El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que la deportación masiva de presos políticos desde Nicaragua es una demostración de que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, están listos para comenzar a “cambiar” sus políticas de derechos humanos”, aunque reconoció que “eso aún está por verse”.
“Pero el hecho de que fueron liberados, estamos felices de recibirlos y me alegro de que hayan salido. Creemos que todos los presos políticos merecen ser liberados”, dijo Biden en durante una entrevista con la cadena Telemundo, a horas de la llegada de 222 presos políticos a a Washington.
Estados Unidos confirmó este jueves la acogida de 222 personas que estuvieron encarceladas de manera “injusta” en Nicaragua “por ejercer sus libertades fundamentales” y ha alegado que esta medida “abre la puerta a un mayor diálogo” con el país centroamericano, con el que Washington apenas mantiene relación al día de hoy.
Es “un paso constructivo para resolver los abusos de los derechos humanos” en Nicaragua, ha afirmado en un comunicado el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en la primera reacción oficial de la Administración de Joe Biden, poco después del aterrizaje del avión.
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Las autoridades de Estados Unidos ofrecerán asistencia médica y legal a estas personas, que han llegado a un aeropuerto de Washington en un vuelo chárter. “Lo ocurrido hoy es resultado de la diplomacia estadounidense y seguiremos apoyando al pueblo nicaragüense”, ha prometido Blinken.
Más tarde, el embajador estadounidense en Managua, Kevin Sullivan, ha manifestado ante los medios de comunicación que la deportación de opositores a Estados Unidos es “una decisión unilateral” del régimen de Daniel Ortega y ha apostado por preguntarle al mandatario si es que espera recibir algo a cambio.
Cuestionado por el caso concreto de aquellos deportados que tengan familia en España y quieran viajar allí, Sullivan ha aseverado que “por supuesto” podrían hacerlo, si bien no ha entrado en detalles de cómo sería la gestión burocrática para ello, pues el Gobierno nicaragüense les ha retirado la nacionalidad. “Estamos en comunicación con otros gobiernos”, ha zanjado.
Horas antes, el régimen nicaragüense confirmó mediante un dictamen judicial la deportación “inmediata” de estas 222 personas, en una excarcelación sin precedentes que llega tras años de quejas de organizaciones de los Derechos Humanos. La represión en Nicaragua se hizo especialmente patente tras las protestas de 2018 y en los meses previos a las elecciones de 2021.
La Asamblea Nacional nicaragüense ha aprobado también este jueves una reforma de la Constitución por la que acuerda que no tendrán derecho a la nacionalidad las personas catalogadas de “traidores a la patria”, una categoría en la que entrarían todos los disidentes que han sido deportados a Estados Unidos.