Mientras la atención internacional se centra en los 317 nicaragüenses a los que el régimen de Daniel Ortega les quitó la nacionalidad, y al menos cinco países les han ofrecido la suya, otros enfrentan las consecuencias de no tener un pasaporte dentro de su país. Esta situación, a criterio de especialistas, —que equivale a ser apátrida, especialmente cuando se está en el exilio—, a los que están en el país les viola su derecho a la movilidad. Es por ello que algunos reclaman que no se preste atención a su problema.
«¿Qué hay de los nicaragüenses a quienes la dictadura les negó el pasaporte y somos solicitantes de asilo en Colombia? Con proceso incierto, sin fechas establecidas y sin derecho a estudiar ni trabajar. En mi caso, llevo un año sin saber nada», así interpeló Douglas Castro al canciller de Colombia, Álvaro Leyva, cuando el funcionario publicó en sus redes sociales el comunicado en que ofrecen la nacionalidad a los nicaragüenses desterrados.
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Castro es economista y sociólogo, en 2021 a raíz de las capturas de sus compañeros de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) y de la Alianza Cívica, salió del país por puntos ciegos hacia Costa Rica. Desde allí se trasladó a Colombia, donde tenía familiares que podían acogerlo mientras decidía su futuro. Eligió esa ruta porque temía que le quitaran el pasaporte si pasaba por algún puesto fronterizo.
Para regularizar la situación migratoria
«Hice el trámite de la renovación, pero la gestión fue negativa… Al final hubo hostilidad con la persona que hizo la gestión e inclusive amenazas. Le dijeron que agradeciera que yo no estaba preso«, relata Castro a LA PRENSA.
Mientras tanto en Colombia él también enfrentaba muchas dificultades. Cuando llegó solicitó asilo y le entregaron un comprobante del trámite, porque el proceso toma muchos años y no hay seguridad de que lo otorguen. El documento que entregan sirve únicamente para permanecer en el país.
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«Es un papel que solo dura seis meses, pero no me sirve para trabajar ni estudiar. No puedo abrir una cuenta de banco, es muy complicado, solo me sirve para estar en el país. Incluso algunas autoridades lo rechazan porque es un papel, no es un carnet ni identificación seria», relata Castro a LA PRENSA.
«Soy un desterrado apátrida»
Otra opción que quedaba era tramitar la residencia permanente por estar casado con una colombiana. Sin embargo, para realizar ese trámite el requisito es tener un pasaporte vigente. La única salida que le quedó fue tramitar una beca para estudiar en Inglaterra. Ganó la beca, pero no pudo irse porque necesita el pasaporte vigente o el asilo de Colombia. Le han dado plazo hasta junio para concretar el trámite o perderá esta oportunidad.
«Por todos estos problemas es que digo que es una muerte civil terrible. Soy un desterrado apátrida«, asegura Castro.
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Un abogado, quien pide el anonimato porque a su hijo le han negado el pasaporte, asegura que la estrategia de negar los pasaportes busca la muerte civil de las personas que el régimen Ortega Murillo considera adversarios. Aunque su plan era establecerse en Estados Unidos, la negativa de entregarle el pasaporte a su hijo lo obligó a quedarse en Costa Rica.
Sin pasaporte el destino es Costa Rica
Una abogada, que también salió del país sin pasaporte, explica que al no tener ese documento la única opción que queda es salir por puntos ciegos y pedir refugio en Costa Rica. En ese país al iniciar el trámite entregan un carnet que sirve para realizar diversos trámites, incluso abrir cuentas de banco y hay facilidades para conseguir el permiso de trabajo.
Ella menciona que incluso personas con visa vigente de Estados Unidos o de otros países en sus pasaportes vencidos no pueden viajar y han tenido que quedarse en Costa Rica. Ya que uno de los requisitos de las líneas aéreas es que el pasaporte del viajero tenga entre tres y seis meses de vigencia.
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Muchos de los «apátridas de facto» se han refugiado en Costa Rica y pese a las facilidades que ese país ofrece, siempre hay obstáculos.
«Apátridas de facto»
«En mi caso me siento desterrado o con mi nacionalidad despojada de facto. Me quitaron el pasaporte cuando intenté salir del país el 18 de octubre de 2021, luego tuve que trasladarme por puntos ciegos a Costa Rica. Aquí he enfrentado muchos problemas para firmar contratos de arriendo y no tener pasaporte limita el acceso al trabajo y a otras oportunidades. Además, no tengo libre movilidad que es un derecho de todo ser humano. Me siento con las manos atadas», dice un artista nicaragüense que pide el anonimato.
Él considera que en este contexto del destierro y despojo de nacionalidad de 316 nicaragüenses es importante tener en cuenta que hay decenas o quizás cientos que enfrentan una situación que se asemeja al despojo de nacionalidad, solo que de facto. A los que aún no han salido de Nicaragua les impide viajar y a los que están afuera, regularizar su situación migratoria donde se encuentran.
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«En este sentido es fundamental que la comunidad internacional atienda esta situación con las particularidades que tiene el caso de Nicaragua. Esperamos que en este sentido se avance para que los nicaragüenses que enfrentan este despojo de su documento de viaje puedan regularizar su situación y tener condiciones de vida que les permita vivir con dignidad», dice el artista, quien de momento sigue atrapado en Costa Rica donde espera recibir un documento de viaje que le permita trasladarse a un tercer país.
Mercado clandestino de pasaportes
La decisión del régimen Ortega Murillo de negar el pasaporte a algunas personas ha estimulado la corrupción entre los funcionarios de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME). En los últimos meses del año pasado los funcionarios de la sede central de esa dependencia prácticamente crearon un mercado clandestino. Sus potenciales clientes eran las personas con documentos retenidos.
Ellos mismos se encargaban de ofrecer la entrega del documento a cambio de una buena recompensa por el «favor». Las tarifas por la entrega de los pasaportes oscilaron entre mil y cinco mil dólares que se pagaban por adelantado. Todo dependía de si la persona estaba o no «bloqueada en el sistema». Algunas que por temor no realizaron el trámite personalmente optaron por esta opción. Pagaron entre mil y mil quinientos dólares por el documento.
Pero un supuesto «bloqueo en el sistema» elevaba el cobro. En dependencia del «nivel del problema», subía a entre tres mil y cinco mil dólares y dificultaba o impedía la entrega. Según información extraoficial, además de la alta demanda, este «mercado negro» también impulsó el establecimiento de citas en línea para endurecer los controles.
