Este 20 de marzo el obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, cumple 40 días de haber sido trasladado al Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro en Tipitapa, conocido como La Modelo.
Sin embargo, nadie sabe exactamente dónde lo mantiene recluido la dictadura y las condiciones en que se encuentra. El jerarca católico está en condición de «desaparición forzada», afirmó el abogado Yader Morazán, exfuncionario de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El abogado señaló al poder judicial de ser responsable legal de la condición de desaparición forzada, que constituye un crimen de lesa humanidad, «indistintamente de que al inicio admitieron que estaba bajo la custodia policial y luego a cargo del Sistema Penitenciario», escribió en su cuenta de Twitter.
La última vez que el régimen publicó una fotografía del obispo fue el pasado 10 de enero, cuando enfrentaba la audiencia inicial y el poder judicial compartió una imagen donde salía vestido de camisa blanca y pantalón negro. Luego, la última noticia de su paradero fue cuando informaron que lo trasladarían a La Modelo.
¿Qué es desaparición forzada?
De acuerdo con la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, se entiende por «desaparición forzada» el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.
El pasado 9 de febrero, el dictador Daniel Ortega ordenó el traslado de monseñor Álvarez de donde guardaba prisión domiciliaria desde agosto pasado, en Managua, a La Modelo, tras negarse a salir del país junto con otros 222 presos políticos que fueron desterrados y enviados a Estados Unidos, y lo condenó a 26 años de prisión por traición a la patria.
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Además, el tribunal sandinista lo despojó de la nacionalidad nicaragüense, la misma medida a la que fueron sometidos los 222 presos políticos desterrados.
El viernes pasado, la organización opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) demandó una prueba de vida de monseñor Rolando Álvarez.
«¡Exigimos una prueba de vida de monseñor Álvarez! En Nicaragua monseñor ha sido secuestrado injustamente por alzar su voz ante tanta maldad y a la fecha no se sabe de su paradero», demandó la UNAB a través de una declaración pública.
Álvarez, de 56 años, ha sido una de las voces más críticas dentro de la jerarquía católica de la dictadura tras el estallido de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018. Fue acusado por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad, siendo el primer obispo arrestado y enjuiciado en Nicaragua, desde el retorno de Ortega al poder.
