en 957 mil viviendas. De estas, el 63.7 por ciento —unas 609,609—, estaba en mal estado o les faltaba algún servicio básico. Y el 36.3 por ciento —que corresponde 347,691— son ranchos, chozas, viviendas improvisadas o locales usados como vivienda.
Es decir, casas con características similares a las que ofrecen las urbanizadoras privadas y que se diferencian de las de treinta metros cuadrados que hasta ahora han construido en Ciudad Belén y otras zonas de Managua, como parte del proyecto Bismarck Martínez que promueven las alcaldías a nivel nacional,
Hasta ahora, la propaganda oficial no incluye el precio de las viviendas, únicamente dice que la cuota será de entre 80 y 170 dólares mensuales. Es decir, menor a lo que cobra una urbanizadora privada. Esta merma es atribuida a que el constructor no pagó por el terreno. Otro dato que la propaganda oficialista omite es que el reparto se construirá en las antiguas instalaciones de la feria ganadera Expica. Los anuncios se limitan a proporcionar la dirección.
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Estado donó el terreno confiscado
Pero la semana pasada, a través de un acuerdo presidencial publicado en el diario oficial La Gaceta, el régimen consumó la confiscación. Le ordenó a la Procuraduría General de República (PGR) donar el terreno a la Alcaldía de Managua para que construya el proyecto. Es por esto que los especialistas advierten los riesgos que implica comprar esas casas, ya que en el futuro los dueños podrán reclamar el terreno y promover un litigio legal.
Tampoco se sabe si alguna institución bancaria financiará la compra de estas viviendas o si el origen del terreno impedirá que el Sistema Financiero nacional se involucre en el proyecto. Sin embargo, los requisitos que anuncia la Alcaldía de Managua son similares a los solicitados por las urbanizadoras privadas. Estas casas solo las pueden comprar personas que no tienen otra casa. Pero en este caso se agrega un requisito relevante, los interesados deben incluir una carta de solicitud dirigida a Daniel Ortega.
Esta “aprobación” de la venta es otro de los peligros que los especialistas advierten. Ya que así como en su momento ordenará la venta, luego puede cambiar de opinión y pedir la “restitución” de la propiedad al Estado. Esto aunque parece descabellado puede ocurrir. Ya que recientemente eso fue lo que pasó con los apartamentos Amazonia, vendidos en los años 80 y confiscados recientemente. Es por esto, que a criterio de los especialistas, mientras Ortega esté en el poder, quienes compren estas viviendas enfrentarán el riesgo latente de que por venganza política, la venta se revierta con una simple orden de Ortega.
