La Dirección de Migración y Extranjería de Nicaragua le está negando el trámite del pasaporte a los hijos y esposas de los opositores que fueron desnacionalizados por la dictadura de Daniel Ortega.
Entre las experiencias que han tenido los familiares, cuentan algunos que al momento que quisieron renovar su pasaporte se lo rompieron en la cara, mientras que a otros les negaron el proceso.
Uno de los afectados relató que su esposa, tras salir de Migración, fue perseguida por los funcionarios, quienes querían que ella les entregara la documentación que llevó para el trámite, aunque le negaron el proceso y le confirmaron que su esposo estaba «bloqueado», en alusión a la anulación de la ciudadanía nicaragüense.
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Después de escuchar estos testimonios, el resto ha decidido no hacer la gestión debido al temor de ponerse en la mira del orteguismo.
Los investigan
«A nadie de los hijos menores, ni a los familiares que han gestionado renovación les han entregado pasaportes, tampoco a los que han llegado a tramitarlo por primera vez, y al investigarlos ven la relación con los de las listas 222 y 94 (refiriéndose a los desterrados)», confirmó LA PRENSA con otras fuentes.
El pasado 9 de febrero, 222 opositores que estaban presos en Nicaragua por oponerse al régimen de Daniel Ortega fueron enviados a Estados Unidos bajo una condición de «deportación» y además el régimen orteguista les quitó la ciudadanía nicaragüense. Días después, Ortega le quitó la ciudadanía a 94 opositores más, la mayoría ya estaba en el exilio.
El total de 316 apátridas nicaragüenses han recibido el ofrecimiento de ciudadanía de parte de España, Argentina, Chile, México y Colombia, como un acto de solidaridad.
El grupo de los 94 confirmó este viernes 3 de marzo en una conferencia de prensa que el régimen orteguista les ha confiscado sus propiedades y las pensiones de retiro de quienes están jubilados, además que mantiene bajo asedio las casas donde viven sus familiares en Nicaragua.
El economista y opositor nicaragüense desnacionalizado, Enrique Sáenz, también denunció que los bancos de Nicaragua le siguen cobrando la cuota de las propiedades que le fueron confiscadas.
