El politólogo José Antonio Peraza, quien es uno de los 222 opositores nicaragüenses que estaban presos en Nicaragua y fueron enviados sin ciudadanía a Estados Unidos, contó a LA PRENSA que el régimen de Daniel Ortega no tenía contemplado entregarles pasaportes para el proceso de «deportación», pero fue una exigencia de la embajada estadounidense para realizar el viaje.
El tema de que los opositores apátridas tengan un pasaporte nicaragüense planteó la contradicción entre el hecho de que ya no tienen ciudadanía nicaragüense legalmente, pero sí pasaporte con vigencia de 10 años, lo que confirma que son ciudadanos nicaragüenses.
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«Nosotros tenemos entendido, o sea las 222 personas que salimos de Nicaragua el jueves pasado, que el Gobierno de Nicaragua no nos quería otorgar el pasaporte y eso complicaba el proceso de liberación, porque no podés venir a Estados Unidos sin un documento para aplicar a las leyes de Estados Unidos de manera correcta. Parece que el Gobierno se resistió hasta el último momento a entregar pasaporte, incluso tomando en cuenta que él iba a proceder a quitarnos la nacionalidad nicaragüense», relató Peraza.
El pasado 9 de febrero, 222 personas fueron expulsadas del país, bajo una condición oficial de deportación y sin ciudadanía nicaragüense, la cual fue anulada a través de una reforma al artículo 21 de la Constitución Política, que agrega que «los traidores a la patria pierden la calidad de ciudadanos nicaragüenses».
Para el politólogo Peraza, estas flexibilidades del régimen orteguista confirman que es una acción política contra los opositores a su gobierno y que aunque quieran decir que ya no son ciudadanos nicaragüenses, los reconocen entregándoles pasaportes.
La dictadura de Ortega había encarcelado y condenado a estos más de 200 opositores en diferentes momentos, algunos tenían casi cinco años presos, acusados de «traición a la patria», «difusión de noticias falsas», «menoscabo de la integridad nacional».
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Un experto en derecho internacional que habló con LA PRENSA bajo condición de anonimato explicó que el pasaporte y la nacionalidad son diferentes.
«El pasaporte es un documento de viaje, al que tienen derecho los nacionales de un país, pero que puede otorgarse también a otras personas no nacionales por motivos especiales o consideraciones políticas, lo que está a discreción del poder ejecutivo. Además, el pasaporte puede ser anulado en cualquier momento, dando aviso a las autoridades de Migración de los otros países», manifestó el experto.
En coincidencia con el relato del politólogo Peraza, la fuente señaló la posibilidad de que los «Estados Unidos hayan también exigido como requisito para recibirlos el que Nicaragua los dotara de pasaporte».
No se puede quitar la Nacionalidad
La Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge, en su artículo 15, el derecho a una nacionalidad como un derecho humano:
1.Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. Nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad”. Puede haber privación por diferentes causas, pero lo que no puede haber es privación arbitraria. Por ejemplo, puede darse porque el nacional renuncia voluntariamente a la misma.
La Convención Americana de Derechos Humanos (1969), adoptada en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969: su artículo 20 establece que “toda persona tiene derecho a una nacionalidad”, que “toda persona tiene derecho a una nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra”, y que “a nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla”.
Renunciar a la Nacionalidad
El experto en derecho internacional explicó que solo por renuncia voluntaria se puede perder la nacionalidad, pero «lo que no se permite es el retiro arbitrario y aquel que aún en el caso de que fuere legítimo dejaría a la persona en condición de apátrida».
En el caso de la legislación de Nicaragua, el experto dijo que es claro que nunca puede haber retiro de la nacionalidad, por lo establecido en el artículo 20 de la Constitución: «Ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional nicaragüense no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad». Este artículo no fue reformado.
«Está claro en este caso que a estas personas se les ha retirado la nacionalidad de forma arbitraria, sin un juicio o procedimiento legal, sin ninguna base jurídica, dejándolas además en condición de apátridas», agregó el experto.
