Los pueblos indígenas Rama y Kriol, junto a la comunidad de Monkey Point y Negra Creole, han vivido bajo un “entorno de tortura” desde la aprobación del Gran Canal Interoceánico, en el 2013, señalaron este jueves peritos internacionales de derechos humanos durante la audiencia pública en demanda contra el Estado de Nicaragua ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
De acuerdo con el psiquiatra y perito en derechos humanos, Pau Pérez Sales, en el marco del anuncio del Gran Canal se desarrollaron al menos seis “acciones de quiebres” contra estos territorios indígenas, concertadas desde instituciones del Estado de Nicaragua y grupos paraestatales, que van desde ataques de violencia y grupos armados hasta abusivas medidas legislativas. Todas con el propósito de romper la resistencia indígena que se oponía al proyecto propuesto por la Administración de Daniel Ortega.
De acuerdo con el peritaje, las seis “acciones de quiebre” se clasifican en: armadas, económicas, culturales y comunitarias, de comunicación e incidencia social, de represión de la disidencia, administrativas y legislativas. Dentro de estos “quiebres” se incluyen hechos como la invasión de colonos armados y grupos paramilitares, destrucción del patrimonio, control de noticias e información, amenazas a los periodistas, acoso a líderes y lideresas, y cierres de ONG.
“En el quinto eje hay elementos de chantaje, depresión económica y laboral, hay intentos de incriminación penal por delitos comunes entre líderes de las poblaciones indígenas, hay amenazas explícitas y acciones que instigan miedo y terror (…) y desde luego, hay asesinatos, tortura, desaparición forzada y exilio”, ejemplificó Pérez Sales.
¿Qué es entorno de tortura?
El especialista indicó que, de acuerdo con estudios y entrevistas con las víctimas, las “evidencias” obtenidas permiten afirmar que “existe un conjunto de acciones colectivas” en contra de las comunidades indígenas, realizadas directamente por el Estado y por agentes paraestatales, y provocadas de “modo intencional”.
“Estas acciones provocan un sufrimiento severo y una amenaza a la supervivencia física e identidad y quiebre de la personalidad”, expresó el perito.
En resumen, el entorno de tortura es, según Pérez Sales, un conjunto de elementos contextuales, de condiciones de prácticas que buscan quebrar la voluntad de la persona y ejercer control de las víctimas o de las comunidades, el actuar de manera intencional contra los individuos como elemento de coerción e intimidación colectivo.
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“Hay un quiebre en el tejido social y eso tiene que ver desde luego con el miedo que se internaliza en la población, la militarización, la impunidad, la criminalización, las campañas mediáticas, todo esto va permeando en las personas y comunidades, y ustedes saben que el miedo y el terror bloquea e impide la solidaridad, aísla a las personas y tiene un efecto devastador sobre el tejido comunitario”, agregó.
El Estado, parte del problema
En tanto el perito brasileño Daniel López manifestó que los pueblos indígenas están en indefensión debido a que no hay derecho a la justicia cuando el Estado es parte del conflicto, ya que esto genera “resoluciones procesales antojadizas”.
“En el caso de Nicaragua, el gran problema es que el Estado mismo es parte del problema, porque por un lado omite en su deber de hacer y por otro lado interfiere cuando debe abstenerse de interferir en los espacios imperativos autónomos. Las autoridades judiciales aplican criterios procesales de manera antojadiza”, planteó.
López destacó que la misma falta de independencia oficial, es decir, de las instituciones, “es un terrorismo de Estado”.
“No podemos esperar que sus autoridades judiciales respondan a ese tipo de controversia, cuando tampoco responde a crímenes de Estado de graves violaciones de derechos humanos. En definitiva, la falta de independencia judicial en Nicaragua es un problema cardinal”, declaró.
Si bien el proyecto del Canal Interoceánico ha quedado en papel, desde que se aprobó la propuesta legislativa en junio de 2013, los pueblos indígenas aún sufren la violencia sistematizada que ha llevado al desplazamiento forzado de las comunidades, una de las consecuencias más dramáticas del llamado “entorno de tortura” que creó el régimen de Ortega para abrir paso a su proyecto.