El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó este miércoles a la Procuraduría General de la República Nicaragua (PGR), como Representante Legal del Estado, para que cite a las personas terceras que actualmente se encuentren ocupando los bienes inmuebles confiscados a 94 nicaragüenses a los que el Ministerio Público acusó de ser «traidores a la patria».
«Los terceros que se encuentren ocupando dichos inmuebles decomisados, deberán acudir a las oficinas de esta Procuraduría General de la República, para formalizar con el Estado de Nicaragua, su estatus ocupacional», indica la misiva publicada por la PGR.
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En el ambiguo comunicado, la dictadura aseguró que la medida es en base a las resoluciones judiciales emitidas por jueces del Distrito Penal que fueron dadas a conocer por el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción de Managua el pasado 15 de febrero.
«A las personas (naturales o jurídicas) que se encuentren en uso y goce de dichos bienes (mediante diferentes figuras jurídicas, como: arriendo, usufructo u otras similares); que de conformidad al artículo 167 de nuestra Constitución Política y artículo 12 de la Ley 260, Ley Orgánica del Poder Judicial de la República de Nicaragua: «Las resoluciones judiciales son de ineludible cumplimiento para las autoridades del Estado, las organizaciones y las personas naturales o jurídicas», señala la misiva.
317 nicaragüenses despojados
Entre los despojados se encuentran escritores internacionalmente reconocidos, periodistas, directivos de medios de comunicación, religiosos, defensores de derechos humanos, exfuncionarios públicos y excompañeros de lucha de Ortega.
Los ciudadanos fueron declarados “prófugos de la justicia” y a estos se les confiscarán los bienes inmuebles y sociedades, y ahora pasarán “a favor del Estado de Nicaragua”, según la resolución leída por Rodríguez.
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Asimismo, las 94 personas fueron inhabilitadas para ejercer cargos de elección popular en el país y despojadas de sus derechos ciudadanos de forma perpetua.
La arremetida del régimen llegó una semana después de que liberó y desterró a Estados Unidos a 222 presos políticos que estaban en diferentes penales del país, incluidos quienes se encontraban en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocida como “el nuevo Chipote”.
En menos de una semana la dictadura orteguista ha despojado de la nacionalidad a 317 nicaragüenses, incluido monseñor Rolando Álvarez quien permanece en La Modelo condenado a 26 años y cuatro meses de prisión, después de haberse negado a ser “deportado”.
