El economista y opositor nicaragüense desnacionalizado, Enrique Sáenz, denunció este viernes 3 de marzo que los bancos de Nicaragua siguen cobrando la cuota de las propiedades que fueron confiscadas por la dictadura de Daniel Ortega y que les quitó la nacionalidad.
Sáenz, quien integra la lista de los 94 opositores, periodistas e intelectuales a quienes la dictadura orteguista les quitó su nacionalidad nicaragüense, relató que en su caso particular plantearon al banco «que defina cuál es la situación con la Procuraduría General de la República» porque fue esta institución pública que actuó en representación del Estado para confiscar su propiedad.
«Nosotros no podemos seguirle pagando al banco por una propiedad que el Estado alega que le pertenece», dijo Sáenz en conferencia de prensa para leer un pronunciamiento suscrito por los 94 desnacionalizados.
Lea además: “Apátridas de facto”. Los nicaragüenses sin pasaporte presos en su país
El opositor agregó que la persona del banco que se comunicó con él para hacer el cobro le contestó que «ese era un caso de la gerencia general del banco, porque ellos no habían recibido ninguna notificación por parte de la Procuraduría sobre este tipo de propiedades».
«Allí tenemos una situación que tendrá que definir el Estado, la Procuraduría con la situación de los bancos, porque hay realmente no solo un caso, yo hablo por el que me concierne, pero hay otros casos. ¿Quién va a pagar la deuda si ellos (el régimen) se quedan con la propiedad? ¿Le van a pagar la deuda al banco? Es un tema de litigio en este momento», manifestó Sáenz.
Pensiones de jubilados confiscadas
Otro de los despatriados, el político opositor Moisés Hassan, igualmente denunció que a algunos de los 94 apátridas que son jubilados se les confiscó su pensión de retiro.
«Esto también es un acto sumamente cruel e inhumano, puesto que una cantidad de estas personas a quienes se les está confiscando su pensión dependen de esa pensión para vivir, de manera que es un acto que atenta contra la seguridad, estabilidad y la vida de algunas familias», dijo Hassan.
La excomandante guerrillera y disidente sandinista, Mónica Baltodano, denunció que las casas donde vivían los opositores desnacionalizados y donde aún habitan sus familiares, están siendo visitadas por funcionarios del régimen y también son asediadas y toman fotos de las mismas.
Lea además: Régimen ordena a la PGR citar a quienes ocupan propiedades confiscadas
Citan a familiares para cobrarles «alquiler»
El antiguo comandante sandinista y también opositor apátrida, Luis Carrión, agregó además que las propiedades de los 94 despatriados no se pueden transferir a nadie, porque han sido inmovilizadas en el Registro Civil.
Carrión también denunció que las citas que está haciendo la Procuraduría a los familiares es para «cobrarles un alquiler» por sus propias casas. «Este proceso de confiscación está yendo paso a paso, pero se está produciendo», expresó Carrión.
Los 94 apátridas suscribieron un pronunciamiento denunciando el despojo de su nacionalidad y lo que está ocurriendo con sus familias y propiedades en Nicaragua.
