La liberación de la mayoría de los presos políticos el pasado 9 de febrero no significó el fin de las detenciones en Nicaragua. El abogado y defensor de derechos humanos, Pablo Cuevas, aseguró que tiene información de al menos 20 personas que han sido detenidas en los últimos días, pero las familias no quieren denunciar por miedo.
Solo tres casos se han conocido y denunciado públicamente: la detención del excarcelado Pedro Gutiérrez el pasado 12 de febrero –apenas tres días después de la liberación de 222 presos políticos que fueron enviados sin nacionalidad a Estados Unidos—; y en estos dos últimos días fueron detenidos el director del coro de la iglesia San José de Tipitapa, Max Gutiérrez, y la doctora Anely Pérez, desterrada este sábado a Estados Unidos.
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También la Policía amenazó con detener al sacerdote Pedro Méndez, de la parroquia María Magdalena, en Monimbó, Masaya, por dirigir una jornada de ayuno y oración por la salud del obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión.
Con excepción de la doctor Pérez que fue desterrada, Pedro Gutiérrez y Max Gutiérrez (sin ningún parentesco) se suman a una lista de 35 opositores que todavía están presos en Nicaragua, entre ellos monseñor Rolando Álvarez, quien se negó a subir al avión con rumbo a Washington.
La opositora exiliada y desnacionalizada por el régimen, Haydee Castillo, denunció que estas nuevas detenciones son una “nueva etapa represiva previo a Semana Santa”.
“Llena de nuevo las cárceles e infunde terror. No más financiamiento del BCIE a su capacidad represiva. Exigimos declaración de ilegitimidad en la Organización de Estados Americanos (OEA). Comunidad internacional demandamos protección”, escribió en su cuenta de Twitter.
#UrgenteNicaragua#Ortega inicia nueva etapa represiva previo a semana Santa. Llena de nuevo las cárceles e infunde terror. No más financiamiento del BCIE a su capacidad represiva. Exigimos declaración de ilegitimidad en la @CP_OEA. Comunidad internacional demandamos protección. pic.twitter.com/vCGRZ95FE9
— Haydee Castillo (@HaydeeCastilloF) March 25, 2023
“Mientras esté en el poder Ortega seguirá secuestrando”
Otros críticos consideran que la persecución y encarcelamiento de opositores se mantendrá mientras Ortega y su esposa y cogobernante, Rosario Murillo, se mantengan en el poder.
“Mientras esté en el poder Ortega seguirá secuestrando. Y cada cierto tiempo que sienta la soga muy apretada liberará, pero él sabe que tiene 6 millones más. Es un criminal, un asesino, jamás olviden eso y alguien así no parara jamás. Solo estando tras las rejas o muriendo”, manifestó el ex preso político exiliado, Cristian Meléndez.
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Estas nuevas detenciones se dan en el contexto de tensiones entre la Iglesia católica y el régimen Ortega Murillo, tras cinco años de amenazas, persecución, agresiones y encarcelamiento de sacerdotes, que incluye al obispo Álvarez.
Las actividades de la Iglesia católica están prohibidas en Nicaragua y los sacerdotes que mencionen en sus homilías al obispo Álvarez se ponen en la mira de la Policía orteguista.
Control social
El abogado y opositor agrupado en la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Juan Diego Barberena valoró que las detenciones de opositores tienen el objetivo de mantener el control social en el país, para evitar nuevos actos de insurrección.
“A toda aquella persona que demuestre públicamente su disidencia o que se den cuenta que se continúa movilizándo dentro del país, la dictadura la va a apresar”, dijo Barberena.
El opositor también dijo que la represión, los asedios y los secuestros aumentan en efemérides religiosas como la Cuaresma y fechas conmemorativas como el próximo 19 de abril -cuando se cumple el quinto aniversario de las protestas civiles de 2018-, porque tema la réplica de actos de protestas.
Radicalización desde 2018
El régimen dictatorial de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, se radicalizó tras el estallido social de 2018, que demandó su salida del poder. Ese año fueron encarcelados más de 700 personas que participaron en las protestas civiles. La mayoría fueron liberadas en julio de 2019 tras la aprobación de una cuestionada Ley de Amnistía, pero ninguno pudo volver a vivir con tranquilidad en sus casa por el asedio policial y las amenazas de los simpatizantes de Ortega.
El número de opositores volvió a crecer los siguientes años, hasta sumar más de 257 en 2022, con detenciones de líderes opositores, ex diplomáticos, reconocidos empresarios, periodistas, dueños de medios de comunicación, sacerdotes, entre ellos el obispo Álvarez. De este grupo, 222 fueron liberados el pasado 9 de febrero, pero aún quedó una lista de 35.
La lista de 35 incluye a Marvin Vargas, consideado el primer preso político del régimen Ortega Murillo, detenido en 2011, por demandar una pensión para los sandinistas que particiaron en la guerra de los años ochenta. Vargas fue el presidente de la Asociación Cachorros de Sandino, como se les llamaba a los jóvenes que formaron parte del Servicio Militar Patriótico (SMP). En 2011 lideró las protestas de miles de “cachorros de Sandino” que se congregaron frente a la Asamblea demandando una partida presupuestaria para atender sus problemas sociales más urgente.
En esa lista también se cuenta a nueve presos políticos del caso conocido como “los tirapiedra” o “la masacre del 19 de julio del 2014”, acusados por asesinato, lesiones graves, crimen organizado y tenencia ilegal de arma de fuego en perjuicio de cinco personas y el Estado de Nicaragua.
