Representantes del sector privado advierten que la reforma de hecho que hizo la Corte Suprema de Justicia a la Ley 698, Ley General de los Registros Públicos, agudizará los problemas de inseguridad jurídica y desde ya atenta contra la inversión privada.
Mientras tanto, especialistas consideran que la reforma a la Ley General de los Registros Públicos pretende esquivar los efectos de las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a algunos funcionarios nicaragüenses y cuya lista podría ampliarse.
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Esta semana la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a través de una circular reformó la Ley 698, para legalizar el secretismo de las transacciones registrales, al limitar la obtención de información a terceros sobre propiedades y sociedades mercantiles.
Dicha información siempre había sido pública por ley.
“Lo que está tratando de hacer es posiblemente esquivar el régimen de sanciones, que sería algo bastante grave para los funcionarios que tienen prohibido lidiar con instituciones estadounidenses o instituciones que tienen operaciones en los Estados Unidos”, dijo Gonzalo Vila, director para América Latina de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros.
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Aunque no tiene muy clara la información, Vila considera que pese a ser “una mancha bien fuerte y grosera”, porque abre las puertas para que “la inscripción (de las propiedades) venga por otro lado o la administre un tercero”, no significa que provocará el retorno “inmediato a la lista gris o la lista negra del GAFI”. En febrero de 2015 el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reconoció el avance de Nicaragua en su régimen de antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) y lo sacó de su lista gris.
El economista y exdiputado Enrique Sáenz coincide con Vila en que lo fundamental de esta reforma es su trasfondo, ya que deja en evidencia el esfuerzo del régimen para esquivar los efectos de las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a través de la Ley Magnitsky, y las que podría imponer de aprobarse la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, la cual ahora incluye la Nicaraguan Investment Conditionality Act (Nica Act).
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Según Sáenz, la reforma “demuestra las carreras de la camarilla gobernante para camuflar propiedades mediante trasiegos y marrullerías para intentar evadir las consecuencias de la eventual aprobación de la Magnitsky Nica por el Congreso norteamericano”, por lo que “están trasponiendo empresas y propiedades mediante la utilización de testaferros y la circular de la señora Ramos se encamina a encubrir con un manto de clandestinidad esas marrullerías”.
Además, Sáenz considera que el solo hecho de que la presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos, haya emitido una circular para reformar la Ley 698 es una “aberración jurídica” porque se está arrogando la facultad de legislar.
“Transformó el Registro Público en registro clandestino y esta aberración, por supuesto, introduce más desconfianza en lo que concierne a los derechos de propiedad porque están expuestos a una simple circular”, aseveró Sáenz.
Más inseguridad
Para el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) las últimas decisiones del régimen Ortega-Murillo al reformar la Ley 698, Ley General de los Registros Públicos, reglamentar la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y crear la Empresa Nicaragüense de Importaciones y Exportaciones (Enimex) demuestran una vez más que en Nicaragua la ley no se respeta.
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“Tanto el reglamento de la UAF, la ley para crear la Enimex, lo que hacen es poner un régimen de inseguridad jurídica que va en contra de la inversión privada, porque estas medidas tienen en común ahuyentar la inversión y la generación de empleos y, en el caso particular del registro, crea una enorme inseguridad en el tema de la propiedad y de los créditos”, advirtió el presidente del Cosep, José Adán Aguerri.