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Pueblos indígenas vs. el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Inicia audiencia pública ante la Corte IDH por violaciones a sus derechos

Representantes de los pueblos indígenas denuncian la situación de inseguridad, invasión y violencia que viven las comunidades de la Costa Caribe Sur de Nicaragua, y los conflictos derivados de leyes para el proyecto del Gran Canal Interoceánico

Representantes de los pueblos Rama y Kriol compartieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) las denuncias y demandas interpuestas ante el Estado de Nicaragua, sobre las violaciones a sus derechos y la falta de reconocimiento, titulación y demarcación de sus territorios. Además de derogar la Ley 800 y Ley 840, que refiere al Gran Canal Interoceánico de Nicaragua.

En una audiencia pública correspondiente al 155 Periodo Ordinario de Sesiones, realizada este jueves, se abordó el Caso Pueblos Rama y Kriol, Comunidad de Monkey Point y Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields y sus miembros vs. Nicaragua; en el que los demandantes replantearon las repercusiones y amenazas que se derivaron del proyecto “Gran Canal Interoceánico de Nicaragua“. La representación del Estado de Nicaragua nuevamente se ausentó de esta actividad.

“En nombre de la Corte quisiera lamentar la incomparecencia del Estado (de Nicaragua) en este acto y su actitud procesal a lo largo de todo el trámite ante la Corte”, dijo el presidente Ricardo Pérez Manrique.

Además de exponer cómo se dieron los hechos de la firma del Gran Canal entre el Consejo Regional de la Costa Caribe Sur, los demandantes también compartieron la situación de inseguridad, invasión y violencia que viven las comunidades indígenas de parte de invasores o colonos.

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Los representantes de los pueblos indígenas fueron Dolene Patricia Miller, lideresa de la Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields (CNCIB); Rupert Allen Clair Duncan, del Gobierno Territorial Kriol; y Becky McCray Urbina, de la comunidad Ramaki.

También se hizo presente una delegación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), así como María Luisa Acosta, defensora y representante de las presuntas víctimas, y peritos internacionales.

Las peticiones de los demandantes

Durante las intervenciones de los testigos, Miller denunció que el Estado de Nicaragua “no ha tenido la voluntad” de continuar con la etapa de saneamiento de sus territorios, y sugirió que una manera de iniciar con este proceso es derogar la Ley 800, Ley del Régimen Jurídico del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y de creación de la Autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua.

“(La ley) Afecta todo el proceso de la demarcación territorial de los pueblos indígenas y afrodescendientes”, dijo Miller, quien pidió que se restituya los derechos de la población afrodescendiente kriol de Bluefields, así como su certificación, que fue violada por el Consejo Regional Autónomo del Caribe Sur cuando certificó “a un gobierno paralelo”, sin la aprobación de ninguna Asamblea Territorial y autorizó al Estado de Nicaragua realizar el megaproyecto del Gran Canal.

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Miller fue representante creol ante la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (Conadeti), pero fue destituida por su trabajo como defensora de los derechos humanos de la comunidad indígena de Bluefields.

En tanto, Clair Duncan, quien en un principio participó en las conversaciones que sostuvo el Gobierno Territorio Kriol con las autoridades regionales sobre el Gran Canal, pero luego fue apartado por los representantes oficiales, solicitó a la Corte derogar también la Ley 840, Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atingente al Canal, Zonas de Libre Comercio, y el Convenio de Consentimiento para arrendar 263 kilómetros cuadrados del territorio de las comunidades por tiempo indefinido a favor de la Comisión del megaproyecto del régimen de Ortega.

Urbina, de la comunidad Ramaki, destacó al tribunal la lucha que han librado por años estos pueblos, en busca de saneamiento y seguridad, por lo que pidió a la Corte que “exija al Estado de Nicaragua la ejecución inmediata del proceso de saneamiento”, y que derogue todas las leyes y acuerdos del Canal de Nicaragua, que afecten sus territorios.

El 13 de junio de 2013 se aprobó el proyecto del Canal Interoceánico, pero aunque en un inicio el régimen realizó obras de amojonamiento y medición por donde sería la ruta, a la fecha es un proyecto que ha quedado en el papel.

La representación de las presuntas víctimas y la CIDH deberán presentar sus alegatos y observaciones finales y escritas el 3 de marzo de este año.

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